Sindicatos de prensa se reunieron con funcionarios provinciales en medio de un clima cada vez más complejo. Periodistas denuncian condicionamientos, levantamiento de notas y discrecionalidad en la pauta oficial.
La relación entre el gobierno de Santa Fe y el periodismo atraviesa su momento más crítico desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro. Lo que comenzó como diferencias aisladas hoy se traduce en un clima generalizado de tensión, marcado por denuncias de presiones, condicionamientos y restricciones al ejercicio de la actividad periodística.
En ese contexto, la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF) y el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) mantuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Comunicación provincial, en un intento por encauzar una situación que, según advierten, afecta directamente el derecho a la información.
Denuncias por condicionamientos y levantamiento de notas
Durante el encuentro, los representantes gremiales plantearon una preocupación concreta: la existencia de presiones sobre periodistas para limitar la cobertura de determinados temas sensibles.
“Los condicionamientos llegan incluso, en algunos casos, a levantar notas o a eliminar algunas ya publicadas”, señalaron los sindicatos tras la reunión.
El señalamiento no es menor. En los últimos meses, distintos colegas de la provincia han relatado situaciones similares, donde la intervención de áreas vinculadas a la comunicación oficial habría incidido en decisiones editoriales de algunos medios.
Uno de los episodios más comentados se produjo durante la cobertura de la inauguración de la tercera vía de la autopista Rosario–Santa Fe, donde un periodista expuso públicamente estas presiones. La nota, sin embargo, fue posteriormente eliminada del medio en el que había sido publicada.
Silencios, autocensura y cobertura fragmentada
El fenómeno no se limita a casos puntuales. En distintos puntos de la provincia, la cobertura de conflictos sociales comienza a mostrar signos de fragmentación.
Un ejemplo reciente fue la protesta docente en una ciudad del interior, que tuvo amplia difusión en redes sociales pero escasa presencia en medios tradicionales, salvo contadas excepciones.
En este escenario, crece la percepción de que determinados temas quedan fuera de agenda o son abordados de manera parcial, lo que alimenta un clima de autocensura y preocupación en el sector.
Pauta oficial y acceso a la información
Otro de los ejes de conflicto es la distribución de la pauta oficial. Desde distintos medios señalan criterios discrecionales que no solo impactan en el financiamiento, sino también en el acceso a la información.
En algunos casos, además de quedar excluidos de la pauta, medios con alta llegada a la ciudadanía denuncian dificultades para acceder a funcionarios, con canales de comunicación restringidos o directamente bloqueados.
Este doble mecanismo —económico e informativo— configura, según advierten desde el sector, una forma indirecta de condicionamiento que afecta la pluralidad de voces.
La contradicción con el debate constitucional
El escenario actual contrasta con lo discutido durante la reciente Convención Constituyente, donde se abordó el rol de la prensa en el marco del artículo 11 de la nueva Constitución provincial.
En ese ámbito, la diputada oficialista Gisel Mahmud había sido enfática al destacar la centralidad de la actividad periodística dentro del sistema democrático. “Estamos estableciendo la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el derecho a la información pública, la actividad periodística y la pluralidad de voces. Derechos sin los cuales no hay una ciudadanía informada, no hay control del poder y no hay una democracia real”, sostuvo durante su intervención la legisladora oficialista.
Además, la legisladora remarcó la necesidad de garantizar condiciones reales para el ejercicio del periodismo: “Prohibimos de manera clara la censura directa y también las formas indirectas de censura, entre ellas aquellas vinculadas a la pauta oficial”, advirtió, en línea con los estándares fijados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Sin embargo, la práctica cotidiana parece ir en sentido contrario a esos principios. Las denuncias de presiones, condicionamientos y discrecionalidad en la pauta oficial que surgen desde el propio sector periodístico tensionan directamente el espíritu de lo debatido en la Convención.
En ese marco, no son pocos los que interpretan que incluso la propia Mahmud pudo haber sido víctima de una desconexión entre el plano normativo y la realidad de la gestión. Es que muchas veces las buenas intenciones expresadas por legisladores oficialistas chocan con las formas concretas en que se ejecutan las políticas públicas, especialmente en áreas sensibles como la comunicación, donde las decisiones no siempre pasan por quienes redactan las normas, sino por quienes las aplican.
Un diálogo abierto, pero con representación limitada
En la reunión con los gremios, los funcionarios provinciales expusieron los lineamientos de la política comunicacional del gobierno, destacando el eje de seguridad como una de las prioridades de gestión.
Por su parte, los sindicatos propusieron avanzar en un espacio de trabajo conjunto —que incluya al Estado, las empresas periodísticas y los trabajadores de prensa— para establecer criterios claros, al menos en la cobertura de temas sensibles.
“Apostamos al diálogo para resolver los problemas que hoy obturan el libre flujo informativo”, señalaron desde las organizaciones.
No obstante, desde distintos sectores advierten que la representación gremial es acotada y que una gran parte del ecosistema periodístico santafesino queda fuera de estas instancias.
Un conflicto que excede al periodismo
Más allá de las tensiones puntuales, el conflicto abre una discusión más amplia sobre el rol de la prensa, la relación con el poder político y las condiciones en las que se produce información en la provincia.
La calidad democrática, el acceso a la información pública y la pluralidad de voces aparecen como ejes atravesados por este escenario, que lejos de resolverse, parece profundizarse.
En ese contexto, el vínculo entre el gobierno y los medios ya no se explica solo en términos de gestión, sino también como un terreno de disputa política, donde la información se convierte en un actor central.
