En el marco del ciclo especial sobre la reforma constitucional de Santa Fe que transmite politicadesantafe.com, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Hernán Botta, expuso una visión abiertamente favorable a la autonomía municipal de Rosario, defendió la representación académica en el órgano de selección y remoción de jueces y respaldó un Ministerio Público de la Acusación (MPA) con independencia funcional y financiera.
La entrevista dejó definiciones políticas claras, pero también precisiones técnicas sobre el alcance y los riesgos de cada propuesta en el proceso de reforma.
Autonomía municipal: “Si no lo puede hacer Rosario, ¿quién podría?”
Botta calificó la autonomía como “un anhelo de los rosarinos de larga data” y subrayó el simbolismo de que la discusión ocurra “en el año en el cual celebramos nuestro tricentenario: es un símbolo, tiene una gestualidad más que importante”.
Planteó que sus efectos serían profundos en la vida cotidiana: “Los corolarios de la autonomía son múltiples y se extienden hasta consecuencias más impensadas de la vida cotidiana de los rosarinos: administración, temas tributarios, uso de suelo, derecho laboral, tema electoral… hay muchas cuestiones donde el impacto se va a dar”.
El decano destacó el rol de la academia en este proceso: el intendente convocó a la Facultad de Derecho de la UNR y a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica para elaborar la futura carta orgánica municipal, lo que consideró “una saludable iniciativa” que permitirá que “nuestros docentes, catedráticos y centros de estudio realicen aportes para que el proceso esté munido de la mayor cantidad de elementos que le den sustento en términos jurídicos”.
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Botta diferenció autonomía de autarquía, explicando que “La autonomía da muchísimo mayor grado de posibilidad de manejar tus propias decisiones… es un régimen mucho más amplio y que va a permitir a las gestiones municipales desenvolverse con más independencia del poder central”.
Sobre la carta orgánica, la definió como una “mini-Constitución de la ciudad” que permitirá legislar de manera independiente sobre “uso de suelo, contratación de empréstitos, régimen electoral, recursos… temas que hoy requieren tratamiento provincial podrían normarse en una carta orgánica municipal”.
Para Botta, Rosario está lista para dar el paso: “Si no lo puede hacer Rosario con sus características, su dimensión, su potencial, su gente, su historia, su tradición, su cultura y su situación geográfica… ¿quién podría?”. Y agregó que, aunque no implica mejoras inmediatas, “la optimización de una gestión municipal sin duda tiene impacto más temprano que tarde en la vida del ciudadano”.
La silla de los académicos en el Consejo de la Magistratura
Botta defendió con firmeza que el órgano encargado de seleccionar y remover magistrados tenga representación académica: “Tiene que haber representación del estamento académico… somos quienes formamos a los abogados que luego serán magistrados”.
Fue más allá al señalar que esta representación “debe estar en cabeza exclusivamente de profesores que provengan de facultades de derecho de universidades públicas”, mencionando expresamente a la UNR y a la Universidad Nacional del Litoral.
Fundamentó su postura en tres ejes. Primero, habló del origen legal y legitimidad de las universidades públicas, argumentando que son creadas por ley del Congreso con intervención de diputados y senadores, lo que les da “una razón de ser importante” frente a las privadas. Seguido de eso, señaló la Transparencia en el acceso, porque en las públicas, “los profesores acceden a sus cátedras por concurso abierto y público de oposición y antecedentes”, algo que “no sucede de la misma manera” en el ámbito privado.
“La representación académica debe estar en cabeza de profesores de universidades públicas”
Además, por otro lado, destacó el Gobierno universitario democrático: las decisiones se toman en consejos directivos y superiores con representación cuatripartita (docentes, no docentes, estudiantes y graduados), elegidos por voto, lo que “garantiza un ámbito de discusión y transparencia”.
Sin definir si debería ser un Consejo de la Magistratura o un consejo asesor con ternas vinculantes, aclaró que lo importante es evitar “replicar el modelo nacional” porque “todos sabemos cómo no funciona” por “la mucha presión del poder político” y la ineficacia en los nombramientos y juicios.
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Autonomía funcional y recursos propios para el MPA
En relación al MPA y al sistema público de defensa, Botta sostuvo —a título personal pero como opinión mayoritaria de su facultad— que ambos “deben tener autonomía en su funcionamiento con autarquía financiera”, para garantizar que “funcionen de manera independiente a los demás poderes”.
Aunque evitó opinar si la justicia provincial está subfinanciada, sí fue claro en que “para que una justicia sea eficiente tiene que tener recursos… es el último poder salvaguarda de las garantías, las libertades y los derechos de los ciudadanos, por lo tanto tiene que estar jerarquizado en su funcionamiento”.
Sobre el control de fiscales y defensores, alertó que “no pueden estar completamente exentos de control, pero tampoco puede el poder político presionar sobre ellos al punto de limitar su libertad al momento de la persecución del delito”.
Finalmente, pidió que la reforma incluya “todo lo que se pueda hacer para transparentar los procesos de selección” en el ámbito judicial, como una condición indispensable para mejorar la confianza ciudadana.
En síntesis, la intervención de Botta en el ciclo dejó una posición coherente y articulada: autonomía plena para Rosario con carta orgánica propia, un sistema de selección de jueces con fuerte impronta académica pública y un MPA blindado frente a la injerencia política. Tres ejes que, a su entender, no sólo modernizan la institucionalidad santafesina, sino que también impactan en la calidad democrática de la provincia.
