En un escenario político atravesado por tensiones acumuladas y bajo el impacto inmediato de la crisis institucional derivada del reciente conflicto policial, el Gobierno de Santa Fe y los representantes gremiales del sector docente mantuvieron la primera reunión paritaria del año. El encuentro, que debía marcar el inicio de la discusión salarial de cara al ciclo lectivo 2026, se desarrolló en un clima enrarecido, condicionado por la incertidumbre social y el desgaste propio de un esquema de negociación que arrastra fricciones desde el comienzo de la actual gestión.
La reunión concluyó sin una propuesta salarial concreta y pasó a un cuarto intermedio, con el compromiso oficial de presentar una oferta formal en los próximos días. Mientras desde el Ejecutivo se calificó la instancia como positiva, los sindicatos expresaron una lectura diametralmente opuesta, definiendo el encuentro como insuficiente y, en algunos casos, directamente provocador.
Un contexto que excede lo salarial
El inicio de la negociación docente no puede analizarse aislado del contexto en el que se produjo. La protesta policial, que alteró el pulso institucional de la provincia, impactó de manera directa en el clima general de los trabajadores estatales, donde los reclamos salariales, previsionales y laborales se encuentran interconectados.
En este marco, la paritaria docente comenzó bajo una doble presión: la necesidad de recomponer ingresos frente a la inflación y la expectativa gremial de evitar que el proceso derive nuevamente en decisiones unilaterales del Gobierno, tal como ocurrió en los últimos dos años, cuando las definiciones salariales fueron resueltas por decreto.
La postura del Gobierno
Tras la reunión, el ministro de Educación, José Goity, encuadró la discusión dentro de un escenario nacional de conflictividad. Reconoció la existencia de tensiones en el sistema educativo y aseguró que el Gobierno “está trabajando en una propuesta adecuada”, enfatizando que se realizarán “todos los esfuerzos que se tengan que hacer”.
El funcionario evitó adelantar cifras o lineamientos específicos, aunque dejó en claro que la oferta deberá ajustarse a las posibilidades financieras de la provincia. En paralelo, sostuvo que las políticas salariales vigentes —incluido el suplemento por asistencia— se encuentran “en permanente revisión”.
Desde la óptica oficial, la reunión permitió formalizar comisiones técnicas y ordenar el temario, configurando así el punto de partida institucional del proceso negociador.
La lectura sindical: malestar y desconfianza
La evaluación gremial fue sustancialmente más crítica. Desde AMSAFE, Rodrigo Alonso expresó un fuerte cuestionamiento a la dinámica del encuentro, señalando que la ausencia de una propuesta salarial concreta resultó una señal negativa.
El sindicato enumeró un conjunto amplio de reclamos, entre ellos: Recomposición del 33 % del salario, vinculado a la pérdida frente a la inflación. Implementación de cláusula gatillo. Derogación del presentismo. Traslado automático de aumentos a jubilados. Suspensión del aporte solidario. Convocatoria a concursos y traslados. Revisión del funcionamiento de juntas médicas.
Alonso advirtió que la situación salarial del sector docente se encuentra en un punto crítico y vinculó el malestar con un fenómeno más amplio que atraviesa al conjunto del empleo público provincial.
En términos políticos, el dirigente planteó que el inicio de clases dependerá del resultado de la negociación, dejando abierta la posibilidad de medidas de fuerza si no se registra una propuesta que contemple las demandas centrales del sector.
SADOP: negociación dilatada y escenario repetido
Desde SADOP, Pedro Bayúgar también expresó una evaluación negativa. Si bien ratificó la vocación de negociar salario y condiciones de trabajo, cuestionó la falta de avances concretos en la reunión inicial.
El gremio advirtió sobre el riesgo de reeditar un esquema de ofertas unilaterales, señalando que la ausencia de definiciones salariales refuerza la percepción de una negociación meramente formal.
La preocupación sindical no se limita al componente económico. Incluye también aspectos vinculados al poder adquisitivo, las condiciones laborales y el funcionamiento del sistema de licencias y salud laboral.
El fantasma del conflicto educativo
Más allá de las posiciones encontradas, el dato central es que la negociación salarial comenzó sin cifras sobre la mesa y con un nivel de desconfianza elevado. Este punto adquiere relevancia estratégica a pocas semanas del inicio del ciclo lectivo.
Antes del estallido policial, diversos sectores sindicales ya analizaban la posibilidad de un paro general en la provincia, en función de reclamos transversales que exceden al sector educativo. El conflicto en la fuerza de seguridad no desactivó ese clima, sino que, en ciertos ámbitos gremiales, reforzó la idea de un malestar estructural compartido.
En este contexto, la paritaria docente se transforma en uno de los principales termómetros del inicio del año político santafesino.
Clases en riesgo y definiciones pendientes
El calendario avanza con plazos ajustados. El cuarto intermedio deja ahora la expectativa puesta en la propuesta salarial que el Gobierno deberá presentar en la próxima reunión.
Para el Ejecutivo, el objetivo declarado es garantizar el inicio de clases “con normalidad”. Para los sindicatos, la clave radica en que la oferta represente una recomposición real del ingreso.
La experiencia reciente introduce un elemento adicional de incertidumbre: la posibilidad de que, ante un eventual rechazo gremial, la definición vuelva a producirse por decreto.
Lo que está en juego no es únicamente una discusión salarial. También se debate la estabilidad del esquema de negociación colectiva, la relación entre Gobierno y trabajadores estatales, y el clima social con el que Santa Fe ingresará al ciclo lectivo 2026.
El desenlace dependerá, en gran medida, de la capacidad de las partes para reducir tensiones y construir un acuerdo que evite trasladar el conflicto al inicio de las aulas.
