La crisis institucional de la Escuela Técnica Nº 394 Francisco Gurruchaga de Rosario llegó a la Legislatura después de meses de reclamos de estudiantes y familias. Madres de la comunidad educativa, relataron situaciones de destrato, falta de diálogo, restricciones y episodios que consideran graves durante la intervención dispuesta por el Ministerio de Educación. Carlos Del Frade y Miguel Rabbia presentaron pedidos de informes para que el Gobierno explique los motivos, resultados y continuidad de una medida que comenzó en mayo de 2025.
La Escuela Técnica Nº 394 Francisco Gurruchaga atraviesa desde hace aproximadamente un año y medio una intervención que, lejos de cerrar los problemas que motivaron la decisión del Ministerio de Educación, terminó abriendo un conflicto cada vez mayor con una parte de su comunidad educativa. Estudiantes y familias comenzaron a hacer públicas denuncias sobre presuntos malos tratos, falta de escucha institucional, restricciones en la vida cotidiana de la escuela y situaciones que consideran incompatibles con la responsabilidad que supone conducir un establecimiento educativo con adolescentes.
Dos madres de la institución, Carolina Bergolo y Patricia Maciel, expusieron parte de esos reclamos durante una entrevista en Democráticamente, el programa que conduce Juan Francisco por AGOFA TV. Ambas cuestionaron con dureza el funcionamiento de la intervención y describieron un proceso que, según su interpretación, fue perdiendo progresivamente su finalidad administrativa y pedagógica para adquirir características de disciplinamiento hacia estudiantes, familias y sectores de la propia comunidad educativa.
El conflicto ya superó las paredes de la Gurruchaga. Los diputados provinciales Carlos Del Frade y Miguel Rabbia presentaron diferentes pedidos de informes para que el Ministerio de Educación explique la situación de la institución, los fundamentos de la intervención, su estado actual y las respuestas brindadas frente a los reclamos. De esta manera, una discusión que durante meses permaneció concentrada entre familias, alumnos y autoridades educativas terminó instalándose también en la Legislatura provincial.
Una intervención que comenzó en 2025 y todavía genera preguntas
La intervención comenzó en mayo de 2025 después de actuaciones administrativas sobre las anteriores autoridades de la secundaria. Según explicaron las madres, la información que recibieron inicialmente fue que existía un sumario relacionado con cuestiones administrativas, aunque aseguran que nunca conocieron mayores precisiones sobre los hechos investigados. A partir de allí fueron designadas autoridades reorganizadoras y comenzó una etapa que originalmente entendieron como transitoria.
Bergolo y Maciel sostienen que uno de los primeros problemas fue precisamente la falta de información. Relataron que enviaron correos electrónicos, notas y pedidos de reuniones para conocer qué estaba ocurriendo y cómo continuaría el proceso, pero que las respuestas demoraban o directamente no llegaban. Incluso mencionaron un encuentro presencial con autoridades cuyo acta, según afirmaron, posteriormente no pudo ser localizada. Con el paso de los meses, el interrogante dejó de ser solamente por qué se había intervenido la escuela y pasó a concentrarse en cuánto tiempo continuaría esa situación y cuáles eran los objetivos concretos que todavía faltaban cumplir.
Las madres remarcaron que la Gurruchaga históricamente tuvo características particulares dentro de la educación pública rosarina, con participación estudiantil, talleres, actividades vinculadas con teatro, periodismo y comunicación y una relación abierta entre familias y autoridades. Desde esa perspectiva explicaron por qué algunas decisiones tomadas durante la intervención generaron resistencia: no las interpretaron simplemente como modificaciones administrativas, sino como un cambio en la manera de entender la convivencia dentro de la institución.
“Vinieron a disciplinar”: la principal acusación de las familias
La palabra que atravesó buena parte de la entrevista fue “disciplinar”. Para las madres, detrás de diferentes decisiones adoptadas durante la intervención existe una concepción más restrictiva de la vida escolar. Entre los ejemplos mencionaron cuestionamientos por el uso de gorras o determinada vestimenta, restricciones para permanecer dentro del establecimiento durante el intervalo entre turnos, dificultades para utilizar los baños durante determinadas horas y conflictos alrededor de la participación del Centro de Estudiantes.
