Mientras la conducción provincial de UPCN y ATE dio el visto bueno a la propuesta salarial del gobierno de Maximiliano Pullaro, en Rosario crecen el malestar y el rechazo de los sectores que no se sienten representados. Las críticas se dirigen tanto a la oferta económica como a la política de vaciamiento progresivo del empleo estatal.
En votaciones ajustadas y con escasa difusión de debates previos, los gremios de la administración central santafesina aceptaron la propuesta salarial oficial del 8% en tres tramos para el segundo trimestre del año. UPCN lo hizo con un 53% de votos positivos y ATE bajo la figura de una aceptación “en disconformidad”. Sin embargo, el consenso exhibido por las cúpulas gremiales contrasta con lo que ocurre en las bases, especialmente en Rosario.
Desde hace tiempo, las seccionales rosarinas de ambos sindicatos marcan diferencias con las conducciones provinciales. Esta vez, lo hicieron con más fuerza: no solo rechazaron la propuesta sino que también salieron a la calle para visibilizar la situación de las y los trabajadores estatales. En el caso de ATE Rosario, incluso protagonizaron un episodio de tensión con el propio gobernador, quien evitó dialogar con la dirigenta sindical y su comitiva en un acto público.
Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, denunció que fue apartada de forma violenta mientras intentaba plantearle a Pullaro la necesidad de mejoras salariales y condiciones laborales para el sector. “Nos niegan hasta el diálogo. No quieren escuchar el reclamo sobre la oferta mezquina que propusieron ni sobre la sobrecarga que implica no tomar nuevos trabajadores”, advirtió la dirigente. El episodio fue repudiado públicamente por ATE Nacional, que lo calificó como “una actitud amenazante” por parte del mandatario.
Más allá del porcentaje propuesto –8% entre abril y junio, con un mínimo garantizado de $75.000– lo que genera un creciente malestar en el sector estatal es la falta de respuesta a una realidad estructural: el deterioro salarial frente a la inflación y la pérdida de personal de planta que no es reemplazado. Según señalan desde ATE Rosario, cada vez que un trabajador se jubila o se retira, en lugar de cubrir la vacante con nuevos ingresos, se incorporan cargos políticos bajo la figura de Asistentes Técnicos (AT), un mecanismo que se ha vuelto recurrente y opaco.
Este recambio no solo afecta la calidad del empleo público, sino que debilita el servicio y las condiciones de quienes quedan. Actualmente, el 70% de los estatales santafesinos no alcanza a cubrir la canasta básica. Según el relevamiento de ATE INDEC, el salario mínimo necesario en la región debería superar el 1.600.000 pesos mensuales, mientras que la mayoría de los trabajadores del sector ronda los 700.000.
Desde la Casa Gris, en tanto, dan por cerrada la discusión. No habrá una nueva convocatoria paritaria y la aceptación del acuerdo por parte de las estructuras gremiales es leída como una señal de respaldo a la política salarial del Ejecutivo. Sin embargo, las disidencias internas y el activismo que crece desde Rosario exponen una realidad más compleja, donde los márgenes de representación y legitimidad sindical empiezan a resquebrajarse.
