La administración de Maximiliano Pullaro enfrenta una tensión cada vez más visible: cómo equilibrar la exhibición de obras públicas con una conflictividad laboral persistente. No se trata simplemente de una discusión presupuestaria ni de una puja sectorial. Lo que asoma es un debate más profundo sobre prioridades políticas, sensibilidad social y capacidad de lectura del clima de época.
Para dimensionar la magnitud del problema, conviene detenerse en un dato estructural que suele diluirse en el debate público. El universo estatal santafesino engloba a unas 250 mil personas, entre personal activo y pasivo. Contra el prejuicio extendido sobre el empleo público, cerca del 80% de ese conjunto trabaja en escuelas, cárceles, hospitales, centros de salud barriales o cumple funciones operativas en seguridad. No es casual, entonces, que los rubros presupuestarios históricamente más pesados sean Educación, Seguridad y Salud, en ese orden.
Ese dato no es meramente contable: es político. Se trata del núcleo humano que sostiene la prestación cotidiana del Estado. Docentes, policías, profesionales de la salud, personal penitenciario, trabajadores administrativos y técnicos conforman un entramado que impacta de manera directa en la vida diaria de millones de santafesinos. Cuando ese universo entra en tensión, la conflictividad no queda encapsulada en una paritaria: se traduce en clima social.
El Gobierno provincial llega a esta instancia luego de un año complejo. La erosión del capital político acumulado en el inicio de la gestión comenzó a reflejarse en 2025, tanto en el humor social como en distintos episodios de desgaste institucional. Entre ellos, la protesta policial marcó un punto de inflexión incómodo para una administración que había hecho de la seguridad uno de sus ejes discursivos centrales. La crisis expuso fisuras internas, desorden en la gestión del conflicto y dificultades para administrar expectativas dentro de su propia base.
En ese marco, resulta relevante otro elemento que atraviesa el escenario actual: la relación entre la gestión y el universo estatal. Si bien se trata de un colectivo heterogéneo, no es un secreto que una porción mayoritaria del empleo público se volcó en 2023 hacia Unidos, y particularmente hacia Pullaro. Aquella convergencia tuvo rasgos evidentes de pragmatismo político: más que una adhesión ideológica, predominaba la expectativa de recuperación salarial tras años de deterioro del poder adquisitivo.
Ese “matrimonio por conveniencia”, como lo describen incluso dirigentes del oficialismo, hoy muestra señales de desgaste. Más allá de las lecturas partidarias, el problema remite a una realidad económica persistente: salarios tensionados por la inflación, dificultades para sostener ingresos reales y reclamos crecientes en torno a condiciones laborales y cobertura de salud. El conflicto docente sintetiza buena parte de esa problemática, pero no la agota.
En contextos de declive o pérdida de impulso político, la revisión de equipos suele convertirse en una herramienta habitual de relanzamiento. Sin embargo, en este caso, los cambios estructurales no llegaron. La continuidad de los mismos esquemas de decisión alimentó, hacia adentro, murmullos que ya no se limitan a la oposición. Dentro del oficialismo comienzan a escucharse voces que advierten sobre una excesiva concentración del poder en una mesa reducida, con efectos directos en la calidad de las decisiones y en la amplitud del debate interno.
El malestar social, mientras tanto, se expresa con mayor nitidez en el frente salarial. Más allá de las lecturas ideológicas o de las disputas sindicales, el problema de fondo remite a una realidad económica difícil de soslayar: trabajadores estatales que ven deteriorado su poder adquisitivo, hogares tensionados por la inflación y servicios de salud que, según múltiples reclamos, no logran satisfacer estándares mínimos de cobertura y calidad. El conflicto docente sintetiza buena parte de esa problemática, pero no la agota.
En paralelo, el Ejecutivo provincial busca consolidar una narrativa apoyada en la obra pública como símbolo de gestión. Infraestructura, modernización, recuperación de espacios emblemáticos: la agenda de anuncios mantiene dinamismo. Sin embargo, en la percepción pública comienza a instalarse una pregunta incómoda pero inevitable: ¿cuál es el impacto político de las obras cuando persiste la sensación de deterioro en las condiciones de vida de quienes sostienen el funcionamiento del Estado?
La discusión no es menor dentro de Unidos. Dirigentes, legisladores e intendentes que no integran los círculos más cerrados del poder provincial observan con preocupación la evolución del escenario. No se trata únicamente de diferencias tácticas. Aparece una inquietud estratégica: cómo sostener cohesión política y competitividad electoral en un contexto donde la conflictividad social amenaza con convertirse en el eje dominante de la agenda pública.
A esta dinámica se suma otro elemento recurrente en gestiones tensionadas: la búsqueda de responsables externos. Medios críticos, sindicalistas, opositores o actores económicos aparecen con frecuencia en el radar discursivo como factores explicativos del desgaste. Sin embargo, la experiencia política muestra que las crisis de gobernabilidad rara vez encuentran solución en la identificación de chivos expiatorios. La revisión interna, la ampliación del diálogo y la recalibración de prioridades suelen ofrecer resultados más consistentes.
Hoy, el dilema que circula en la política santafesina no es abstracto. Se discute en despachos, en reuniones partidarias y, sobre todo, en las conversaciones informales donde suele anticiparse el clima político real. ¿Es más rentable exhibir grandes obras o garantizar ingresos que reduzcan la conflictividad? ¿Puede una narrativa de gestión sostenerse sin un correlato tangible en la percepción cotidiana de un cuarto de millón de trabajadores y jubilados estatales?
La respuesta no es binaria, pero la tensión es evidente. En escenarios de desgaste, la política suele exigir algo más que anuncios: demanda señales de escucha, capacidad de empatía y decisiones que reordenen prioridades. El desafío para la Casa Gris no pasa únicamente por administrar recursos, sino por reconstruir sintonía con un electorado que, históricamente, ha demostrado ser tan exigente como volátil.
El margen de maniobra aún existe. Pero en política, los tiempos rara vez son indefinidos.
