La tensión entre los gremios docentes y el Gobierno de Santa Fe volvió a escalar luego de que la administración provincial decidiera otorgar un aumento salarial de manera unilateral, sin convocar a paritarias y desoyendo —una vez más— el pedido de los sindicatos para retomar la discusión formal. La medida expuso un conflicto que crece desde principios de año: una política salarial definida por decreto y una negociación colectiva que, pese a ser obligatoria por ley, permanece cerrada.
El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) se convirtió en una de las voces más duras frente a la decisión gubernamental. Su secretario general en Rosario, Martín Lucero, salió a cuestionar públicamente el incremento anunciado, calificándolo como “insuficiente, ilegal y profundamente alejado de la realidad económica que atraviesan las y los docentes santafesinos”. Las declaraciones resonaron con fuerza en un clima político marcado por el desgaste del gabinete, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y el desencanto sindical con la gestión de Maximiliano Pullaro.
La crítica de Lucero apunta a tres frentes: el monto del incremento, la metodología elegida para otorgarlo y el incumplimiento de promesas realizadas por el propio gobierno durante la campaña. “Es un insulto a la docencia y un insulto a la inteligencia de todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública”, afirmó el dirigente, al cuestionar no solo la magnitud del aumento, sino también la decisión de anunciarlo sin diálogo ni convocatoria previa. Y lanzó una frase que resume el malestar gremial: “Ministro Goity: no tema, siéntese a dialogar con los gremios”.
Los números acompañan la denuncia sindical. SADOP remarcó que la inflación acumulada en el año ya ronda el 27%, mientras que el aumento real que llegará a los bolsillos docentes no alcanza el 20%. Esto implica una pérdida inmediata de 7 puntos en 2024, que se suma al deterioro previo del salario. Lucero fue aún más contundente al dimensionar el impacto acumulado: “La caída del poder adquisitivo se acerca al 30%”, aseguró, y estimó que “cada docente perdió entre 7 y 8 millones de pesos desde que asumió el actual gobierno”. Para la conducción sindical, esa cifra refleja no solo el retraso salarial, sino también la distancia entre los compromisos asumidos y las acciones concretas del Ejecutivo.
El rechazo también se centra en la legalidad del mecanismo utilizado. SADOP insiste en que la provincia está incumpliendo la ley de paritarias, que obliga al gobierno a convocar a los sindicatos después de cada rechazo formal de una propuesta. La administración provincial, sin embargo, optó por avanzar a través de decretos, una metodología que para Lucero expone la falta de voluntad política: “La decisión de no convocar a paritarias es ilegal. El gobernador no está cumpliendo con su palabra: prometieron cláusula gatillo y paritarias libres, y lo que hoy tenemos son aumentos por decreto y un diálogo cerrado”.
El sindicato alerta además sobre el impacto diferencial que sufren los trabajadores del sistema educativo. Los salarios docentes —ya por debajo de la media nacional— continúan erosionándose en un contexto inflacionario que presiona mes a mes. Lucero sintetizó esa preocupación con crudeza: “Las y los docentes pagan el precio con su sueldo, viendo cómo sus ingresos se empobrecen mes a mes”.
La situación abre interrogantes sobre el rumbo político del gobierno provincial. Después del golpe electoral del 26 de octubre, Pullaro no realizó cambios en su gabinete, pese a las presiones internas para revisar la conducción de áreas clave como Educación, Trabajo y Hacienda. Al mismo tiempo, mantiene una estrategia de negociación salarial que profundiza el conflicto con los gremios, una dinámica que amenaza con tensar aún más la relación con los sectores involucrados en la educación pública y privada.
Para SADOP, la salida es inequívoca: diálogo real, paritarias abiertas y recuperación urgente del salario. Para el Gobierno, el desafío será decidir si insiste en las decisiones unilaterales o si reencauza una relación sindical que hoy se encuentra en su punto de mayor fricción desde el inicio de la gestión.
