Mientras la discusión pública se concentró en las declaraciones del gobernador contra abogados y contadores vinculados al crimen organizado y en la dura respuesta de los penalistas rosarinos, en Diputados ocurrió algo políticamente más profundo. Diputados aprobó un pedido de Martín Rosúa para requerir a la Corte actuaciones vinculadas a una resolución de la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena sobre un procedimiento realizado con LINCE. El fallo ya había sido revisado y revocado por una instancia judicial superior. Sin embargo, la política decidió volver sobre él. Otro capítulo de una forma de ejercer el poder que abre interrogantes sobre los límites que el Ejecutivo está dispuesto a reconocer frente a una Justicia que lo contradice.
La escena que se llevó buena parte de la atención mediática ocurrió fuera de la Legislatura. Maximiliano Pullaro participó de una cumbre sobre crimen organizado y lanzó una frase destinada a generar repercusiones: había que avanzar sobre los abogados y contadores que forman parte de las estructuras criminales.
La reacción llegó desde la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario. La entidad rechazó las declaraciones y advirtió sobre sus consecuencias institucionales. También formuló un planteo sencillo: si el gobernador conoce delitos cometidos por profesionales del Derecho, en su condición de funcionario público debe denunciarlos para que sean investigados.
La discusión continuó y Pullaro volvió sobre sus declaraciones, diferenciando a quienes ejercen legítimamente una defensa de aquellos profesionales que, según sostuvo, integran organizaciones criminales. El intercambio fue fuerte. Pero mientras las miradas estaban colocadas allí, en la Cámara de Diputados sucedía algo quizás menos estridente y, desde el punto de vista institucional, mucho más relevante.
La mayoría oficialista aprobó un proyecto del diputado radical Martín Rosúa para solicitar a la Corte Suprema de Justicia información y documentación pública relacionada con una resolución dictada por la jueza de Menores de Rosario María Dolores Aguirre Guarrochena.
No se trataba de cualquier resolución. Era el fallo por el cual la magistrada había declarado nulo un allanamiento realizado durante una investigación apoyada en el sistema de videovigilancia e inteligencia artificial LINCE. Y era, fundamentalmente, una decisión judicial que ya había provocado una reacción pública del Gobierno provincial.
Cuando una resolución no gusta
El episodio comenzó a partir de la investigación de una balacera ocurrida el 19 de junio contra una vivienda de Entre Ríos al 6200, en Rosario. Mediante LINCE se reconstruyó el recorrido de sospechosos utilizando imágenes obtenidas por cámaras de videovigilancia. El seguimiento condujo hasta una vivienda ubicada en España al 7000, donde la Policía ingresó sin una orden judicial y detuvo a un adolescente de 17 años.
Aguirre Guarrochena posteriormente declaró nulo ese allanamiento. Hay un elemento indispensable para comprender lo sucedido: la jueza no anuló la investigación ni la imputación del adolescente. Su resolución se concentró en otra cuestión: determinar si el Estado podía ingresar a una vivienda sin orden judicial en las condiciones en que lo había hecho.
La magistrada consideró que habían transcurrido más de doce horas desde el delito y que ya no existía una situación de urgencia o flagrancia que justificara prescindir de la autorización de un juez. El Gobierno reaccionó. La vocera provincial Virginia Coudannes cuestionó públicamente a Aguirre Guarrochena y llegó a expresar: “Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas”.
La frase trasladó una discusión estrictamente jurídica al terreno político. Porque una cosa es que una resolución judicial sea revisada por otro magistrado. Ese es precisamente el funcionamiento normal de un sistema judicial. Otra diferente es que desde el Poder Ejecutivo se desacredite públicamente a quien tomó esa decisión.
La Justicia hizo lo que debía hacer: revisó el fallo
La resolución de Aguirre Guarrochena efectivamente fue revisada. El camarista Tomás Orso revocó posteriormente la nulidad. Pero lo hizo desde la Justicia.
La diferencia entre ambos magistrados estuvo en la interpretación de un problema jurídico novedoso provocado por la utilización de inteligencia artificial en investigaciones criminales. Aguirre Guarrochena entendió que la urgencia debía computarse desde el momento en que ocurrió el delito. Orso interpretó que podía considerarse desde que el sistema tecnológico produjo el informe que permitió individualizar el domicilio.
Es decir: una jueza resolvió de determinada manera y un magistrado de una instancia superior sostuvo posteriormente otro criterio. El propio Poder Judicial encontró dentro de sus mecanismos institucionales la manera de revisar la decisión. El expediente siguió su curso. Sin embargo, para la política provincial el asunto no terminó allí.
