La escena fue judicial, pero el efecto fue político. El ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Saín se presentó este miércoles en los tribunales santafesinos en el marco de la causa que lo investiga por presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas destinadas a la Policía (Foto LT10). Sin embargo, lo que debía ser una jornada técnica terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de alto voltaje institucional: a la salida de la audiencia, Saín aseguró que la caída de los homicidios en Rosario responde a un supuesto acuerdo del actual gobernador Maximiliano Pullaro con organizaciones narco criminales.
La declaración, directa y sin matices, reavivó viejas tensiones dentro del sistema político y volvió a poner en primer plano a un ex funcionario cuya gestión estuvo marcada por enfrentamientos con la Policía, conflictos internos en el Ministerio Público y una estrategia de seguridad que generó fuertes controversias.
Una causa judicial con derivaciones políticas
Saín está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de defraudación a la administración provincial en una operación estimada en unos 17 millones de dólares. La investigación también alcanza a ex funcionarios de su gestión y a una empresa privada presuntamente beneficiada por la licitación.
Tras la audiencia —que pasó a cuarto intermedio— el ex ministro denunció que el expediente “es netamente político” y sostuvo que, luego de cinco años de investigación, “las pruebas de la Fiscalía no están claras”. En ese marco, planteó que la causa sería parte de una ofensiva en su contra por investigaciones que, según afirmó, tocaron “estructuras de poder”.
En su reconstrucción, Saín recordó procesos judiciales impulsados durante su paso por el Ministerio y por el Organismo de Investigaciones, entre ellos el que derivó en la condena del ex fiscal regional Patricio Serjal por juego clandestino. También volvió a mencionar al senador Armando Traferri, al estimar que podría correr la misma suerte judicial cuando ese expediente llegue a juicio.
A la vez, apuntó contra el ex gobernador Omar Perotti, al sugerir que su administración no sostuvo políticamente las investigaciones cuando comenzaron a rozar intereses empresariales y dirigentes de peso.
El punto de quiebre: la acusación contra Pullaro
El tramo más sensible de sus declaraciones llegó cuando fue consultado por la actual política de seguridad y la baja de homicidios registrada en Rosario. Allí, Saín fue categórico: afirmó que esa reducción no responde a una transformación estructural del sistema, sino a un entendimiento entre el gobierno provincial y las bandas.
“Pullaro pactó con los criminales, con los narcos, y entonces hubo una caída estrepitosa de la lucha entre las bandas”, sostuvo, y fue más allá al describir un supuesto ordenamiento del mercado ilegal de drogas como explicación del descenso de la violencia letal. En su relato, habló de una suerte de reparto territorial que habría reducido los enfrentamientos armados.
La acusación impacta de lleno en el corazón del discurso oficial, que viene mostrando estadísticas favorables en materia de homicidios como uno de los principales logros de gestión. También reabre un debate de fondo: si la baja de la violencia puede explicarse únicamente por políticas públicas o si existen factores informales que operan por debajo del radar institucional.
Viejas disputas, nuevas tensiones
Saín también volvió sobre sus polémicas expresiones contra la conducción policial de gestiones anteriores, aclarando que sus críticas estaban dirigidas a mandos específicos y no al conjunto de la fuerza. A la vez, insistió en presentarse como un funcionario honesto y desligó su situación judicial de cualquier beneficio personal.
En paralelo, enfrenta una segunda causa por presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos, policías, empresarios, periodistas y funcionarios judiciales durante su paso por el Ejecutivo provincial, donde la Fiscalía solicitó una pena elevada al acusarlo de liderar una asociación ilícita.
Un regreso con alto costo institucional
La reaparición pública del ex ministro no solo vuelve a colocar su figura en el centro de la escena, sino que introduce un elemento disruptivo en el debate sobre seguridad: la insinuación de acuerdos con el crimen organizado por parte del actual gobierno provincial.
Más allá del recorrido judicial de sus causas, el impacto político de sus palabras ya está en marcha. En una provincia donde la violencia urbana sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales, y donde el oficialismo busca consolidar su narrativa de recuperación del control territorial, la acusación de Saín agrega ruido, tensiona al sistema y vuelve a exponer la fragilidad del consenso en torno a cómo se construye —y se comunica— la política de seguridad en Santa Fe.
