La política de seguridad del gobierno provincial de Santa Fe atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la gestión. A la crisis operativa, el desgaste del personal policial y las tensiones internas que comenzaron a emerger públicamente en los últimos meses, se suma ahora un hecho de extrema gravedad institucional: la renuncia en bloque de cuatro médicos de la División de Medicina Legal de la Unidad Regional I, en la ciudad capital.
No se trata de un episodio aislado ni de un conflicto administrativo menor. La salida simultánea de profesionales clave impacta de lleno en el corazón del sistema de seguridad y de la administración de Justicia, dejando expuesta una política que fue una de las más promocionadas por el oficialismo y que hoy muestra fisuras por todos lados.
La situación estalla, además, en un contexto de creciente malestar dentro de las propias fuerzas de seguridad, donde cada vez más policías comienzan a plantarse frente al destrato político, el ajuste presupuestario, los salarios rezagados y la precarización de las condiciones laborales. La seguridad santafesina, que el gobierno exhibe como su principal bandera, empieza a romperse desde adentro.
Renuncias por condiciones indignas
Los médicos Damián Soria, María Fernanda Lemercier, Alejandro Serra y Lucrecia Galizzi presentaron su renuncia luego de que se dispusiera el cierre de la sede de Medicina Legal que funcionaba en la Comisaría 1ª y su traslado a la Comisaría 8ª del barrio Guadalupe.
Según denunciaron, el nuevo edificio no reúne condiciones mínimas de higiene, infraestructura ni espacios adecuados para el ejercicio profesional. Durante una recorrida por las instalaciones, los profesionales constataron deficiencias edilicias graves que tornan imposible realizar pericias médico-legales bajo estándares éticos y técnicos aceptables.
Entre los principales problemas mencionados se encuentran sanitarios en mal estado, ausencia de cocina apta, falta de climatización y un deterioro general del inmueble, al que calificaron como “absolutamente indigno”. La decisión de renunciar fue, según expresaron, una consecuencia directa de la imposibilidad de continuar trabajando en ese contexto.
Un servicio al borde del colapso
La salida simultánea de los cuatro médicos dejó a la División de Medicina Legal de la URI I con apenas tres médicos de planta y el jefe del servicio, cuando históricamente el área funcionó con una dotación cercana a diez profesionales. El cuadro se agrava aún más porque otras dos médicas se encuentran con licencia por maternidad, lo que reduce en un 60% la capacidad operativa real.
Las consecuencias no tardaron en hacerse visibles. Fuentes internas alertaron sobre largas filas de efectivos policiales aguardando evaluaciones psicológicas, demoras extremas y ausencia de médicos durante buena parte de la jornada. “En mis años de trabajo nunca vi tanta gente esperando por carpetas psicológicas”, relató una fuente directa. En algunos casos, la atención debió realizarse de manera precaria, sin facultativos, recurriendo a personal administrativo.
La demanda de evaluaciones psicológicas, lejos de ser un dato aislado, refleja el profundo desgaste del personal policial, atravesado por estrés crónico, sobrecarga laboral, licencias prolongadas y tareas diferenciadas que se extienden en el tiempo.
Derivaciones improvisadas y riesgo institucional
La crisis se profundizó aún más con la ausencia total de médicos legistas en la Policía de Investigaciones, lo que obligó a derivar detenidos, aprehendidos y lesionados a hospitales públicos, principalmente al Hospital Mira y López, una medida improvisada que introduce nuevos riesgos institucionales y sociales.
Según comunicaciones internas, entre las 20 y las 08 horas no hay médico forense policial disponible, por lo que se ordenó trasladar detenidos escoltados por personal armado a efectores públicos ya saturados. Esto abre interrogantes de extrema gravedad: ¿Quién garantiza la idoneidad técnica de las pericias?, ¿Quién responde por la cadena de custodia y la validez judicial de los informes?y ¿Quién asume el riesgo de ingresar detenidos armados a hospitales públicos?.
La ausencia de médicos propios afecta directamente la calidad probatoria del sistema penal, expone causas judiciales a futuras nulidades y compromete el rol de la Policía como auxiliar de la Justicia.
El trasfondo: precarización y desinversión
Las renuncias no pueden analizarse como decisiones individuales ni como hechos aislados. Son el resultado de años de desinversión, salarios atrasados, sobrecarga laboral, exposición permanente a situaciones críticas y una gestión que naturaliza la precarización.
Este escenario también vuelve a poner en agenda la Ley 12.913, que prevé la conformación de Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su sistemático incumplimiento refleja una decisión política: excluir a los trabajadores de los espacios de prevención y cuidado, reemplazando el diálogo institucional por la imposición.
Una fuerza que se vacía
Las consecuencias ya son visibles. Se multiplican los pedidos de baja, incluso entre efectivos recién egresados del ISEP, que apenas comienzan su carrera y ya buscan abandonar la institución. La presión disciplinaria, el recorte de licencias, el desgaste psicológico y el desprecio institucional empujan a la Policía de Santa Fe hacia una crisis de recursos humanos sin precedentes.
A esto se suma una orden interna que limita la justificación de licencias médicas a no más de siete días y “recomienda” no otorgar más de 15 días corridos de licencia anual, desconociendo la normativa vigente y el criterio profesional. El resultado fue previsible: más carpetas médicas, más presión sobre un sistema colapsado y más conflicto interno.
Una crisis que ya no es sectorial
La deserción de médicos, el colapso de Medicina Legal, la ausencia de legistas y la derivación caótica a hospitales públicos no son fallas aisladas del sistema: son el sistema funcionando bajo una lógica de ajuste y desprecio por el trabajador estatal.
Cuando el Estado abandona a quienes sostienen funciones esenciales, el daño no se limita a ellos. Impacta en la Justicia, en la seguridad pública y, finalmente, en toda la sociedad. Negar esta realidad no hará más que profundizar una crisis que ya dejó de ser sectorial para convertirse en plenamente institucional.
