La agenda laboral vuelve a tensarse en el corazón financiero de la provincia. Seis trabajadores del Nuevo Banco de Santa Fe (NBSF) fueron despedidos el viernes pasado y la Asociación Bancaria Rosario declaró alerta y movilización inmediata, con acciones simultáneas en distintas sucursales y una denuncia formal presentada ante el Ministerio de Trabajo.
La medida encendió una alarma política por el rol que ocupa la entidad financiera: el NBSF es el agente principal del Gobierno Provincial, gestiona sus cuentas, administra salarios estatales y controla movimientos clave del tesoro público. Por eso, desde el gremio apuntan no sólo a la conducción del banco, sino también al Ejecutivo santafesino, al que exigen intervención urgente.
Una decisión sin aviso: telegramas, puertas cerradas y tensión en las sucursales
Según relató el secretario general de La Bancaria Rosario, Sergio Rivolta, los seis trabajadores despedidos “fueron a cumplir sus funciones como todos los días y se les comunicó que estaban despedidos y que les llegaría el telegrama a sus casas”.
Los ceses se produjeron en: Casa central del banco — peatonal Córdoba al 900. Call Center. Sucursal Cafferata al 300. Sucursal Ayacucho al 5500.
La modalidad —sin notificación previa, mediante aviso interno y posterior carta documento— fue considerada “intempestiva e injustificada” por la conducción gremial.
Martes de protestas: asambleas desde las 9.30 y paro de actividades
La Bancaria confirmó que este martes se realizarán asambleas presenciales en cada sede donde hubo despidos, con concentración principal a las 9.30 en la casa central, epicentro del conflicto.
En paralelo, ya se presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde se fijó audiencia para este miércoles, instancia que será decisiva:
“Queremos una solución inmediata la semana que viene en la audiencia en el ministerio o las medidas gremiales se harán sentir”, advirtió Rivolta.
La frase condensa el clima actual: si no hay reincorporación, habrá acciones gremiales crecientes.
El punto delicado: un convenio que obligaba a mantener los puestos
El dato que introdujo el gremio y que aumenta la presión sobre la gestión provincial: al momento de renovar el convenio entre el Gobierno santafesino y el banco, había un compromiso expreso de mantener la dotación de trabajadores.
Rivolta fue contundente:
“El banco está incumpliendo el convenio de vinculación. Ese acuerdo incluía el compromiso de no reducir el personal.”
Por eso, la pelea no es sólo laboral. Es política. Y allí aparece la pregunta que sobrevuela el conflicto:
¿Puede el Gobierno provincial mirar para otro lado cuando su agente financiero despide personal sin causa en pleno contrato vigente?
Un conflicto que incomoda al oficialismo
La Bancaria ya pidió intervención directa de la Provincia. No lo hace de manera genérica; apunta a un punto central: Si el Gobierno firma un convenio para sostener la planta de trabajadores, y el banco incumple ese convenio, el Ejecutivo debe exigir el cumplimiento.
Ese razonamiento coloca al gobernador Maximiliano Pullaro y a su equipo económico en un lugar incómodo: tienen margen político para activar, pero por ahora guardan silencio.
En los pasillos gremiales, la lectura es más cruda: “Si el banco despide ahora, y el Gobierno no dice nada, el mensaje es claro: el ajuste cae sobre los trabajadores.”
Lo que sigue
En la previa a la audiencia de Trabajo, el escenario está abierto: Asambleas y movilizaciones en sucursales del banco. Reclamo formal para la reincorporación de los seis despedidos. Pedido político al Gobierno Provincial para que haga cumplir el convenio firmado.
Desde el gremio ya preparan un esquema de medidas progresivas si no hay acuerdo. En off, la palabra que más se repite entre dirigentes sindicales es una sola:
“No vamos a dejar que esto sea un ensayo general. Si pasa ahora, se multiplica.”
