En el marco de la Convención Constituyente de la provincia de Santa Fe, el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) realizó una fuerte denuncia sobre la situación que atraviesa el periodismo, con críticas tanto al gobierno nacional de Javier Milei como al provincial de Maximiliano Pullaro. En una audiencia pública, el gremio advirtió sobre el creciente clima de hostigamiento, censura indirecta y uso discrecional de la pauta oficial, que afecta directamente la libertad de expresión y las condiciones de trabajo de los medios y periodistas.
El secretario general del SPR, Edgardo Carmona, fue contundente al describir el contexto actual. “Los periodistas la estamos pasando mal, por eso estamos acá. Queremos hacer periodismo de calidad, pero estamos siendo perseguidos y amenazados”, sostuvo. Y fue más allá al vincular esta situación con políticas activas por parte de las autoridades: “No se puede construir una democracia con un gobierno nacional que judicializa la crítica, que nos amenaza y que promueve el odio hacia los periodistas. ¿Con qué fin hay que odiarnos más?”, se preguntó.
Pero la preocupación no se limita al plano nacional. Según Carmona, existe un correlato claro en Santa Fe, donde —denunció— el gobierno de Maximiliano Pullaro mantiene una relación estrecha con los grandes grupos mediáticos hegemónicos, lo que se traduce en presión política, disciplinamiento informativo y discriminación abierta a medios que no responden a los intereses oficiales. “La pauta oficial se sigue usando como una herramienta de premio y castigo. No hay criterios claros ni democráticos, y eso genera una situación de indefensión y autocensura que debilita el derecho a la información de toda la sociedad”, afirmó el dirigente gremial.
Un reclamo con base constitucional
La intervención de Carmona se dio en el marco de la audiencia pública de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención Reformadora, donde se presentó una propuesta conjunta para reformar el artículo 11 de la Constitución Provincial, referido al derecho a la información y la comunicación.
La iniciativa fue elaborada por el SPR, la Asociación de Prensa de Santa Fe, la Escuela de Comunicación Social de la UNR, el Instituto Superior N.º 18, el Instituto de Periodismo Rosario y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), entre otras entidades.
Entre los puntos destacados del proyecto, se incluye:
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La garantía del acceso libre, amplio y rápido a la información pública.
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El secreto profesional y la protección de las fuentes.
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El reconocimiento de la comunicación como un derecho humano.
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La obligación estatal de sostener medios públicos y fomentar los comunitarios.
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La democratización de la pauta oficial, regulada por ley, con criterios objetivos y distribución federal.
“La pauta debe dejar de ser un resorte de extorsión. Necesitamos una distribución democrática, que garantice el pluralismo y no castigue a los medios que tienen líneas editoriales críticas”, denunció Carmona. En la misma línea se expresó Florencia San Julián, abogada del SPR, quien advirtió que “el acceso a la información pública es una herramienta esencial de trabajo para el periodismo, y debe estar reflejado en la nueva Constitución”.
Pablo Jiménez, en representación de la Asociación de Prensa de Santa Fe, también destacó la importancia de que el Estado garantice el funcionamiento de los medios públicos: “Este proyecto busca representar a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa. No es una propuesta sectorial, es una defensa de la democracia”.
Libertad de expresión bajo amenaza
La presentación del proyecto y las denuncias del sector periodístico se dan en un contexto complejo, donde cada vez más voces alertan sobre una regresión en los estándares democráticos en relación con la libertad de prensa.
Desde el SPR remarcaron que el Gobierno de Javier Milei ha instalado un discurso de estigmatización y desprecio hacia el periodismo profesional, mientras que el Gobierno de Santa Fe mantiene prácticas de disciplinamiento editorial mediante el control discrecional de los fondos públicos destinados a la comunicación.
“Pedimos que esta Constitución marque un antes y un después. Que abrace la libertad de información como un bien tutelado por el Estado y como una base fundamental para la democracia”, concluyó Carmona.
