En la cuenta regresiva hacia la convención constituyente, uno de los temas que genera mayor tensión institucional es el régimen de fueros que ampara a diputados y senadores provinciales. Aunque la palabra suele asociarse a “impunidad”, el sistema de inmunidades legislativas tiene orígenes históricos y fundamentos democráticos. El problema en Santa Fe es su extensión: hoy, los legisladores no sólo gozan de inmunidad de arresto y de expresión, sino también de una controvertida inmunidad de proceso que impide incluso que sean investigados por la Justicia mientras estén en funciones.
La reforma constitucional no ignora el tema, pero el abordaje propuesto aún es difuso. La ley de necesidad habilita a revisar el funcionamiento del Poder Legislativo, lo que abre la posibilidad de limitar –o al menos redefinir– este régimen de privilegios. Y si bien hay consenso en sostener ciertas protecciones, otros puntos generan una fuerte controversia política y jurídica.
Qué tipos de inmunidad existen
En la actualidad, los legisladores santafesinos cuentan con tres tipos de fueros. Cada uno tiene implicancias distintas sobre el accionar de la Justicia.
- Inmunidad de expresión: Es la más aceptada y menos cuestionada. Garantiza que un legislador pueda expresarse libremente en el ejercicio de su función sin temor a ser perseguido penal o civilmente por sus dichos. No incluye insultos ni agravios personales, pero protege opiniones políticas vertidas en el recinto o en tareas legislativas.
- Inmunidad de arresto: Impide que un legislador pueda ser detenido o encarcelado mientras ejerce su mandato, salvo que sea sorprendido “in fraganti” cometiendo un delito. Para poder arrestarlo, se requiere el voto favorable de los dos tercios de la Cámara a la que pertenece.
- Inmunidad de proceso: Es la más polémica. Bloquea toda investigación penal sobre un legislador, incluso en su fase preliminar. Es decir, mientras esté vigente este fuero, la Justicia ni siquiera puede abrir un expediente penal. Este tipo de inmunidad ya fue eliminado en la mayoría de las provincias argentinas y no existe a nivel nacional, pero aún persiste en la Constitución de Santa Fe.
El caso Traferri y el límite del sistema
El debate sobre la inmunidad de proceso cobró fuerza pública cuando se intentó investigar al senador Armando Traferri por presuntos vínculos con el juego ilegal. La Justicia solicitó su desafuero, pero la Cámara de Senadores lo rechazó. La Corte Suprema de Santa Fe avaló la decisión, confirmando que la inmunidad de proceso estaba vigente. El caso escaló hasta la Corte nacional, donde aún se analiza su constitucionalidad.
Este antecedente instaló una pregunta de fondo: ¿puede un legislador, por el solo hecho de su cargo, quedar por fuera del principio de igualdad ante la ley?
Lo que puede cambiar con la reforma
La reforma en curso no eliminaría por completo las inmunidades. Se mantendría la de expresión y se revisaría el alcance de la inmunidad de arresto. Pero el punto clave es la posible eliminación de la inmunidad de proceso, que permitiría a la Justicia investigar a un legislador sin necesidad de autorización previa de la Cámara. Esto implicaría una equiparación con el régimen nacional y una señal institucional fuerte a favor de la transparencia.
Además, se analiza que el desafuero sólo sea necesario para dictar prisión preventiva o concretar una detención, pero no para que avance una investigación penal. Hoy, incluso esa primera etapa queda bloqueada por el sistema vigente.
¿Se puede renunciar a los fueros?
En medio de la campaña, varios candidatos expresaron su voluntad de “renunciar a los fueros”. Sin embargo, legalmente esto no es tan sencillo. Muchos constitucionalistas sostienen que los fueros no son un privilegio individual sino del cuerpo legislativo, por lo que sólo el cuerpo puede decidir su levantamiento.
Si se avanza con la eliminación de la inmunidad de proceso, como plantean varios sectores de la convención, la renuncia perdería sentido: ya no habría fuero que impida una investigación judicial.
Un sistema que necesita legitimidad
Más allá de las diferencias técnicas, el fondo del debate apunta a un principio esencial: ningún cargo público debería estar por encima del control judicial. La reforma constitucional ofrece una oportunidad para revisar privilegios históricos que ya no se justifican. Si el nuevo texto logra equilibrar la protección institucional con el principio de igualdad ante la ley, Santa Fe podrá saldar una deuda pendiente en materia de calidad democrática.
