La diputada Lionella Cattalini presentó un proyecto para reglamentar el nuevo Jurado de Enjuiciamiento incorporado por la Constitución santafesina de 2025. La propuesta busca terminar con los mecanismos diferenciados para jueces, fiscales y defensores y establecer un procedimiento común, acusatorio, oral y público. En un escenario atravesado por cuestionamientos sobre la intervención de la política en asuntos judiciales, desde uno de los partidos que integra el oficialismo aparece una iniciativa que pretende aportar reglas claras, transparencia y equilibrio institucional.
La relación entre política y Justicia volvió a ocupar durante los últimos meses un lugar central en la discusión pública santafesina. Las actuaciones de jueces, fiscales y defensores, pero también los mecanismos utilizados para investigarlos, sancionarlos o eventualmente apartarlos de sus cargos, quedaron atravesados por cuestionamientos provenientes de diferentes sectores institucionales y profesionales.
En ese contexto, y mientras se discuten los límites que debe tener la política a la hora de intervenir sobre las actuaciones de quienes integran el sistema judicial, desde el propio oficialismo provincial surgió una iniciativa que propone modificar sustancialmente las reglas existentes.
La diputada provincial socialista Lionella Cattalini presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reglamentar el nuevo Jurado de Enjuiciamiento establecido por la Constitución reformada en 2025. La propuesta apunta a terminar con los sistemas diferenciados que históricamente existieron para juzgar la conducta de jueces, fiscales y defensores y establecer un mecanismo común para todos ellos.
La iniciativa reglamenta los artículos 142 y 143 de la nueva Carta Magna provincial, que redefinieron el régimen de enjuiciamiento para magistrados, procuradores, fiscales y defensores ante faltas graves o delitos dolosos. El procedimiento previsto constitucionalmente deberá desarrollarse bajo un modelo acusatorio, oral y público y garantizar el debido proceso.
El cambio no es menor. Supone abandonar una estructura que durante años estableció mecanismos distintos según quién fuera el funcionario judicial cuestionado y avanzar hacia un esquema en el que las responsabilidades institucionales sean analizadas bajo reglas comunes.
De dos sistemas diferentes a un mismo Jurado
Hasta la reforma constitucional, Santa Fe mantenía mecanismos diferentes para evaluar la responsabilidad de los distintos integrantes del sistema judicial. El juzgamiento de los jueces provinciales estaba vinculado a un mecanismo en el que intervenía la Corte Suprema de Justicia, mientras que en el caso de los fiscales el procedimiento quedaba en manos de la Legislatura.
La propia Cattalini sintetizó uno de los objetivos de la reforma al explicar que el nuevo régimen permitirá salir tanto del esquema legislativo aplicado a los fiscales como del existente para los jueces, para avanzar hacia un procedimiento idéntico para los diferentes actores alcanzados.
La nueva Constitución modificó esa arquitectura y creó un Jurado de Enjuiciamiento destinado a intervenir ante faltas graves o delitos dolosos. Lo que resta ahora es transformar esa disposición constitucional en un mecanismo operativo. Precisamente allí aparece el proyecto presentado por la diputada socialista.
La propuesta busca reglamentar la integración y funcionamiento del Jurado, las características del procedimiento y el órgano encargado de llevar adelante la acusación. El texto ingresó recientemente a la Legislatura y deberá comenzar su recorrido por las comisiones antes de llegar al recinto.
Un Jurado con representación judicial, política y profesional
La composición del nuevo organismo también pretende modificar la lógica existente.
De acuerdo con la iniciativa, el Jurado estará integrado por un ministro de la Corte Suprema de Justicia; el fiscal general o el defensor general, dependiendo de quién sea sometido al procedimiento; dos jueces, fiscales o defensores según corresponda; tres senadores; tres diputados con representación de las minorías; y dos abogados matriculados en los colegios profesionales de la provincia. De esta manera, ninguna de las estructuras involucradas tendrá por sí sola la totalidad del procedimiento.
La composición combina representantes del Poder Judicial, los ministerios públicos, la Legislatura y los colegios profesionales. No significa eliminar a la política del sistema de enjuiciamiento. Diputados y senadores seguirán teniendo participación. La diferencia reside en que esa intervención formará parte de un Jurado integrado también por otros estamentos y dentro de un procedimiento común previamente establecido.
Ese punto adquiere especial importancia frente a una discusión que excede al proyecto de Cattalini: cómo establecer mecanismos de rendición de cuentas sobre jueces, fiscales y defensores sin convertir esos procedimientos en herramientas de presión política sobre decisiones judiciales.
Controlar sin afectar la independencia judicial
La discusión contiene una tensión institucional difícil de evitar.
La independencia judicial no significa ausencia de controles. Jueces, fiscales y defensores ejercen responsabilidades públicas y, como tales, deben existir procedimientos capaces de determinar responsabilidades cuando se presentan faltas graves o delitos dolosos.
