La publicidad oficial es uno de los instrumentos más sensibles del Estado. No solo por el volumen de recursos que involucra, sino porque su administración impacta de manera directa sobre la calidad democrática, la pluralidad informativa y el derecho ciudadano a estar informado sin condicionamientos. En Santa Fe, durante los dos primeros años de la gestión de Maximiliano Pullaro, ese instrumento quedó envuelto en un manto de opacidad que ya no admite explicaciones técnicas ni excusas administrativas: la información simplemente dejó de publicarse.
Desde 2023, el Gobierno provincial no difunde el listado de medios que reciben pauta oficial, ni los montos asignados, ni los criterios utilizados para su distribución. Tampoco lo hace la Secretaría de Comunicación, a cargo de Luis Persello, ni Lotería de Santa Fe, presidida por Daniel Di Lena, dos de los principales organismos desde donde se ejecuta el gasto publicitario del Estado. La ausencia de datos es total.
El problema no es menor si se lo contextualiza con el presupuesto 2026, donde el Ejecutivo prevé destinar 44.556 millones de pesos a comunicación, pauta oficial y propaganda, una cifra que equivale a más de 122 millones de pesos diarios, supera el presupuesto completo del Ministerio de Cultura y duplica el asignado al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. En un contexto de restricciones económicas, ajuste y demandas urgentes en seguridad, salud y educación, la decisión política de ocultar el destino de semejante volumen de fondos públicos adquiere otra dimensión.
Cuando el Estado administra recursos ajenos, la transparencia no es una opción: es una obligación.
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El silencio oficial y el vaciamiento del acceso a la información
Un pedido formal de acceso a la información pública, presentado en diciembre, no logró despejar ninguna duda. La respuesta oficial fue evasiva, con referencias a períodos anteriores y sin cifras concretas sobre el presente. En términos prácticos, el gobierno de Pullaro eligió no responder.
Este silencio contrasta con el discurso de modernización, eficiencia y gobierno abierto que la gestión provincial sostiene en lo comunicacional. La contradicción es evidente: mientras se proclama transparencia, se oculta uno de los gastos más sensibles del presupuesto.
La pauta oficial, mal administrada, se convierte en una herramienta de disciplinamiento. Bien gestionada, debería garantizar pluralidad, federalismo informativo y reglas claras. En Santa Fe, hoy no existe ningún mecanismo público que permita verificar si esos principios se cumplen.
Grandes medios, agenda alineada y propaganda disfrazada de noticia
La falta de información sobre la pauta oficial no es un hecho aislado. Se refleja en el funcionamiento cotidiano del sistema mediático provincial, particularmente en los grandes medios de Rosario y Santa Fe.
La cobertura de los anuncios oficiales repite patrones conocidos: adjetivaciones grandilocuentes, títulos sincronizados y una narrativa que presenta decisiones de gestión como “históricas”, “sin precedentes” o “récord”, aun cuando se trate de políticas habituales, medidas coyunturales o incluso obras iniciadas y ejecutadas mayoritariamente por gobiernos anteriores.
El lenguaje no es neutro. Construye sentido. Legitima acciones. Reduce el espacio para el análisis crítico y transforma propaganda en información. La pauta oficial actúa como un lubricante que ordena la agenda, homogeneiza el discurso y desactiva el debate público.
Funcionarios, medios propios y números que no aparecen
A este escenario se suma una denuncia documentada recibida por politicadesantafe.com, que agrega un elemento aún más delicado: la posible existencia de funcionarios provinciales que serían propietarios —directos o indirectos— de medios de comunicación o productoras que reciben pauta oficial del Estado.
La documentación señala al Fiscal de Estado de la Provincia, Domingo Rondina, y a su pareja, como propietarios de una emisora de FM. Según consta, para poder asumir el cargo, se habrían realizado trámites de cambio formal de titularidad, dejando la licencia a nombre de una secretaria de su estudio jurídico. La radio en cuestión cuenta con licencia otorgada por ENACOM mediante la Resolución Sintetizada 1097/2022, que adjudica una frecuencia FM en la provincia de Santa Fe.
El punto central no es la tenencia de un medio de comunicación. Tener una radio no es delito ni falta ética en sí misma. El problema surge cuando no se transparenta si ese medio recibe pauta oficial, cuánto recibe y bajo qué criterios, especialmente cuando su entorno directo ocupa cargos clave dentro del Estado provincial.
La misma metodología —propiedades cruzadas, intermediaciones formales y opacidad en la facturación— se replicaría en otros casos de funcionarios o personas de su círculo íntimo que serían dueños de medios o productoras que facturan cifras millonarias al Estado santafesino. Incluso, según distintas fuentes, uno de los principales proveedores de publicidad oficial tendría un vínculo familiar directo con el propio gobernador.
Amigos del poder y responsabilidades políticas
Luis Persello y Daniel Di Lena no son funcionarios menores dentro del esquema de poder. Ambos forman parte del círculo de máxima confianza del gobernador Pullaro y concentran áreas estratégicas vinculadas a la comunicación y la pauta. También son señalados, puertas adentro del oficialismo, como dos de los principales responsables políticos de las derrotas electorales de 2025, precisamente por la falta de lectura del clima social y el uso discrecional de la comunicación.
La decisión de no publicar los datos de pauta oficial no es un error administrativo ni una omisión involuntaria: es una definición política. Y como toda definición política, tiene consecuencias.
Transparencia o propaganda: una elección de fondo
En Santa Fe, la pregunta sigue siendo simple y directa: ¿Quiénes reciben la pauta oficial y cuánto dinero público se destina a cada uno?
Mientras esa información no esté disponible, cualquier discurso sobre austeridad, eficiencia o gobierno abierto queda vacío de contenido. La pauta oficial no puede ser una caja negra ni una herramienta para premiar silencios o castigar miradas críticas.
En tiempos donde la sociedad exige un Estado que no gaste de más y no esconda nada, la falta de información no es neutral. Es una señal. Y es una señal preocupante.
Porque cuando el Estado se queda callado, la desconfianza crece.
Y cuando la transparencia desaparece, la democracia se debilita.
