Una tensión crece en silencio dentro de la estructura de seguridad más importante del Estado santafesino. No aparece en conferencias, no se publica en partes oficiales y tampoco se discute en los despachos políticos. Pero existe, se acumula y se multiplica: malestar policial, desgaste emocional y bronca contenida frente a nuevas prácticas, protocolos y órdenes de servicio que —según diversas fuentes— “rompieron códigos básicos de convivencia interna” entre funcionarios del Ministerio de Seguridad y el personal que diariamente patrulla las calles.
En conversaciones con este medio, policías en actividad, mandos medios retirados y referentes del sindicato no reconocido APROPOL coinciden en una frase que se repite como diagnóstico: “Nunca vivimos algo así, ni siquiera en momentos críticos de la inseguridad en Rosario.”
La combinación de bajos salarios, traslados obligatorios, protocolos exhaustivos, controles invasivos y trato disciplinador instala en la fuerza una sensación corrosiva: son la institución que más se exige, pero la que menos derechos puede reclamar. Y el dato político de fondo inquieta: la policía no puede hacer paro.
Entre el sacrificio y el destrato: el nuevo clima dentro de la fuerza
Uno de los puntos más sensibles es el traslado compulsivo de jóvenes con muy poca experiencia hacia Rosario y el cordón metropolitano, zonas que el propio gobierno define como “territorios calientes”. Esa práctica no es nueva. La diferencia —según la tropa— está en el trato, la planificación y las condiciones humanas mínimas.
Un relato, de los tantos que circulan en grupos internos, lo describe sin tecnicismos:
“Yo vivo en el norte, mi mamá estaba muy enferma. No me dejaron volver. Cuando terminé mi turno tuve que esperar 12 horas en la terminal hasta que saliera el colectivo de vuelta. Nadie se acercó, nadie nos ofreció ni agua o un sándwich. Al otro día, mi mamá falleció.”
La frase, crudísima, se repite como símbolo de una sensación extendida: “No somos personas, somos recursos descartables.”
Fuentes policiales consultadas dan otro dato que preocupa: “Hay chicos de 22, 23 años que llegan a Rosario sin experiencia, sin conocimiento territorial y sin respaldo. Les piden que salgan a ‘producir’ resultados.”
En el vocabulario interno aparece otra palabra recurrente: producto. No procedimiento, no prevención, no trabajo comunitario: producto, es decir, cifras.
La Doctrina Pullaro–Cococcioni y la lógica del “cupo”
Dentro de la fuerza, cada vez más jefes y oficiales hablan sin eufemismos de la “Doctrina Pullaro–Cococcioni”, una forma de conducción que —según describen— prioriza el rendimiento estadístico por encima del criterio policial.
La práctica más discutida: Metas de identificaciones mediante artículo 10 bis (averiguación de identidad). Cupos semanales y mensuales. Operativos diseñados más para mostrar resultados que para mejorar seguridad real
Un exjefe resume el concepto:
“Ya no importa si la persona cometió un delito o si había una sospecha fundada. Importa llenar la planilla.”
Este sistema —dicen desde APROPOL— transforma la calle en una fábrica de números. Y cuando el número se convierte en objetivo, el criterio profesional pasa a ser sospechoso.
Del Estado protector al Estado sospechador
En la tropa corre una frase que define el momento con un desnudo rigor:
“El Estado ahora nos trata como sospechosos a nosotros mismos.”
El área que más críticas concentra es la implementación de protocolos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que, según efectivos y delegados, no funcionan como guías técnicas sino como herramientas disciplinadoras.
El caso paradigmático es el Protocolo de Flagrancia y activación automática (0800 MPA): Releva fotos. Pide croquis. Exige actas detalladas. Solicita entrevistas registradas. Demanda rastros, cámaras, testigos y cadena de custodia perfecta. Todo esto en tiempo real y en escenas generalmente caóticas, con pocos móviles, vecinos exaltados, poca iluminación y personal insuficiente.
Un oficial resume el efecto:
“No importa si detuviste al delincuente y salvaste a la víctima. Si falta una foto o un dato, sos vos el que queda afuera.”
No es exageración. Lo dicen con desconfianza: “El policía siempre será el primer culpable disponible.”
APROPOL y la disputa silenciosa por derechos laborales
En este escenario emerge un actor que, pese a no estar oficialmente reconocido, gana influencia entre la tropa: APROPOL, el sindicato policial informal.
No convoca a medidas de fuerza —porque serían ilegales— pero alerta públicamente sobre protocolos imposibles y tratos humillantes.
En paralelo, en la Legislatura quedó pendiente un proyecto de alto impacto político: La propuesta de la diputada Beatriz Brouwer (UNITE)
Crear el primer sindicato policial formalmente reconocido en Argentina, con restricciones para no afectar el servicio pero con: Mesa de negociación laboral. Representación en expedientes disciplinarios. Participación en debates de seguridad pública
El texto cita el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales que recomiendan garantizar la libertad sindical de fuerzas de seguridad, modelo ya existente en: España, Francia, Alemania, Portugal y Australia, primer país del mundo en organizar sindicalmente a sus policías (1912).
No se aprobó. Pero hoy, en medio del clima interno, vuelve a tomar fuerza.
La tensión que no se ve, pero crece
Santa Fe atraviesa uno de los momentos más duros en materia de violencia y crimen organizado.
Pero puertas adentro de la Policía, se está gestando otro conflicto, más silencioso y potencialmente explosivo:
Bajos salarios + protocolos disciplinadores + maltrato estructural + ausencia de reconocimiento.
No hay protestas masivas. No hay paro. No hay cortinas de humo en medios. Pero hay algo más inquietante: Una fuerza de seguridad profundamente desmotivada, dolida y en muchos casos quebrada emocionalmente. La pregunta institucional —y política— no es menor:
¿Puede una provincia enfrentar el crimen organizado con una policía que siente que el enemigo está adentro?