Pero esos mecanismos también necesitan garantías suficientes para evitar que una decisión judicial, una investigación penal o una actuación profesional que resulte incómoda para algún sector del poder pueda transformarse automáticamente en motivo de persecución.
Ese equilibrio fue uno de los debates de la Convención Reformadora de 2025.
Cattalini sostuvo que durante aquel proceso se discutió cómo equilibrar el poder y garantizar la independencia de la Justicia al mismo tiempo que se establecían mecanismos claros de control y rendición de cuentas.
Para la legisladora, el nuevo régimen implica abandonar lo que definió como una “lógica corporativa” y avanzar hacia reglas comunes para los distintos integrantes del sistema judicial. La propuesta introduce además una característica central: el procedimiento deberá ser acusatorio, oral y público.
La publicidad de las audiencias pretende permitir que el proceso pueda ser conocido y seguido por la sociedad, mientras que el modelo acusatorio busca diferenciar las funciones dentro del procedimiento y garantizar el derecho de defensa.
Según explicó la diputada, el objetivo es contar con un sistema abierto que permita conocer qué sucede con las denuncias presentadas contra funcionarios judiciales.
Las mismas reglas para jueces, fiscales y defensores
Otro de los aspectos centrales del proyecto es la equiparación del procedimiento. Las funciones de un juez no son iguales a las de un fiscal ni a las de un defensor. Tampoco son idénticas sus responsabilidades dentro de un proceso judicial.
Sin embargo, la propuesta parte de una premisa: todos ejercen responsabilidades públicas y, frente a las causales previstas constitucionalmente, deben quedar sometidos a reglas comunes. Para Cattalini, allí existe un verdadero cambio de paradigma.
La nueva estructura busca evitar que la pertenencia a determinado organismo determine quién juzga la conducta del funcionario cuestionado y bajo qué procedimiento lo hace.
En cambio, pretende establecer previamente las reglas, los integrantes del Jurado, las garantías procesales y las condiciones bajo las cuales puede avanzar un procedimiento de remoción.
La Constitución de 2025 ya estableció las bases. La discusión que comienza ahora en la Legislatura determinará cómo funcionará concretamente el sistema.
Un proyecto que aparece en medio de una Justicia bajo discusión
El momento elegido para impulsar la reglamentación tampoco pasa inadvertido.
Santa Fe atraviesa una etapa en la que la relación entre poder político y sistema judicial se encuentra permanentemente bajo observación. Desde distintos sectores se vienen cuestionando las formas utilizadas para evaluar actuaciones de magistrados y funcionarios judiciales y, particularmente, hasta dónde puede llegar la intervención política cuando existen diferencias con determinadas decisiones.
En ese contexto, resulta relevante que una propuesta para modificar esos mecanismos surja precisamente desde uno de los partidos integrantes de Unidos para Cambiar Santa Fe.
El Socialismo forma parte del oficialismo provincial y Cattalini integra el bloque que acompaña políticamente a la administración de Maximiliano Pullaro.
Por eso, la iniciativa introduce un debate hacia adentro de la propia coalición gobernante: cómo compatibilizar la necesidad de controlar a quienes ejercen responsabilidades dentro del Poder Judicial y los ministerios públicos con la obligación de preservar su independencia frente al poder político.
La propuesta no elimina la participación legislativa ni impide que puedan existir controversias alrededor de futuros procesos de enjuiciamiento. Lo que plantea es modificar el diseño institucional para que jueces, fiscales y defensores sean sometidos a un procedimiento previamente establecido, público y común.
Un bálsamo institucional en medio de las tensiones
En momentos en los que diferentes actores advierten sobre el riesgo de que las disputas políticas terminen trasladándose al terreno judicial, la iniciativa presentada por Cattalini aparece como un intento de establecer límites, procedimientos y responsabilidades más precisas.
Puede convertirse, en ese sentido, en un bálsamo institucional dentro de una discusión cargada de tensiones.
No porque desaparezca la política del sistema —la propia integración constitucional del Jurado contempla diputados y senadores— sino porque busca evitar que un único poder o corporación concentre el juzgamiento y propone distribuir esa responsabilidad entre diferentes estamentos.
La discusión legislativa será ahora determinante.
Cattalini aseguró que el proyecto fue trabajado previamente con diferentes actores del sistema judicial, incluidos representantes del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa, aunque será el debate parlamentario el que defina finalmente sus alcances.
La reforma constitucional modificó las reglas generales. Falta construir el mecanismo que permita aplicarlas.
Y en una provincia donde la independencia judicial, los límites de la política y los mecanismos para controlar a quienes administran Justicia volvieron a instalarse en el centro del debate, la reglamentación del nuevo Jurado de Enjuiciamiento puede convertirse en una de las discusiones institucionales más importantes de la etapa posterior a la Reforma.
El desafío será encontrar un equilibrio que parece sencillo de formular pero mucho más complejo de garantizar: que jueces, fiscales y defensores rindan cuentas cuando corresponda, pero que ninguna herramienta de control pueda transformarse en un mecanismo de presión frente a decisiones que incomoden al poder.
