La muerte de la docente de Reconquista, Paula Nardelli, volvió a poner en el centro del debate el crítico estado del IAPOS, la obra social de los trabajadores estatales de Santa Fe. La mujer, de poco más de cuarenta años, relató en sus últimos días la odisea que atravesó en terapia intensiva mientras esperaba insumos médicos básicos que nunca llegaron a tiempo. En un testimonio desgarrador publicado en redes sociales, denunció “abandono de persona” y señaló directamente a la obra social y al gobernador Maximiliano Pullaro como responsables de una política sanitaria que, según afirmó, prioriza el ajuste antes que el cuidado.
“Esperando he sufrido una infección pulmonar intrahospitalaria y un infarto pulmonar… mientras sigo esperando vuelvo a denunciar públicamente a IAPOS por el abandono de mi persona”, escribió el 7 de septiembre desde la unidad de cuidados críticos. Diez días más tarde, pese a haber recibido finalmente el stent que necesitaba, Nardelli continuaba debilitada. Semanas después, falleció sin haber superado las secuelas de su prolongada espera.
Vecinos y familiares señalan al Estado
El fallecimiento generó una ola de indignación en Reconquista y en distintos sectores de la provincia. Vecinos y familiares responsabilizan al IAPOS y al Gobierno provincial por lo ocurrido. “A Paula la mató la desidia de la obra social y el desfinanciamiento que conduce el gobernador Pullaro”, expresaron allegados en una publicación que se viralizó en redes sociales.
El malestar no es nuevo: hace meses que los gremios estatales y legisladores como el diputado Miguel Rabbia advierten sobre la caída en la calidad de la atención y denuncian un vaciamiento progresivo de la obra social. Reclamos por tratamientos oncológicos demorados, falta de insumos para cirugías, prótesis que no llegan y pacientes con enfermedades crónicas que esperan meses por su medicación, forman parte de un cuadro que, según los denunciantes, se agrava día a día.
Las contradicciones de la gestión
El caso Nardelli no solo expone la vulnerabilidad del sistema sanitario provincial, sino también contradicciones en la política oficial. Mientras el gobierno destina recursos a programas y asociaciones cuestionadas por su falta de trayectoria, los usuarios del IAPOS aseguran que se sienten abandonados.
Vecinos remarcaron que, mientras se recortan prestaciones, se giraron más de $1.000 millones a la Asociación Civil Perseverar, una organización recientemente creada y vinculada a un sector político aliado al oficialismo. “¿Cuántas veces escuchamos que la corrupción mata? Hoy lo vivimos en carne propia”, remarcaron en el comunicado difundido tras la muerte de la docente.
Una causa que crece en el debate público
La polémica se traslada también al plano político. En la Legislatura ya se habían presentado pedidos de informes por la situación del IAPOS, pero hasta ahora el Ejecutivo provincial no brindó explicaciones claras. El caso de Nardelli reaviva el debate sobre la transparencia en la administración de los recursos y coloca al oficialismo bajo una lupa cada vez más crítica.
“Paula no pedía solo por ella, pedía por todos los que estaban atravesando situaciones similares”, resumió un vecino en Reconquista. El impacto de su denuncia post mortem resuena como advertencia: “mañana podemos ser cualquiera de nosotros”.
