Mientras en los actos oficiales el gobierno provincial insiste con discursos vinculados a la producción, la competitividad y la baja de impuestos, en los hechos la gestión de Maximiliano Pullaro avanza con un nuevo esquema de recaudación que ya comenzó a generar fuerte rechazo en sectores productivos, rurales y políticos.
El eje del conflicto es el plan impulsado por la Casa Gris para financiar obras en las rutas portuarias de la provincia. La iniciativa propone unificar el cobro de una tasa sobre el ingreso de camiones a los puertos del Gran Rosario mediante un fideicomiso que administraría recursos destinados, en teoría, a infraestructura vial.
Sin embargo, detrás del discurso oficial de “modernización” y “ordenamiento”, desde distintos sectores advierten que se trata, en la práctica, de una nueva carga económica sobre la producción en uno de los momentos de mayor presión tributaria para el sector.
La ingeniería política detrás del nuevo esquema
El gobierno provincial logró acordar con intendentes y presidentes comunales de las localidades portuarias un punto clave: los municipios seguirán conservando sus propias tasas viales. Ese fue el principal motivo por el cual las negociaciones destrabaron un conflicto que meses atrás había generado resistencia.
La nueva ingeniería diseñada por la provincia evita tocar los ingresos de los gobiernos locales, pero traslada el peso del financiamiento hacia el circuito productivo y logístico.
El esquema que se analiza contempla un cobro estimado de 1,5 dólares por tonelada transportada. De ese total, una parte quedaría en manos de municipios y comunas, mientras el resto alimentaría un fideicomiso provincial destinado a obras.
El rechazo del campo
La reacción del sector agropecuario no tardó en llegar. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, cuestionó abiertamente la iniciativa y advirtió que cualquier nuevo costo terminará impactando sobre los productores.
“No estamos dispuestos a soportar una carga más”, sostuvo, al remarcar que el sistema productivo ya enfrenta una presión impositiva excesiva.
La crítica no solo apuntó al nuevo esquema de financiamiento, sino también a la falta de participación del sector en la discusión. Desde el ruralismo sostienen que se vuelve a cargar sobre el campo la responsabilidad de financiar infraestructura que debería ser asumida por el Estado.
