Finalmente, y empujado por una seguidilla de hechos que ya no pueden ocultarse detrás de estadísticas, el Gobierno provincial terminó reconociendo una situación que este medio viene señalando desde hace meses: la profunda crisis humana que atraviesan las mujeres y los hombres de la policía de Santa Fe.
El disparador fue un nuevo intento de suicidio ocurrido en Rosario, el segundo en menos de 48 horas dentro del ámbito policial. El episodio obligó al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, a brindar explicaciones públicas sobre la salud mental de la fuerza, exponiendo cifras que por sí solas describen un escenario alarmante.
Según datos oficiales, hoy existen 560 efectivos bajo seguimiento psicológico en toda la provincia. Pero el propio ministro reconoció que otros 460 abandonaron voluntariamente los tratamientos. Detrás de esos números fríos se esconden historias de agotamiento extremo, desarraigo, presión laboral permanente y salarios que —como ocurre con el resto de los trabajadores estatales— siguen corriendo muy por detrás de la inflación.
La seguridad se rompe desde adentro: renuncias, colapso y crisis en la Policía de Santa Fe
Dos intentos de suicidio en menos de 48 horas
El caso que volvió a sacudir a la institución tuvo como protagonista al suboficial Óscar Eduardo Valdez, quien se disparó dentro del predio de la Jefatura de la Unidad Regional II luego de quitarle el arma reglamentaria a una compañera. Valdez, que se encontraba bajo carpeta médica y sin autorización para portar armamento, permanece internado en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, con daño cerebral severo.
Horas antes, otro efectivo se había quitado la vida a pocas cuadras del mismo edificio. La reiteración de episodios similares en tan corto plazo encendió todas las alarmas puertas adentro de la fuerza y dejó al descubierto fallas que ya no pueden ser presentadas como hechos aislados.
Desde el Ministerio se activaron protocolos, intervienen áreas judiciales y forenses, y se multiplican los comunicados técnicos. Pero en paralelo, dentro de la policía circulan versiones que hablan de pedidos de ayuda que no fueron escuchados, superiores que no atendieron a tiempo y una estructura institucional desbordada.
Salud mental, desarraigo y presión por resultados
Cococcioni describió el fenómeno como “multicausal”: conflictos familiares, endeudamiento, crisis personales. Todo eso es real. Pero el diagnóstico oficial evita profundizar en un punto central: el desgaste sistemático que produce un modelo de seguridad basado en la exigencia permanente, la sobrecarga horaria y la obligación implícita de mostrar números positivos.
Porque mientras el Gobierno insiste en exhibir estadísticas favorables, en la calle la percepción es otra. La violencia urbana vuelve a crecer, no solo en Rosario sino también en las principales ciudades de la provincia, y el personal policial enfrenta esa realidad sin contención suficiente.
A esto se suma un problema histórico: el desarraigo. Durante años, cientos de agentes del norte santafesino fueron trasladados al sur, obligados a dejar sus hogares y familias para cumplir funciones a cientos de kilómetros. El ministro anunció cambios en los cupos de ingreso para reducir este impacto, pero se trata de medidas a largo plazo frente a una crisis que es urgente.
También se informó que casi 100 cadetes fueron desafectados en el último año bajo un esquema de formación más estricto. Menos ingresos, más filtros. Una señal de que el sistema intenta corregirse, aunque tarde.
Silencio, ajuste y desgaste: La bomba social que estalla dentro de la policía santafesina
Sueldos congelados y abandono institucional
Consultado por el aspecto salarial, Cococcioni aseguró que Santa Fe tiene remuneraciones “competitivas” respecto de otras provincias. Sin embargo, en los pasillos policiales la lectura es distinta: sin actualización acorde a la inflación, con horas extra naturalizadas y con gastos personales crecientes por traslados y vivienda, el deterioro económico es evidente.
Este medio también viene advirtiendo sobre eso. No se trata solo de salud mental: se trata de condiciones laborales, de ingresos que no alcanzan y de una presión cotidiana para sostener un relato de eficacia que muchas veces no coincide con lo que ocurre en los barrios.
El relato oficial choca con una policía agotada: renuncias, desarraigo y salud mental al límite
Una política que mira números y descuida personas
El Gobierno provincial parece obstinado en administrar la seguridad desde planillas y conferencias de prensa. Pero detrás de cada indicador hay personas. Personas que viven armadas, expuestas, lejos de sus afectos, atravesadas por conflictos personales y sin el respaldo integral que una tarea de semejante riesgo exige.
Hoy el propio Ministerio reconoce que cientos de policías están en seguimiento psicológico y que casi la mitad abandonó los tratamientos. Es un dato brutal.
Mientras tanto, la violencia urbana vuelve a avanzar a pasos agigantados y el personal policial queda atrapado entre la exigencia política de mostrar resultados y una realidad social cada vez más compleja.
La crisis ya no es silenciosa. Está a la vista. Y por más que se intente encapsular en informes técnicos, siempre termina apareciendo donde más duele: en la vida de quienes integran la fuerza.
Porque sin políticas reales de cuidado, sin salarios dignos y sin una revisión profunda del modelo de seguridad, ningún número alcanza. Y ninguna estadística puede tapar una verdad incómoda: hoy Santa Fe no está cuidando a quienes dice poner al frente de su estrategia contra el delito.
