Un vecino aportó documentación sobre la compra de un vehículo oficial con un 34% de sobreprecio. Apuntan al rol del fiscal de Estado Domingo Rondina y advierten que el mecanismo podría repetirse en otras áreas.
Mientras el Gobierno de Santa Fe sostiene como bandera la austeridad y el cuidado de los recursos públicos —con medidas que impactan directamente en sectores sensibles como educación, salud y seguridad—, una denuncia con datos precisos y documentación comienza a generar ruido en la Casa Gris.
Se trata de una licitación impulsada por la Fiscalía de Estado que, según la presentación acercada a esta redacción, habría derivado en la compra de un vehículo de alta gama con un sobreprecio significativo y bajo condiciones que restringieron la competencia.
Un 34% por encima del presupuesto oficial
De acuerdo a los datos aportados, la operación corresponde al expediente N.º 01101-0022315-0 y a la Licitación 98/25, cuyo objeto fue la adquisición de un SUV para uso oficial.
El presupuesto original, fijado en septiembre de 2025, era de 50 millones de pesos. Sin embargo, la adjudicación final —concretada en diciembre del mismo año— alcanzó los $67.023.829, lo que representa un incremento del 34% respecto del monto inicial.
La compra recayó en la firma Escobar S.A. y correspondió a un Volkswagen Taos Highline, la versión más equipada —y costosa— dentro de ese modelo.
El punto central de la denuncia radica en que, ante una diferencia de esa magnitud, lo habitual en términos administrativos sería declarar desierta la licitación o requerir mejoras en la oferta, algo que no ocurrió.
El “capricho” de la versión de lujo
Según el denunciante, el pliego habría sido diseñado o modificado para orientar la compra hacia una versión de alta gama que excedía las necesidades operativas del organismo.
“El presupuesto alcanzaba para una unidad estándar, pero se optó por el tope de gama”, sostiene el informe, que cuestiona la decisión en un contexto donde el propio gobierno insiste en la necesidad de reducir el gasto público.
Además, se menciona la emisión de una circular aclaratoria apenas tres días antes de la apertura de sobres, que habría modificado requisitos técnicos y favorecido a un único oferente.
Señalamientos sobre los responsables
La denuncia apunta directamente a la estructura de decisión dentro de la Fiscalía de Estado.
Por un lado, se menciona a la fiscal adjunta Erica Lamas, quien firmó el dictamen que avaló la conveniencia económica de la oferta, pese a superar ampliamente el presupuesto oficial.
Por otro, se señala al fiscal de Estado Domingo Rondina, como máxima autoridad del organismo y responsable del control del gasto.
Según la documentación, la adjudicación se justificó bajo criterios de “conveniencia y urgencia”, sin que mediaran instancias de revisión o nuevas convocatorias.
Un posible patrón que se repite
Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia es que el mecanismo no sería un hecho aislado.
El vecino que acercó la información advierte que un esquema similar se estaría replicando en otras áreas del Estado, particularmente en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.
Allí, según sostiene, se utilizarían requisitos técnicos específicos —como condiciones de service o equipamiento— para limitar la competencia y direccionar adjudicaciones hacia determinados proveedores, con incrementos de precios que rondarían el 30%.
Dudas sobre la transparencia y la competencia
El planteo también pone en discusión el funcionamiento del sistema de compras públicas y los mecanismos de control interno.
Entre los puntos señalados se encuentran la falta de instancias competitivas reales, la ausencia de un segundo llamado a licitación ante precios elevados y la validación de montos por encima de referencias de mercado.
Incluso, el denunciante aporta comparaciones con otros modelos del mismo segmento que, según indica, presentan mejores prestaciones y menor costo, lo que refuerza las dudas sobre la decisión adoptada.
Un impacto político en medio del discurso oficial
La denuncia llega en un momento particularmente sensible para el gobierno provincial, que ha construido parte de su identidad sobre la eficiencia en el manejo de los recursos.
En ese marco, el caso no solo plantea interrogantes administrativos, sino que también introduce un costo político: la posible contradicción entre el discurso de austeridad y las prácticas concretas dentro del Estado.
Por ahora, no hubo respuestas oficiales sobre el caso. Pero la información aportada, con datos, montos y nombres propios, ya comienza a circular en ámbitos políticos y administrativos, abriendo un nuevo frente de tensión para la gestión provincial.
