La apertura del 147° período ordinario de sesiones del Concejo Municipal de Santa Fe no terminó con el último aplauso dentro del recinto. Como suele ocurrir en cada inicio de año legislativo, el discurso del intendente Juan Pablo Poletti abrió inmediatamente otro capítulo: el de las lecturas políticas, las adhesiones y las críticas de los concejales.
El mensaje del Ejecutivo, centrado en obras públicas, modernización administrativa y equilibrio fiscal, fue recibido con matices claramente diferenciados entre oficialismo y oposición, en un escenario institucional que ya no exhibe mayorías holgadas y obliga a una convivencia legislativa más negociada.
Desde la conducción del cuerpo, el presidente del Concejo, Sergio “Checho” Basile, valoró el tono general del mensaje y puso el acento en la articulación entre niveles del Estado. Destacó particularmente la referencia al trabajo conjunto con la provincia, tanto en materia de infraestructura como de seguridad, y definió el contexto actual como una etapa de “transición institucional” atravesada por el debate sobre la autonomía municipal y la futura Carta Orgánica.
En sus declaraciones posteriores, Basile subrayó la necesidad de sostener una agenda común orientada a resolver problemas concretos de la ciudad. La mención no fue casual: el Concejo inicia el período legislativo con una composición más fragmentada, donde el oficialismo mantiene la mayoría simple, pero ya no cuenta con los dos tercios que facilitan los acuerdos estructurales.
En el bloque opositor, en cambio, la lectura fue más áspera. Allí se instaló con fuerza la idea de una brecha entre el diagnóstico oficial y la percepción cotidiana de los barrios.
Uno de los posicionamientos más críticos fue el expresado por Jorge Fernández, quien junto a Jorgelina Mudallel representa en el Concejo al sector referenciado en el exgobernador Omar Perotti. Ambos ediles coincidieron en cuestionar el contenido y el enfoque del discurso, señalando que la descripción realizada por el intendente no refleja —según sostuvieron— la realidad que transmiten vecinos y vecinas en el territorio.
Fernández planteó que el mensaje volvió a recurrir a conceptos que, a su juicio, se repiten desde hace años en la política local. “Todo es histórico, todo es un cambio de paradigma, pero los problemas siguen siendo los mismos”, expresó, en una frase que condensó el eje central de su crítica.
El concejal opositor advirtió que, más allá de los anuncios, no observa transformaciones de fondo en la vida cotidiana de los barrios. En ese sentido, relativizó el impacto de las obras mencionadas por el Ejecutivo y cuestionó la priorización de intervenciones en zonas centrales por sobre las demandas territoriales.
“De las grandes obras y proyectos solo vemos la renovación de cinco canteros centrales y ni una obra para los barrios”, sostuvo, al tiempo que apuntó específicamente contra la política de mejorado pétreo. Para Fernández, la estrategia no resuelve de manera estructural el deterioro de las calles de tierra, sino que posterga soluciones de mayor alcance.
La mirada crítica también se extendió al abordaje de la seguridad urbana. Fernández consideró que el discurso careció de un “plan real de prevención del delito” y señaló que algunos anuncios, como la ampliación del sistema de videovigilancia, ya habían sido formulados en años anteriores.
En ese marco, introdujo un planteo que excede el debate estrictamente policial. “Nada más promisorio para la inseguridad que los barrios descuidados por el Estado municipal”, afirmó, al vincular la problemática del delito con el estado del espacio público, la transitabilidad, la limpieza urbana y la presencia estatal en el territorio.
Mudallel, por su parte, avaló esa línea argumental, reforzando la idea de que el discurso oficial presenta —según su mirada— una “ciudad virtual” que no coincide con los reclamos recogidos en los barrios.
Dentro del arco opositor, otros concejales también expresaron reparos, aunque con distintos énfasis. Hubo cuestionamientos al alcance de las obras anunciadas, a la política de servicios urbanos y a la falta de definiciones más precisas en áreas sensibles como infraestructura básica y mantenimiento urbano.
Así, la apertura del año legislativo dejó expuesto algo más que una batería de anuncios. Puso en evidencia, una vez más, las tensiones propias de un escenario político donde el Ejecutivo busca consolidar su narrativa de gestión, mientras la oposición intenta instalar un contrapunto centrado en la experiencia territorial.
El Concejo inicia ahora un período que, más allá del acto protocolar, estará marcado por esa disputa de lecturas: entre la planificación oficial y la demanda cotidiana de los barrios, entre el discurso institucional y la interpretación política de sus protagonistas.
