La Cámara de Diputados de Santa Fe vivió una de sus sesiones más políticas del año. Con la emergencia en salud aún vigente como telón de fondo, el debate se encendió cuando Miguel Rabbia (Construyendo Futuro / PJ) sostuvo que Aprecod –el organismo provincial que financia prevención y tratamiento de adicciones– habría derivado fondos millonarios, en tiempos récord y con baja trazabilidad, hacia asociaciones civiles creadas recientemente o con escasa trayectoria, varias de ellas vinculadas a dirigentes del partido UNO, socio del oficialismo.
Del otro lado, Walter Ghione (UNO) contestó en el recinto con un alegato político y técnico: defendió el salto de cobertura del sistema, reivindicó la participación de organizaciones evangélicas, y acusó a la oposición de manipular cifras “anuales” con fines electorales. El cruce dejó un saldo inmediato: nuevas demandas de información, pedidos de auditoría y el compromiso –aún no plasmado– de publicar criterios, convenios y metas de cada subsidio.
La acusación: asociaciones exprés y fondos millonarios
Rabbia abrió el fuego con una exposición cargada de datos y denuncias. Aseguró que la gestión de Pullaro utiliza la emergencia en salud como paraguas para direccionar recursos discrecionalmente y describió tres casos emblemáticos:
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Asociación Civil Perseverar: constituida en tiempo récord, recibió más de $1.000 millones a solo 60 días de ser creada. Entre sus integrantes aparecen dirigentes vinculados al partido UNO.
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Rockas Vivas (Rafaela): fundada en marzo de 2025, logró un convenio por $924 millones apenas dos meses después. Su presidenta, Laura Ruth Callejas, es pareja del pastor Carlos Cruzado, excandidato a concejal de UNO en Rafaela.
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Sinergia Ciudadana (Rosario): con más trayectoria, pero también con vínculos políticos. Uno de sus fundadores es Luciano Sciarra, actual titular de Aprecod. En su comisión directiva figura además Damián García, secretario general de UNO en Santa Fe y excandidato a concejal en Rosario.
Para Rabbia, estos tres casos marcan un patrón: asociaciones sin experiencia previa, asignaciones millonarias casi inmediatas, vínculos con el partido UNO y resoluciones firmadas por la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda. “No es un hecho aislado, es un modo sistemático y orquestado de uso de recursos públicos”, advirtió.
La respuesta: gestión, resultados y acusaciones de “campaña”
El diputado Walter Ghione, referente de UNO y pastor evangélico, tomó la palabra para defender la política oficial. Rechazó las cifras presentadas por Rabbia y aseguró que se trata de montos anuales, distribuidos en etapas según metas cumplidas.
“Se miente con los números. Aprecod pasó de 91 dispositivos en 2023 a 385 en 2025. En un año y medio de gestión se abordaron casi 250 mil situaciones, un 60% más que antes. Hoy todos los departamentos tienen cobertura”, sostuvo.
También reivindicó la participación de las iglesias evangélicas en los programas de prevención: “No es sorpresa que representamos a la comunidad cristiana-evangélica, y no hay ilegalidad en que nuestras instituciones trabajen con el Estado. Necesitamos de todos los que quieran sumarse. Lo que sí hay es un ataque con fines electorales”.
Con un tono personal, cerró: “Me llena de orgullo el trabajo inconmensurable de la comunidad a la que pertenezco. Por eso me duelen las mezquindades políticas”.
Una sesión atravesada por la desconfianza
El cruce entre Rabbia y Ghione no solo puso en escena un debate sobre la gestión de la emergencia en adicciones, sino que dejó preguntas abiertas que el Gobierno deberá responder: ¿Cuáles son los criterios objetivos para asignar montos millonarios a asociaciones recién constituidas?. ¿Cómo se previenen conflictos de interés cuando funcionarios o dirigentes partidarios integran estas entidades?. ¿Qué mecanismos de control se aplican y qué resultados concretos muestran los dispositivos financiados?. ¿Por qué no hay información pública detallada en formato de datos abiertos sobre convenios, beneficiarios y auditorías?.
Un trasfondo político inevitable
El debate ocurre en un momento sensible: con la emergencia en salud vigente, el Ejecutivo tiene amplias facultades para acelerar convenios y transferencias. Para el oficialismo, esto permitió multiplicar la cobertura en prevención de adicciones; para la oposición, se transformó en una “ventanilla rápida” para favorecer a aliados políticos.
Lo cierto es que, más allá de las acusaciones cruzadas, el Gobierno enfrenta la obligación de transparentar procesos, convenios y resultados si quiere evitar que la sospecha de uso discrecional de fondos se convierta en un nuevo frente de desgaste político.
