La dinámica de las negociaciones salariales volvió a marcar el pulso del inicio del año político santafesino. Primero fue el turno de los gremios de la Administración Central. Luego, la discusión se trasladó al sector docente. Dos reuniones, dos ámbitos, una misma lógica de fondo que, según admiten en privado los propios dirigentes sindicales, se repite sin cambios desde el comienzo de la gestión.
En ambos encuentros, el Gobierno Provincial presentó una oferta estructurada bajo un esquema semestral, con porcentajes mensuales, sumas garantizadas y reconocimientos por desfasajes inflacionarios previos. La lectura oficial habló de “esfuerzo”, “previsibilidad” y “recomposición”. La percepción gremial, en cambio, transitó por carriles mucho menos optimistas.
Administración Central: porcentajes, garantizados y correcciones sectoriales
La reunión con UPCN y ATE se extendió durante aproximadamente tres horas. Allí, el Ejecutivo formalizó una propuesta de incremento del 12,5 % para el primer semestre de 2026, distribuido en tramos mensuales: 2,6 % en enero, 2,1 % en febrero, 2,2 % en marzo, 2 % en abril y mayo, y 1,6 % en junio.
El esquema incluyó además el reconocimiento de un 3 % correspondiente al desfasaje de noviembre y diciembre de 2025, calculado sobre la base de los haberes de diciembre y con impacto en el aguinaldo.
Uno de los ejes centrales de la oferta fue el mínimo garantizado. Para enero se fijó una suma de 75.000 pesos, mientras que desde febrero ningún trabajador percibiría un incremento inferior a 170.000 pesos, totalizando un piso acumulado de 245.000 pesos.
El Gobierno sumó, además, correcciones específicas para sectores numerosos. En el ámbito hospitalario, se anunció un incremento del 50 % en suplementos particulares, con variaciones que podrían alcanzar el 100 % en el caso de enfermeros profesionales. Para asistentes escolares, el suplemento fue elevado al 100 %, pasando de 75.000 a 150.000 pesos.
También se acordó el pase a comisión técnica de temas sectoriales, entre ellos la situación del personal de Enfermería, y se confirmó la titularización de asistentes escolares interinos que cubren cargos vacantes.
Desde el Ejecutivo, la propuesta fue presentada como un “gran esfuerzo en un contexto macroeconómico restrictivo”, con la promesa de revisar eventuales desfasajes inflacionarios.
Docentes: misma estructura, nuevos componentes
Por la tarde, el capítulo docente replicó la arquitectura general de la paritaria central, aunque con agregados específicos.
La oferta contempló un 3 % de compensación sobre haberes de diciembre y un 12,5 % para el período enero–junio, con idéntica distribución mensual.
En cuanto a garantizados, se estableció un mínimo de 75.000 pesos en enero y 170.000 desde febrero. A esto se sumó un incremento del 30 % en el suplemento por responsabilidad jerárquica destinado a equipos directivos.
El elemento novedoso fue la incorporación de una suma mensual de 100.000 pesos vinculada a capacitación. El ministro de Educación defendió la medida como un reconocimiento al proceso formativo continuo, asegurando que se abonaría de manera automática y universal, con posterior acreditación de instancias de formación.
En la argumentación oficial, el Ejecutivo sostuvo que el esquema permitiría que ningún docente que se inicia, con cargas horarias habituales, perciba en febrero menos de 1.300.000 pesos.
La lectura sindical: entre la crítica pública y la sinceridad en off
Formalmente, los gremios trasladaron las propuestas a sus bases. Sin embargo, fuera de micrófonos, el clima sindical exhibe matices más ásperos.
Consultados en off por este medio a la salida de los encuentros, dirigentes de distintos sectores coincidieron en un diagnóstico que trasciende la coyuntura salarial.
“Participamos como escuchas. No como interlocutores reales”, resumió uno de los referentes.
La crítica no apunta exclusivamente a los porcentajes ofrecidos, sino a la estructura misma de la negociación.
Según describen, el mecanismo se repite desde hace dos años: el Gobierno convoca, expone la pauta salarial ya definida, los gremios escuchan, trasladan la oferta a las bases y, ante eventuales rechazos, la recomposición se implementa por decreto sin reapertura del diálogo.
En esa lectura, lo que institucionalmente se presenta como una paritaria aparece, en la percepción sindical, como un proceso de validación formal de decisiones previamente adoptadas.
“La negociación no existe. Se nos informa cuál será el aumento”, señalaron.
Democracia formal versus diálogo efectivo
Desde el Gobierno, la narrativa enfatiza responsabilidad fiscal, previsibilidad y revisión periódica. Desde el universo sindical, en cambio, se consolida una tensión más profunda vinculada al rol que ocupan en la discusión.
El malestar expresado en privado por los dirigentes no sólo remite al salario, sino a la sensación de que los temas estructurales planteados por los trabajadores —condiciones laborales, régimen previsional, carga horaria, políticas sectoriales— quedan fuera del núcleo decisorio.
La consecuencia política de esta dinámica no es menor. Si bien las paritarias continúan funcionando como herramienta institucional, la legitimidad del proceso aparece cada vez más tensionada en la percepción de quienes representan a los trabajadores estatales.
En términos estrictamente formales, la negociación no existe. En términos políticos, el debate sobre su profundidad y alcance permanece cerrado.
