La discusión por la ley que busca prohibir y regular la actividad de cuidacoches en la provincia de Santa Fe volvió a quedar trabada en la Legislatura y sumó otra semana sin definiciones concretas. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y respaldo público del gobernador Maximiliano Pullaro, parecía encaminado hacia su aprobación definitiva, pero las diferencias internas dentro del frente Unidos terminaron frenando nuevamente el avance.
El principal foco de tensión aparece en el socialismo, donde distintos dirigentes y legisladores comenzaron a cuestionar el enfoque estrictamente punitivo de la iniciativa y reclamaron abrir una mesa de diálogo más amplia antes de avanzar con la sanción definitiva.
La situación volvió a dejar expuestas las diferencias ideológicas que atraviesan a la coalición gobernante, especialmente en temas vinculados a seguridad, control social y políticas de inclusión.
Municipios, presión política y reclamos de cambios
Durante la última semana, intendentes y funcionarios de distintas ciudades participaron de una reunión en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para analizar el proyecto aprobado en el Senado.
Si bien la mayoría coincidió en la necesidad de avanzar con herramientas para abordar la problemática de los cuidacoches, también aparecieron objeciones importantes sobre la implementación concreta de la ley.
Uno de los puntos más cuestionados fue el artículo que traslada a los municipios gran parte de la estructura procesal y administrativa vinculada al control de las contravenciones.
En otras palabras, los gobiernos locales advierten que no cuentan con los recursos humanos, jurídicos ni administrativos suficientes para absorber semejante volumen de actuaciones.
El caso Santa Fe y los datos oficiales
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo, fue uno de los funcionarios que más fuerte apoyó el proyecto y aseguró que la capital provincial “ya hizo los deberes” para aplicar una futura ley provincial.
Según detalló, la ciudad tiene identificados alrededor de 300 cuidacoches y ya realizó más de 25.000 intervenciones vinculadas a esta problemática. Además, señaló que 104 personas dejaron la actividad y fueron incorporadas a cooperativas de trabajo.
Sin embargo, incluso desde municipios que respaldan la iniciativa aparecieron advertencias sobre el artículo 4° del proyecto. Mastropaolo reconoció que la estructura jurídica y administrativa necesaria para aplicar el régimen contravencional podría desbordar la capacidad operativa de las ciudades.
El socialismo y la mirada menos punitiva
Pero el verdadero freno político aparece dentro de Unidos.
La diputada socialista Lionella Cattalini dejó en claro que el problema no puede resolverse únicamente desde una lógica represiva o de prohibición rápida.
“Es un tema delicado que en algunos casos involucra violencia y en otros pobreza, consumo problemático y falta de empleo. No podemos vender espejitos de colores ni pensar que se resuelve solo con una ley”, afirmó la legisladora.
Cattalini también remarcó que el proyecto estuvo casi un año en el Senado y que ahora la Cámara de Diputados busca hacer algo que, según planteó, antes no ocurrió: escuchar a municipios, actores sociales e instituciones antes de avanzar.
La posición socialista apunta a construir un abordaje más integral que combine control, prevención, inclusión social y alternativas laborales.
Un debate que expone tensiones ideológicas
El caso de los cuidacoches terminó transformándose en mucho más que una discusión de convivencia urbana.
La ley empezó a mostrar una diferencia conceptual dentro del propio oficialismo provincial: mientras sectores vinculados al radicalismo y a posiciones más duras empujan una respuesta rápida basada en prohibiciones y sanciones, desde el socialismo insisten en incorporar una mirada social y menos exclusivamente punitiva.
Y esa discusión no es aislada. Se suma a otros debates donde empiezan a aparecer matices cada vez más visibles dentro de Unidos respecto a seguridad, políticas sociales y relación con el modelo nacional impulsado por Javier Milei.
Una ley frenada y un conflicto abierto
Por ahora, el proyecto seguirá transitando distintas comisiones en Diputados y todavía no hay certezas sobre cuándo llegará al recinto.
Mientras tanto, intendentes reclaman herramientas más contundentes para responder a los vecinos, sectores sociales advierten sobre el riesgo de criminalizar la pobreza y dentro del oficialismo provincial continúan las diferencias sobre cómo abordar el problema.
Lo que parecía una ley de rápida aprobación terminó convirtiéndose en otro escenario donde quedaron expuestas las tensiones políticas e ideológicas que atraviesan hoy al frente Unidos.
