Rosario vuelve a ser epicentro de hechos de inseguridad que contrastan con el mensaje del gobierno provincial. Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro insiste en que la ciudad “renació” y se “pacificó” gracias al Plan Bandera, la realidad de las calles muestra otra postal: escuelas saqueadas, vecinos asaltados, balaceras en barrios periféricos, robos sistemáticos en comercios y un clima social en creciente tensión.
El contraste no es nuevo. Con Perotti el slogan fue “La paz y el orden”. Hoy, Pullaro apuesta a “le ganamos a los narcos”. Sin embargo, en los hechos cotidianos —y en la vida de los rosarinos— la violencia urbana no solo no desapareció, sino que sigue expandiéndose hacia Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto y hasta la ciudad capital.
A esto se suma un malestar silencioso dentro de la propia fuerza policial. Agentes trasladados desde el centro-norte santafesino, sin preparación suficiente, cumplen funciones en Rosario sin viáticos, sin plan de alimentación y dejando a sus familias expuestas a los mismos problemas que padecen miles de estatales: salarios insuficientes, recortes en la obra social IAPOS y nula contención en salud mental. La “pacificación” que Pullaro exhibe en actos oficiales no se refleja en las condiciones de quienes deben sostenerla en las calles.
Escuelas vulnerables, robos y hechos violentos
La inseguridad golpea a instituciones educativas que quedan a merced de los delincuentes. La escuela Roberto Fontanarrosa sufrió dos robos en quince días: puertas violentadas, vidrios rotos, ventiladores y estufas sustraídos, además de la pérdida de alimentos del comedor infantil. Algo similar ocurrió con la escuela Constancio Vigil, que debió suspender las clases de 567 alumnos tras reiterados ataques en agosto. “La escuela no puede estar a la deriva, en manos de delincuentes”, reclamaron docentes ante la falta de respuestas oficiales.
Los registros policiales y las crónicas de las últimas semanas revelan la magnitud del problema. En apenas 24 horas se denunciaron ocho robos en distintos barrios, entre ellos a un chofer de Didi, un motociclista y locales comerciales. En paralelo, otra jornada sumó siete episodios de violencia urbana: balaceras, un ataque incendiario a una vivienda, robos en escuelas y comercios, y detenciones con armas de fuego en mano.
Estos números se suman a los 69 homicidios registrados en lo que va del año en Rosario y alrededores, 59 de ellos con armas de fuego. La violencia persiste y, aunque las estadísticas oficiales muestran un descenso respecto al 2023, los hechos cotidianos desmienten cualquier idea de normalidad.
Escenas que revelan precariedad institucional
La desorganización también se expresa en hechos insólitos. Una pistola 9 milímetros apareció olvidada en un colectivo de la línea 131. Según la versión oficial, pertenecía a un efectivo policial que se dirigía a su trabajo en Jefatura. La explicación, sin embargo, genera más dudas que certezas sobre la profesionalización y los protocolos internos en las fuerzas de seguridad.
Policías en la primera línea: precarización y malestar interno
La crisis de inseguridad en Rosario no solo golpea a los vecinos y a las instituciones, también atraviesa a los propios agentes que deberían garantizar el orden en las calles. En silencio, dentro de la fuerza crece un malestar que hasta ahora no encuentra respuesta política.
Uno de los principales problemas es el traslado compulsivo de efectivos del centro y norte santafesino hacia Rosario, sin la capacitación específica ni la preparación necesaria para enfrentar uno de los territorios más violentos del país. Estos agentes son movilizados cientos de kilómetros lejos de sus hogares, sin un pago extra por viáticos, sin un plan de alimentación adecuado y con la presión de cumplir turnos extenuantes en zonas de alta conflictividad.
La precarización impacta también en sus familias, que quedan en sus lugares de origen enfrentando las mismas dificultades que cualquier trabajador estatal: salarios que no alcanzan frente a la inflación, recortes en la cobertura de la obra social IAPOS y la incertidumbre permanente sobre la continuidad laboral. A esto se suma un problema poco visible pero grave: la salud mental de los policías, un aspecto prácticamente ignorado por las autoridades. El estrés, la exposición a la violencia y la falta de apoyo psicológico convierten al cuerpo policial en otra víctima de la inseguridad estructural.
La contradicción es evidente: el gobierno exhibe el “renacer de Rosario” en actos públicos, pero quienes sostienen esa narrativa en la calle —los agentes policiales— lo hacen en condiciones de precariedad que no condicen con el rol estratégico que cumplen. El riesgo es doble: una fuerza debilitada en lo operativo y desmoralizada en lo humano difícilmente pueda sostener políticas de seguridad estables en el tiempo.
El trasfondo político
El discurso oficial sobre Rosario se potencia en clave electoral. En cada acto repite que la ciudad dejó de ser “sitiada por delincuentes” y que la violencia “cayó de manera contundente”. Sin embargo, la secuencia de robos, balaceras y homicidios refleja un escenario distinto, donde la seguridad aún no logra consolidarse y el relato oficial parece chocar con la percepción de vecinos y docentes que denuncian a diario su desamparo.
La pregunta central es inevitable: ¿estamos ante una pacificación real o frente a una estrategia comunicacional que intenta ocultar el desborde cotidiano? Lo cierto es que Rosario —y con ella buena parte de Santa Fe— sigue atrapada entre la violencia estructural del narcotráfico y una gestión que, entre ajustes y discursos de campaña, no logra dar respuestas de fondo.