Uno de los primeros cambios que recuerdan fue la decisión de impedir que los alumnos permanecieran dentro de la escuela durante el tiempo existente entre la finalización del turno mañana y el comienzo de las actividades de la tarde. Las familias cuestionaron la medida porque muchos estudiantes no viven cerca y tradicionalmente permanecían dentro del establecimiento. Según relataron, después de que algunos jóvenes sufrieran robos mientras se encontraban afuera, la decisión terminó siendo retrotraída.
También cuestionaron que, mientras se ponía el foco sobre determinadas pautas de comportamiento, persistieran problemas directamente vinculados con la formación. Una de las madres señaló, por ejemplo, que estudiantes próximos a terminar la secundaria no tuvieron algunas horas de periodismo correspondientes a la orientación comunicacional. Para las familias, ese contraste resume parte de la discusión: consideran que durante la intervención se otorgó mayor importancia al control cotidiano que a resolver dificultades pedagógicas que arrastraba la institución.
Otro punto central es la relación con el Centro de Estudiantes. Las entrevistadas sostuvieron que los jóvenes no fueron escuchados frente a diferentes reclamos y que esa falta de respuestas terminó desembocando en la pegatina de carteles y la difusión pública de testimonios a través de las redes sociales. Fue entonces cuando muchos padres comenzaron a conocer situaciones que, según explicaron, sus propios hijos venían atravesando dentro de la escuela.
Una acusación especialmente grave
Dentro de los episodios relatados existe uno particularmente sensible. Las madres afirmaron que una estudiante que intentaba transmitir una situación personal grave le preguntó al vicedirector interventor si necesitaba que se autolesionara para que creyera lo que estaba contando y que, según el relato de la joven reproducido por las familias, la respuesta habría sido: “Si querés te alcanzo las tijeras”.
Se trata de una acusación de extrema gravedad y, precisamente por eso, corresponde mantenerla en el terreno en el que fue formulada: es una denuncia de integrantes de la comunidad educativa y no un hecho cuya responsabilidad haya sido determinada administrativamente o judicialmente. Las madres aseguraron además que el directivo negó haber realizado esa manifestación.
El episodio, sin embargo, ocupa un lugar central en el reclamo porque las familias consideran que debería haber provocado una investigación específica. Durante la entrevista cuestionaron que no se hubiera iniciado un sumario contra los interventores y sostuvieron que frente a manifestaciones de adolescentes relacionadas con violencia, vulnerabilidad o posibles autolesiones las autoridades educativas tienen una responsabilidad particular de actuación y protección.
Las madres también denunciaron otras expresiones que consideran intimidatorias o inapropiadas frente a la protesta estudiantil. Entre ellas mencionaron referencias a posibles denuncias o consecuencias judiciales después de que los alumnos comenzaran a exponer públicamente lo que ocurría dentro de la institución. Nuevamente, se trata de situaciones relatadas por las entrevistadas que forman parte de un conflicto en el que existen versiones contrapuestas y sobre las cuales reclaman una respuesta institucional.
Una reunión que terminó de quebrar el diálogo
El conflicto tuvo uno de sus momentos más importantes durante una reunión realizada a comienzos de octubre entre madres y padres, integrantes del Centro de Estudiantes, las autoridades interventoras y un representante del Ministerio de Educación. Las familias llegaron con un temario que incluía como primer punto conocer cuál era el estado de la intervención y qué ocurriría con la conducción de la escuela.
Según Bergolo y Maciel, lejos de recomponer la relación, aquel encuentro terminó de mostrarles hasta qué punto estaba deteriorado el diálogo. Aseguraron que diferentes situaciones planteadas por estudiantes fueron relativizadas o negadas y que no encontraron las respuestas que esperaban frente a denuncias que consideraban graves. Después llegaron las protestas públicas, el corte de calle y nuevas reuniones con las familias.
