Rosario fue escenario, en el mes de diciembre, de la segunda Audiencia Pública convocada en el marco del debate por la nueva Ley Orgánica de Municipios y Comunas. La instancia, que forma parte del proceso de adecuación normativa posterior a la reforma constitucional de Santa Fe, sumó voces diversas y expuso miradas que hasta hace poco permanecían al margen de la discusión institucional.
Entre los oradores estuvo Daniel Naporichi, dirigente del pueblo QOM e integrante del Comité Organizativo y Cultural de los Pueblos Originarios de Rosario, quien intervino desde una perspectiva indígena, planteando aportes vinculados a la autonomía municipal, el arraigo y la representación política de las comunidades originarias.
Durante su exposición, Naporichi subrayó la necesidad de construir gobiernos locales “más abiertos y comprometidos con las necesidades de las comunidades indígenas santafesinas”. En ese sentido, planteó que la discusión sobre la nueva normativa municipal debe incorporar activamente la mirada de los pueblos originarios. “Si no saben, pregúntenos, estamos para educarlos”, expresó.
Uno de los ejes centrales de su intervención giró en torno al concepto de arraigo, recientemente consagrado en el artículo 35 de la Constitución Provincial. Según explicó, este principio no puede interpretarse únicamente desde una lógica administrativa o territorial clásica. “El arraigo, desde la perspectiva de nuestras comunidades, tiene un sentido territorial y un sentido cultural”, sostuvo.
En esa línea, remarcó que los municipios deben contemplar el carácter antropológico y, en muchos casos, migratorio de los miembros de comunidades indígenas, tanto en ámbitos urbanos como rurales. La definición, planteó, exige una lectura más amplia de los vínculos entre identidad, territorio y ciudadanía.
Autonomía municipal y participación indígena
La audiencia pública volvió a poner en agenda un debate que, durante años, estuvo circunscripto mayormente a especialistas, juristas y dirigentes políticos. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a registrar un involucramiento creciente de sectores sociales y comunitarios, entre ellos las comunidades indígenas radicadas en Rosario.
Naporichi, quien además participó en el proceso de reforma constitucional junto a otras comunidades originarias de la provincia, destacó que uno de los logros alcanzados fue la incorporación de la noción de “preexistencia y persistencia étnica y cultural”. Para el dirigente QOM, ese reconocimiento constitucional debe traducirse ahora en mecanismos concretos de participación institucional.
“La autonomía no puede discutirse sin preguntarnos quiénes somos como ciudad y quiénes quedan afuera cuando se toman decisiones”, señaló. Desde su mirada, el nuevo marco normativo representa una oportunidad para revisar la forma en que el Estado local articula con las comunidades indígenas.
Si bien Rosario reconoce formalmente la existencia de estos pueblos, desde las comunidades sostienen que dicho reconocimiento pocas veces se traduce en participación efectiva dentro de los ámbitos de decisión.
La propuesta de representación en el Concejo
En ese contexto, uno de los planteos que comenzó a tomar visibilidad es la propuesta de reservar dos bancas en el Concejo Municipal para representantes de los pueblos originarios, bajo criterios de paridad de género.
Según explicaron referentes comunitarios, la iniciativa no se presenta como un cupo transitorio ni como una medida simbólica, sino como un mecanismo estructural de representación. El objetivo es garantizar presencia institucional sin depender de acuerdos electorales coyunturales o negociaciones partidarias.
Desde esta perspectiva, la medida implicaría un cambio significativo en la arquitectura política local, incorporando formalmente a actores históricamente subrepresentados.
Una demanda con antecedentes
Las tensiones entre comunidades indígenas y estructuras estatales no constituyen un fenómeno reciente. Reclamos vinculados al reconocimiento territorial, acceso a derechos básicos y participación institucional forman parte de una agenda sostenida en el tiempo.
Para Naporichi, el actual debate abre una instancia distinta. “Lo que pedimos es que el Estado respete nuestra forma de organizarnos y nuestros derechos”, afirmó. En ese marco, advirtió que, en etapas previas del proceso, la voz indígena no siempre fue incorporada de manera plena.
El tratamiento legislativo de la nueva Ley Orgánica de Municipios y Comunas aparece así como un escenario clave para definir hasta qué punto los principios de autonomía, pluralidad y participación encuentran traducción concreta en el nuevo esquema institucional santafesino.