Después del Ejecutivo llegó la Legislatura
El jueves 1° de octubre, Diputados aprobó el pedido impulsado por Rosúa para solicitar a la Corte documentación vinculada con aquella resolución. El diputado radical explicó que su objetivo no era revisar el fallo ni interferir en las atribuciones judiciales. Su argumento fue que la Legislatura necesita contar con información para avanzar en una regulación de LINCE.
El propio texto de la iniciativa sostiene que el pedido “no procura revisar decisiones jurisdiccionales, sustituir la función de los jueces ni interferir en procesos judiciales en trámite”, sino obtener información institucional que permita evaluar el funcionamiento de la herramienta.
Esa es la explicación formal. Pero existe una secuencia política que resulta imposible ignorar. Primero una jueza tomó una decisión contraria a la posición del Gobierno. Después fue cuestionada públicamente desde el Ejecutivo. La propia magistrada denunció posteriormente que esas descalificaciones constituían un intento de “disciplinamiento”. Su resolución fue luego revisada por el mecanismo institucional correspondiente y revocada por un camarista. Y, aun así, el asunto terminó llegando a la Cámara de Diputados, donde la mayoría oficialista aprobó un requerimiento relacionado precisamente con aquella actuación judicial.
La pregunta política aparece inevitablemente: si la Justicia ya había revisado el fallo dentro de sus propios mecanismos, ¿por qué necesitaba la política volver sobre aquella resolución particular?
Rosúa dice que quiere legislar sobre LINCE
El argumento del diputado oficialista merece ser explicitado. Rosúa sostiene que existe un vacío jurídico alrededor de LINCE y que, para regular adecuadamente la herramienta, Diputados necesita conocer los antecedentes que generaron controversias sobre su utilización.
La incorporación de inteligencia artificial a las investigaciones criminales efectivamente plantea problemas que deberán ser discutidos. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir entre un delito y un allanamiento realizado sin orden judicial? ¿Puede un informe tecnológico producido varias horas después mantener vigente una situación de flagrancia? ¿Quién determina que la información obtenida mediante un algoritmo es suficiente para ingresar a un domicilio?
Son interrogantes legítimos y la Legislatura tiene facultades para establecer normas sobre la utilización de estas nuevas herramientas. Pero precisamente por eso aparece otra pregunta: ¿era necesario poner bajo la lupa legislativa el fallo de una jueza concreta para hacerlo?. La oposición entendió que no.
“No tenemos competencia para revisar sentencias”
Carlos Del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, Lucila De Ponti, del peronismo, y Silvia Malfesi, de Somos Vida, rechazaron la iniciativa. De Ponti recordó que el Poder Judicial tiene sus propios mecanismos de revisión y señaló que justamente la decisión cuestionada había sido revertida por una instancia superior.
Malfesi planteó que Diputados no tiene competencia para revisar sentencias judiciales y cuestionó la iniciativa desde el principio de división de poderes. Del Frade utilizó palabras todavía más duras y calificó el pedido como una decisión propia de un “comisario político”. También vinculó lo sucedido con una pretensión del Ejecutivo de avanzar sobre otros poderes del Estado.
La mayoría oficialista terminó imponiéndose. Y allí está el dato político que merece ser observado más allá de la discusión jurídica sobre LINCE.
Una manera de ejercer el poder
Desde que llegó a la Casa Gris, Pullaro construyó buena parte de su capital político alrededor de una idea: el Estado debía recuperar autoridad. Lo hizo particularmente en seguridad, pero esa concepción atravesó otras áreas de su administración. El problema comienza cuando la recuperación de autoridad se confunde con la necesidad de que los demás poderes acompañen las decisiones del Ejecutivo.
La división de poderes tiene sentido precisamente cuando existen desacuerdos. Una Justicia independiente no es aquella que acompaña las políticas de seguridad de un gobierno porque considera acertados sus objetivos. Es aquella que puede controlar cómo se ejecutan esas políticas aun cuando su decisión resulte incómoda para quienes gobiernan.
La resolución de Aguirre Guarrochena podía ser jurídicamente equivocada. De hecho, un camarista posteriormente sostuvo un criterio diferente y la revocó. Pero esa discusión correspondía a la Justicia. Y la Justicia la resolvió.
Por eso, lo significativo del episodio no está en determinar quién tenía razón sobre aquel allanamiento. Está en observar qué hizo la política cuando una jueza tomó una decisión que contradijo una política central del Gobierno. Primero llegó la descalificación pública. Después apareció la Legislatura.