Finalmente, las autoridades interventoras fueron apartadas de esas funciones. Sin embargo, las madres aseguran que durante los encuentros posteriores se les informó que no necesariamente se iniciaría un sumario y que quienes habían ocupado esos cargos podrían regresar a sus funciones habituales dentro del sistema educativo. También señalaron que recibieron información sobre la posibilidad de finalizar la intervención y avanzar hacia un mecanismo regular para cubrir la conducción de la institución, uno de los principales reclamos de la comunidad movilizada.
Ese punto aparece ahora como una de las claves para intentar reconstruir la normalidad: terminar con una situación excepcional que lleva alrededor de un año y medio y recuperar autoridades mediante los mecanismos institucionales correspondientes.
El conflicto llegó a la Legislatura
La dimensión que alcanzaron los reclamos hizo que el problema terminara trasladándose a la Cámara de Diputados. Carlos Del Frade y Miguel Rabbia presentaron iniciativas para solicitar explicaciones al Ministerio de Educación sobre lo ocurrido en la Gurruchaga y sobre la política de intervenciones educativas en general.
Del Frade recogió en su iniciativa las denuncias difundidas mediante carteles y redes sociales por los estudiantes, donde se mencionan presuntos episodios de maltrato, burlas, violencia y acoso por parte de los interventores. El pedido también incorpora los cuestionamientos relacionados con una presunta respuesta ante una situación de autolesión, el cierre de baños, planteos alrededor de la Educación Sexual Integral y la falta de respuestas a reclamos de estudiantes y docentes. Para el diputado, el Ministerio debe explicar cómo pretende solucionar lo que definió como un “inocultable problema institucional, comunicativo y político”.
Rabbia amplió el planteo. Además de solicitar información específica sobre la Gurruchaga, pidió conocer cuántos establecimientos primarios, secundarios y superiores se encuentran actualmente intervenidos en Santa Fe, los motivos de cada decisión y los planes de acción previstos. Respecto de la escuela rosarina, solicitó el acto administrativo que dispuso la intervención, sus fundamentos, las situaciones pedagógicas y administrativas que la motivaron, el estado de las actuaciones y las medidas tomadas frente a las denuncias de estudiantes, familias y docentes.
El planteo del legislador incorpora además una definición importante para el conflicto: una intervención educativa constituye, por naturaleza, una medida “excepcional y transitoria”. Después de casi un año y medio, la pregunta que surge inevitablemente es qué objetivos continúan pendientes para justificar su continuidad.
Una escuela que reclama volver a ser escuchada
Más allá de las acusaciones puntuales, la entrevista dejó expuesto un conflicto más profundo alrededor de la relación entre el Estado y una comunidad educativa. Las madres no plantean solamente diferencias con dos autoridades determinadas. Cuestionan una forma de conducción que, según sostienen, dejó de escuchar a estudiantes y familias y modificó una cultura institucional construida durante años.
“Yo a los chicos les creo”, resumió una de ellas hacia el final de la conversación. La frase explica buena parte de la posición que adoptaron las familias movilizadas: consideran que cuando un adolescente relata una situación de violencia o vulneración, la primera responsabilidad de los adultos y del Estado debe ser escucharlo, contenerlo e investigar qué ocurrió.
El Ministerio tiene, al mismo tiempo, la responsabilidad de administrar el sistema educativo y puede intervenir una institución cuando considera que existen problemas suficientemente graves para hacerlo. Pero una medida excepcional que se prolonga durante un año y medio también necesita resultados, explicaciones y mecanismos de rendición de cuentas capaces de reconstruir la confianza perdida.
La discusión ya no permanece solamente dentro de la Gurruchaga. Llegó a la Legislatura, generó pedidos de informes y colocó al Ministerio de Educación frente a preguntas concretas sobre los motivos, la duración y los resultados de la intervención.
Después de un año y medio, la comunidad educativa reclama algo que parece elemental pero que, según las madres, fue precisamente lo que faltó durante buena parte del proceso: que el Estado la escuche, investigue las denuncias y explique cómo piensa devolverle a la Gurruchaga su normalidad institucional.
