Una licitación para la compra de armas en la gestión al frente del Ministerio de Seguridad de Marcelo Saín derivó en una investigación penal. El ex ministro enfrenta un pedido de pena de cinco años de cárcel y una multa de 17 millones de dólares. Así lo hizo saber el fiscal santafesino Ezequiel Hermández, que lleva adelante la investigación que se encuentra encaminada a juicio oral y público.
Se trata de una licitación para la adquisición de 130 fusiles de asalto, 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 subametralladoras y 12 fusiles para francotiradores. Una sospecha sobre irregularidades en el trámite frenó la compra luego de una acción de amparo que fue presentada en la capital provincial.
La apertura de sobres de la licitación estaba prevista para el 5 de febrero de 2021 y según consta en el expediente alcanzaba un monto de alrededor de 1400 millones de pesos.
La denuncia contra Saín y parte de su equipo de colaboradores fue presentada en 2021 por el bloque de la UCR de la Cámara de Diputados de Santa Fe, cuyos integrantes adujeron que la licitación había sido hecha a medida de una empresa israelí.
A mediados del 2021 se hizo un allanamiento a la Dirección General de Administración y en el área de Coordinación de Administración Financiera donde entre otra documentación se secuestró el expediente de la licitación referida a la compra de armas. Mientras que en el procedimiento que se hizo en noviembre de ese año en las dependencias del ministerio se secuestró un pendrive que tenía un documento con la redacción idéntica del pliego para la licitación que presentó el oferente sobre el que, según la investigación, estaba direccionado el concurso, contó una fuente consultada.
Saín fue imputado por este hecho junto a varios de sus subalternos como el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro, el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa Maximiliano Novas y el ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la policía provincial, Marcelo Correa.
Ahora la Fiscalía presentó acusación y adelantó que pedirá una pena de cinco años de prisión y una multa de 17 millones de pesos por el hecho.
