A pocos días de conocerse el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, Argentina se enfrenta a una verdad incómoda que suele esquivarse en el debate público: la transparencia no es un problema de voluntad moral, sino de diseño institucional. El IPC no evalúa discursos ni consignas; mide reglas, controles y capacidades reales del Estado para limitar la discrecionalidad.
En ese sentido, el índice funciona menos como un ranking y más como un espejo. Y lo que ese espejo podría devolver en 2025 plantea interrogantes serios sobre el rumbo adoptado.
La evidencia reciente es clara. En la última década, Argentina solo logró quebrar la inercia estructural de la corrupción entre 2016 y 2019, período en el que alcanzó su máximo histórico de 45 puntos en el IPC. No fue un salto casual ni producto de una narrativa exitosa: fue el resultado de decisiones concretas de política institucional.
La sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública, la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) —que redujo el papel, los intermediarios y la discrecionalidad— y una inserción más consistente en los estándares de la OCDE configuraron una arquitectura orientada a prevenir, y no solo a sancionar, la corrupción. Fue el momento en que el Estado intentó dejar de ser un botín para comenzar a convertirse en una institución.
Tras ese pico, Argentina descendió a la conocida “meseta de los 37 puntos”, un estancamiento que ya evidenciaba el debilitamiento de aquellas reformas. Sin embargo, el escenario de 2025 es cualitativamente distinto y potencialmente más grave.
Mientras el discurso oficial insiste en la transparencia como valor, la realidad técnica muestra señales preocupantes. En el área de Salud y en la ANDIS, las denuncias por redes de sobornos y sobreprecios en medicamentos vuelven a exhibir un patrón conocido: allí donde no hay controles cruzados ni trazabilidad, la caja pública se vuelve permeable.
En materia de prevención del lavado de activos, el Decreto 274/2025 —que recortó facultades a la Unidad de Información Financiera— encendió alarmas tanto a nivel local como internacional. Para organismos como el GAFI, la señal es inequívoca: menos capacidad de control estatal implica mayor tolerancia al delito económico organizado.
A esto se suma la trama vinculada a las criptoestafas con conexiones políticas y el escándalo de financiamiento irregular que rodeó a José Luis Espert. Episodios que no solo erosionan la confianza pública, sino que reactivan prácticas que la arquitectura institucional construida hacia 2017 parecía haber dejado atrás.
El cuadro se completa con un sistema de control externo virtualmente paralizado. Una Auditoría General de la Nación degradada por la falta de designaciones en el Congreso (el caso del Senado) y acuerdos políticos opacos (como en Diputados) termina de configurar un escenario donde el “ojo del Estado” está, deliberadamente, vendado.
Sin embargo, hay una situacion que es necesario aclarar: la corrupción no surge en el vacío; donde la discrecionalidad es alta, los controles son débiles y el mérito cede frente a la lealtad política. Argentina ya demostró que otro camino es posible: profesionalización, apertura de datos y reglas claras permiten recuperar credibilidad y previsibilidad, incluso en contextos adversos.
El IPC 2025 no será un simple dato técnico. Será un veredicto político e institucional. Mostrará si el país optó por fortalecer las reglas del juego o si decidió, una vez más, naturalizar la excepcionalidad, el amiguismo y la opacidad.
La transparencia no se declama. Se diseña, se implementa y se sostiene. Todo lo demás es relato.