El antecedente preocupa más que el expediente
Puede argumentarse que Diputados solamente solicitó información pública. También puede sostenerse, como hizo Rosúa, que esos antecedentes servirán para elaborar una futura regulación de LINCE. Pero la política no ocurre en compartimentos estancos. Los actos deben observarse también dentro del contexto en el que se producen.
El pedido legislativo no apareció antes de la controversia. Llegó después de que la jueza fuera públicamente cuestionada desde el Gobierno por el contenido de su resolución. Y después de que la propia magistrada denunciara que existía una intención de disciplinamiento.
Aguirre Guarrochena sostuvo que las descalificaciones provenientes del poder político no afectan solamente al juez que circunstancialmente las recibe, sino que pueden enviar un mensaje hacia el resto de los magistrados. “Lo preocupante, desde el punto de vista institucional y del Estado democrático, son estos dichos que tienen que ver con una pretensión de control político sobre los jueces a través de la desacreditación, el linchamiento mediático y la deslegitimación”, expresó.
Su planteo pone el foco precisamente donde debería estar la discusión. No en Aguirre Guarrochena. No en Rosúa. Ni siquiera exclusivamente en LINCE. Sino en el mensaje que recibe cualquier magistrado que mañana tenga que decidir sobre una política impulsada por el Ejecutivo.
Pullaro, los abogados y una coincidencia temporal que expone el problema
Por eso las declaraciones del gobernador contra abogados y contadores vinculados a organizaciones criminales adquieren importancia dentro de esta secuencia, aunque no sean el centro de la historia.
Pullaro tiene derecho a impulsar investigaciones sobre cualquier profesional que participe de una organización criminal. Ser abogado no otorga inmunidad para cometer delitos. Pero también existe una diferencia elemental entre investigar conductas delictivas concretas y lanzar cuestionamientos generales desde la máxima autoridad política de una provincia.
Eso fue precisamente lo que señalaron los penalistas rosarinos. La Asociación respondió que, si el gobernador tiene conocimiento de delitos cometidos por profesionales del Derecho, tiene la obligación de denunciarlos para que sean investigados.
El planteo devuelve la discusión al lugar institucional que corresponde: si existe un delito, se denuncia; si existe una prueba, se investiga; y si existe responsabilidad, la determina la Justicia. No el discurso político.
Seguridad e independencia judicial no deberían ser conceptos enfrentados
Santa Fe atravesó durante años una crisis de violencia que exigía respuestas profundas del Estado. La utilización de tecnología, la investigación criminal y la persecución de las estructuras económicas de las organizaciones delictivas forman parte de una discusión necesaria sobre cómo enfrentar ese problema.
Pero combatir al crimen organizado no exige debilitar los controles institucionales. Todo lo contrario. Cuanto mayores son las herramientas que el Estado incorpora para investigar, perseguir y detener personas, mayores deberían ser también los mecanismos destinados a controlar cómo utiliza ese poder.
LINCE representa precisamente ese desafío. La inteligencia artificial permite capacidades de seguimiento que pocos años atrás no existían. Eso obliga a actualizar las normas. Pero ninguna tecnología puede convertir una garantía constitucional en un obstáculo incómodo que deba apartarse cuando dificulta una investigación. Y ningún juez debería tener que preguntarse, antes de firmar una resolución, cuál será la reacción del Gobierno si su decisión contradice una política oficial.
El verdadero debate detrás de LINCE
El episodio podría reducirse a una discusión sobre un allanamiento. Sería quedarse con una parte mínima del problema. También podría presentarse simplemente como otra disputa entre oficialismo y oposición. Pero existe una cuestión más profunda.
La discusión es hasta dónde puede avanzar un gobierno que posee poder político, respaldo legislativo y una política de seguridad convertida en una de sus principales banderas cuando encuentra un límite en otro poder del Estado.
La Justicia puede equivocarse. Para eso existen las apelaciones. Los jueces pueden cometer faltas. Para eso existen mecanismos institucionales de control y enjuiciamiento. Y los fallos pueden ser criticados públicamente.
Pero existe una diferencia entre discutir una sentencia y utilizar el peso político del Estado para colocar bajo observación a quien la dictó. Eso es precisamente lo que convierte al caso Aguirre Guarrochena en algo mucho más importante que una controversia sobre LINCE.
Porque su fallo fue revisado, fue apelado y fue revocado. El sistema judicial funcionó. La pregunta que queda es por qué, después de todo eso, el poder político necesitó seguir avanzando sobre aquella resolución.
Y esa pregunta ya no habla solamente de una jueza, de un allanamiento o de una herramienta de inteligencia artificial. Habla de algo bastante más grande: los límites que está dispuesto a reconocer un gobierno cuando enfrente suyo aparece un poder que, simplemente, decide algo distinto.
