Con la elección a convencionales reformadores cada vez más cerca, pero con una campaña muy despolitizada en cuanto a la temática, en algunos espacios existe una vocación por comentar y pensar aspectos a modificar en la carta magna provincial. El editor, lanzó hace algunas semanas esta sección “Que reforma la reforma”, para repasar los temas a modificar, que dice la actual constitución sobre eso y algunas ideas que se fueron exponiendo en los últimos años previo al debate reformador.
Para dar continuidad al segmento, seleccionamos el tema “Seguridad Pública y justicia”, siendo uno de los ejes centrales del debate sobre la reforma constitucional en Santa Fe. Mientras la Constitución vigente establece al Estado como garante del orden y la seguridad, los proyectos de reforma buscan modernizar esta función incorporando mecanismos de control, regulación del uso de la fuerza y asistencia a víctimas. Sin embargo, las propuestas presentan enfoques contrapuestos: ¿mayor supervisión y transparencia o fortalecimiento de la autoridad policial?
El modelo actual: funciones del Estado y ausencia de controles específicos
La Constitución de Santa Fe (1962) no dedica un capítulo exclusivo a la seguridad pública, sino que la distribuye en distintos artículos. Establece que el Gobernador es el responsable del orden y la seguridad interior, facultándolo para emplear la fuerza pública en casos de emergencia (Artículos 72 y 73). La Policía Provincial es la encargada de la seguridad y debe actuar dentro del marco constitucional (Artículo 92), mientras que los ciudadanos tienen derecho a exigir su control (Artículo 94).
No obstante, el texto vigente carece de principios de seguridad democrática, regulación del uso de la fuerza, derechos de las víctimas o mecanismos de supervisión. En un contexto de crisis de seguridad, la falta de herramientas de control y modernización ha impulsado diversos proyectos de reforma que buscan redefinir el papel del Estado y de las fuerzas policiales.
Seguridad en la reforma: dos modelos enfrentados
Cada declaración, propuesta o idea analizada en esta sección, hasta el momento, parte de de lo expresado en proyectos de ley de reforma constitucional que fueron presentados en el último tiempo como fuente para armar este informe, ante una campaña fría y despolitizada hacia la elección constituyente.
Dicho eso, las propuestas de reforma pueden agruparse en dos grandes líneas. Por un lado, las iniciativas legislativas que presentaron Blanco, Corral, De Ponti y Rosúa promueven un enfoque de seguridad democrática, con control ciudadano, participación comunitaria y formación en derechos humanos. Por otro lado, los proyectos ingresados en su momento por Sola y Ghione priorizan la seguridad como una función exclusiva del Estado, con respaldo a la policía, endurecimiento del uso de la fuerza y reducción de controles externos.
El proyecto de Perotti, en tanto, buscaba un modelo integral, combinando prevención, control del delito y asistencia a víctimas.
¿Más control ciudadano o mayor respaldo policial?
Uno de los puntos más controversiales es el control ciudadano sobre las fuerzas de seguridad.
- De Ponti y Rosúa proponen un Consejo de Control Ciudadano, con representación de la sociedad civil para fiscalizar la actuación policial.
- Blanco incorpora el uso obligatorio de cámaras corporales y la digitalización de procedimientos.
- Sola PRO y Ghione rechazan estos controles y buscan dar más poder a la policía, ampliando las facultades de uso de la fuerza y limitando la intervención externa.
Mientras algunos proyectos plantean la seguridad como un derecho colectivo con responsabilidad estatal y ciudadana, otros sostienen que el orden y la disciplina deben garantizarse con un respaldo incondicional a las fuerzas policiales.
Formación policial y reforma institucional
En cuanto a la profesionalización, los proyectos también difieren .La iniciativa del diputado Perotti propone una reforma integral, con formación obligatoria en derechos humanos. En tanto, Blanco plantea un sistema de carrera policial por mérito, eliminando el acceso discrecional a cargos jerárquicos. Mientras que, Sola busca reducir los módulos teóricos y reforzar la capacitación táctica y operativa.
Aquí surge una pregunta clave: ¿la solución pasa por una policía más preparada en mediación y derechos humanos o por una formación más táctica con mayor respaldo en el uso de la fuerza?
Víctimas, penas y seguridad comunitaria
Otro aspecto de la reforma es el rol del Estado en la protección de víctimas y la participación comunitaria. Aquí las iniciativas también se diferencian en su intención. Una de las propuestas buscaba instaurar un Fondo de Asistencia a Víctimas, con apoyo psicológico, jurídico y económico. Otros proyectos fomentaban la creación de consejos barriales para la construcción de políticas de seguridad desde los territorios, y por último, otra iniciativa impulsa un endurecimiento de penas y una ampliación de la legítima defensa policial.
Mientras unos proyectos apuestan por la asistencia y la prevención, otros buscan mayor dureza en la respuesta al delito.
¿Qué modelo de seguridad quiere Santa Fe?
El debate sobre seguridad en la reforma constitucional refleja una disputa central en la política actual ¿Mayor supervisión ciudadana y derechos humanos o mayor poder policial y respaldo irrestricto? ¿Seguridad preventiva y comunitaria o enfoque represivo con endurecimiento de penas?
El resultado de esta discusión definirá el futuro de la seguridad en Santa Fe. Mientras algunos proyectos buscan una policía más controlada y profesionalizada, otros sostienen que el problema radica en las restricciones excesivas a las fuerzas de seguridad.
La reforma constitucional es una oportunidad para redefinir el modelo de seguridad, pero la pregunta sigue abierta: ¿Qué tipo de seguridad demandan los santafesinos? Podes comentar o escribir a la redacción de este medio para aportar al análisis de esta temática en el camino hacia la reforma constitucional.
