El proyecto, clave tras la reforma constitucional, comenzó a debatirse en Diputados. Aunque se escucharon propuestas, desde la oposición advierten que el texto ya está prácticamente cerrado.
La Cámara de Diputados de Santa Fe dio un nuevo paso en el tratamiento de una de las leyes más relevantes del año: la nueva Ley Orgánica de Municipios, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo tras la sanción de la reforma constitucional y que redefine el funcionamiento institucional de los gobiernos locales.
En un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Gobiernos Locales, el oficialismo avanzó con el análisis del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. Sin embargo, más allá de la apertura formal al debate, desde distintos sectores de la oposición comenzaron a plantear reparos sobre el proceso.
Un debate con final previsible
Durante la reunión, legisladores de diferentes bloques expusieron observaciones y acercaron propuestas de modificación. No obstante, según trascendió en el ámbito parlamentario, el margen para introducir cambios sustanciales sería mínimo.
La señal política fue clara: el oficialismo pretende avanzar con el texto tal como fue aprobado en la Cámara Alta, limitando eventuales modificaciones a aspectos técnicos o de redacción.
Esta postura generó críticas en la oposición, que advierte que el tratamiento corre el riesgo de transformarse en una instancia meramente formal, sin una discusión real sobre los puntos centrales de la norma.
Una ley clave tras la reforma constitucional
El proyecto forma parte del paquete de leyes derivadas de la nueva Constitución provincial sancionada en 2025, y tiene como eje principal el reconocimiento de la autonomía municipal en sus dimensiones institucional, política, administrativa, económica y financiera.
Entre los aspectos más relevantes, la iniciativa habilita a los municipios con más de 10.000 habitantes a dictar sus propias Cartas Orgánicas, redefine el funcionamiento de los Concejos Municipales y establece nuevos criterios para la organización institucional en función de la cantidad de habitantes.
También introduce cambios en el régimen económico y financiero, fijando límites al endeudamiento, estableciendo principios tributarios y fortaleciendo los mecanismos de control y transparencia.
Cuestionamientos por recursos y federalismo interno
Uno de los principales puntos de tensión señalados por la oposición tiene que ver con la distribución de recursos y el alcance real de la autonomía municipal.
Legisladores opositores advierten que el proyecto no resuelve de manera clara la transferencia de fondos y podría generar nuevas desigualdades entre municipios, especialmente en un contexto donde las diferencias territoriales ya son significativas.
A esto se suma el planteo de ampliar el debate incorporando a intendentes, presidentes comunales y trabajadores municipales, una propuesta que aún no tiene definición concreta y que dependerá de las próximas instancias parlamentarias.
Un tratamiento acelerado
El oficialismo ya dejó trascender su intención de avanzar con celeridad en el tratamiento del proyecto. En la primera reunión se analizaron los primeros 43 artículos de un total de 111, y se prevé continuar con el debate en los próximos días.
La hoja de ruta incluye nuevas reuniones de comisión y una posible votación en el corto plazo, lo que refuerza la percepción de que el texto podría aprobarse con pocos cambios respecto a su versión original.
Un debate abierto, pero con límites
La ley orgánica de municipios aparece como una de las piezas centrales del nuevo andamiaje institucional de Santa Fe. Sin embargo, su tratamiento deja al descubierto una tensión que atraviesa a buena parte de la agenda legislativa: la distancia entre las instancias formales de debate y la posibilidad real de incidir en los proyectos.
Mientras el oficialismo avanza con su hoja de ruta, la oposición insiste en la necesidad de una discusión más profunda y participativa. El resultado final marcará no solo el alcance de la autonomía municipal, sino también el tono político de la etapa que se abre tras la reforma constitucional.
