La tensión institucional que desde hace meses atraviesa a la Justicia santafesina volvió a quedar expuesta públicamente este jueves. La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, lanzó fuertes críticas contra la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por la decisión de limitar el uso de espacios en nuevos edificios judiciales que se construyen en distintas ciudades de la provincia.
Las declaraciones se produjeron luego del acto de apertura del año judicial y marcaron un nuevo capítulo en la feroz disputa que mantiene enfrentados al Poder Judicial con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la asignación de espacios físicos dentro de las nuevas sedes judiciales.
El conflicto, que comenzó a escalar en los últimos meses, se da en un contexto institucional particularmente sensible: la Justicia santafesina atraviesa un proceso de reconfiguración impulsado por la reciente reforma constitucional y por el recambio que se proyecta dentro del máximo tribunal.
El reclamo del MPA por los edificios judiciales
El punto central de la disputa gira en torno a la distribución de espacios dentro de edificios judiciales en construcción en distintas ciudades de la provincia, entre ellas Santa Fe, Casilda y Venado Tuerto.
Según explicó Vranicich, el Ministerio Público de la Acusación ya envió una respuesta formal a la resolución adoptada por los ministros de la Corte, en la que solicitó la revocatoria de la decisión.
“Nosotros ya dimos una respuesta por escrito y estamos esperando la contestación de los siete ministros de la Corte”, señaló la fiscal general.
El planteo del organismo se apoya en una cláusula transitoria incorporada en la nueva Constitución provincial, que —según el MPA— establece que no puede modificarse el destino de los inmuebles que originalmente fueron asignados al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de la Defensa Penal.
“Solamente les estamos pidiendo a los ministros de la Corte nada más ni nada menos que cumplan con la nueva Constitución”, afirmó.
El caso del Anexo de Tribunales
Uno de los puntos más sensibles del conflicto está vinculado con el nuevo edificio anexo al Palacio de Justicia que se construye en la ciudad de Santa Fe.
Según la planificación original, parte de ese espacio estaba destinado a dependencias del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa Pública. Sin embargo, una resolución adoptada por la Corte estableció que el inmueble será utilizado exclusivamente por el Poder Judicial.
Desde el MPA consideran que esa decisión contradice lo dispuesto en la nueva Constitución y altera acuerdos institucionales previos.
“Un divorcio institucional”
Durante su exposición ante la prensa, Vranicich utilizó una metáfora que reflejó el nivel de tensión que atraviesa la relación entre ambas instituciones.
La fiscal general comparó el proceso de separación entre el Poder Judicial y los ministerios públicos con un “divorcio institucional”.
“En la Procuración General de la Nación, después de la reforma del 94, se describía este proceso como un divorcio. Y esto es un divorcio y tiene que ser entendido así”, sostuvo.
Además, cuestionó la forma en que se tomó la decisión dentro del máximo tribunal.
“El diálogo viene antes de las decisiones. Acá primero tomaron una decisión y después llamaron al diálogo”, reprochó.
Una disputa que podría escalar
El conflicto no solo se limita a la discusión administrativa sobre espacios físicos. Detrás del debate aparece una disputa más profunda sobre la autonomía institucional del Ministerio Público dentro del sistema judicial santafesino.
En ese sentido, Vranicich advirtió que el organismo está dispuesto a avanzar judicialmente si no se logra un acuerdo.
“Eventualmente iremos a la Corte de la Nación. Incluso hicimos una reserva convencional porque estamos convencidos de que hay que defender la institucionalidad”, afirmó.
Un clima de tensión inédito en la Justicia santafesina
La disputa entre el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación expone un escenario poco habitual dentro del sistema judicial santafesino.
Antes, durante y después del proceso de reforma constitucional, la Justicia provincial atraviesa un período marcado por tensiones institucionales, discusiones públicas y fuertes posicionamientos entre organismos que, en teoría, forman parte de un mismo sistema.
Para muchos observadores del ámbito judicial, se trata de una situación inédita que refleja el momento de transición que vive la Justicia santafesina, en medio de reformas, recambios y redefiniciones institucionales.
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