La condena a nueve años de prisión contra el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, no sólo marcó un antes y un después en la historia judicial de la provincia: también reactivó las preguntas más espinosas del tablero político santafesino. ¿Qué pasará con el senador Armando Traferri, señalado como pieza central en la trama de protección al juego ilegal? ¿Puede ir preso? ¿Por qué no estuvo en el banquillo junto a los condenados? Y, sobre todo, ¿cómo incide en este escenario el nuevo régimen de fueros legislativos establecido por la flamante Constitución provincial?
El fallo del tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra fue categórico: la red de corrupción que encabezó Serjal no habría existido sin cobertura política. Y en ese entramado, el nombre de Traferri aparece una y otra vez en los fundamentos. Los magistrados describieron una asociación ilícita jerarquizada, donde fiscales, funcionarios y empresarios operaban en beneficio del capitalista del juego clandestino, Leonardo Peiti, a cambio de impunidad judicial y favores políticos.
Serjal fue condenado; Peiti y Gustavo Ponce Asahad lo fueron antes como “arrepentidos”; pero el senador por San Lorenzo continúa en libertad y en funciones. Esa diferencia no es menor: expone las particularidades del sistema de inmunidades parlamentarias de Santa Fe, un resabio institucional que la reforma constitucional de 2025 vino precisamente a transformar.
¿Por qué Traferri no estuvo en el banquillo de los acusados?
La respuesta combina técnica jurídica y política pura.
Traferri no fue juzgado junto a Serjal porque aún conserva inmunidades derivadas de su cargo legislativo. La vieja Constitución provincial otorgaba a los senadores y diputados un “súper fuero”, mucho más amplio que el vigente en el Congreso Nacional. Esa protección no solo impedía la detención de un legislador, sino incluso su investigación penal sin autorización expresa de la Cámara a la que pertenecía.
En 2020, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra solicitaron su desafuero para poder imputarlo formalmente. El Senado, con una amplia mayoría, se lo negó. En ese momento, el caso quedó virtualmente archivado, amparado por una interpretación institucional que hoy está en el centro del debate.
Tres años después, en 2023, el mismo cuerpo legislativo votó por unanimidad habilitar la continuidad del proceso, aunque manteniendo vigentes las inmunidades de arresto y opinión. Recién entonces Traferri quedó formalmente imputado como jefe de asociación ilícita, pero sigue sin fecha de juicio.
En términos prácticos, no puede ser detenido ni privado de su banca, salvo que el Senado vuelva a reunirse y vote expresamente en ese sentido. Esa protección es la que hoy mantiene su libertad, aun con un fallo judicial que lo menciona en decenas de párrafos.
¿Puede Traferri ir preso?
En el marco jurídico anterior, la respuesta era clara: no, salvo decisión política de sus pares.
Pero la reforma constitucional de Santa Fe, sancionada y promulgada en 2025, cambió el escenario de manera drástica. El nuevo texto limita los fueros legislativos únicamente a la inmunidad de arresto, y establece que los legisladores pueden ser investigados, imputados y juzgados como cualquier ciudadano.
Además, incorpora dos cláusulas clave:
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Si existe una condena penal firme, no se requiere autorización legislativa para ejecutar la pena.
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En caso de delito flagrante, un legislador puede ser detenido inmediatamente.
En consecuencia, si el proceso contra Traferri avanza y termina en condena definitiva, la nueva Constitución habilita su encarcelamiento sin necesidad de un nuevo desafuero. Lo que antes era una coraza de impunidad se transformó en un principio de responsabilidad pública.
Una red de poder que excede a la Justicia
La condena de Serjal no sólo sacude al sistema judicial, sino que deja al descubierto una red de vínculos entre la política y el negocio del juego clandestino.
El tribunal fue explícito: el ex jefe de fiscales no actuó solo. Su relación con Peiti, documentada en audios, viajes y pagos, fue posible gracias a un entorno institucional que garantizó impunidad durante años. En los fundamentos se describe cómo Traferri habría oficiado de nexo político, gestionando protección y facilitando contactos dentro del Estado.
Los jueces calificaron el caso como “una traición a la confianza pública”, subrayando que la corrupción en el ámbito judicial tiene un daño institucional “de magnitud excepcional”.
La figura del senador, por su peso político y su rol dentro del peronismo provincial, representa un desafío para la credibilidad de las instituciones: el único actor clave de esa red que sigue en libertad, protegido —al menos hasta ahora— por la arquitectura de los fueros.
¿Puede impactar en más funcionarios políticos?
Sí. Los fundamentos del fallo dejan abierta la posibilidad de que nuevos nombres del ámbito político y judicial sean investigados. El tribunal reconoció que “la estructura criminal incluyó personas que no fueron traídas a este juicio”, lo que en la práctica significa que el Ministerio Público de la Acusación puede avanzar sobre otros implicados en la red de protección.
Además, la validación judicial de la investigación original de los fiscales Edery y Schiappa Pietra —que había sido puesta en duda por sectores políticos y por el propio Traferri— refuerza la legalidad de las pruebas acumuladas. En otras palabras: la causa está viva, y la sentencia de Serjal podría ser el punto de partida para un nuevo capítulo.
La política frente al espejo
La crisis institucional que desató el “caso Serjal” va mucho más allá de un nombre propio.
Exhibe cómo las tramas de poder, el intercambio de favores y la manipulación de los fueros pueden socavar el sentido de justicia en una provincia que se enorgullece de su institucionalidad. La nueva Constitución santafesina llega, en ese sentido, como una respuesta histórica: ya no hay lugar para los blindajes.
El poder político, especialmente en un contexto de desconfianza social, enfrenta ahora un desafío mayor: demostrar que la transparencia no es un discurso, sino una práctica.
En Santa Fe, el caso Traferri es mucho más que un expediente judicial. Es una prueba de fuego sobre hasta dónde está dispuesta a llegar la democracia provincial en su promesa de igualdad ante la ley.
