Un hombre de peso del Senado provincial, aspirantes a intendentes de la ciudad Rosario y los únicos jefes comunales de la convención, son algunos de los perfiles que debatirán y definirían el nuevo régimen municipal de la provincia de Santa Fe. Hay datos que no podemos dejar de soslayar, por eso escribimos este artículo.
La Comisión de régimen municipal, hábitat y derecho a la ciudad, es el cuerpo institucional encargado de la modificación de los artículos 106, 107 y 108. En la misma, además de discutirse la adecuación de la legislación provincial a los dictados de la Carta Magna nacional, se discute algo más profundo y de mayor interés: ¿Quién gobernará Rosario en el año 2027?
Esta discusión la podemos observar de entrada si tenemos en cuenta que de los 15 convencionales que integran la misma, 7 son oriundos de la ciudad de Rosario y 2 más provienen de ciudades del mismo departamento (Perez y Villa Gobernador Galvez ). Por su parte, la ciudad de Santa Fe, solo tiene una representante.
Quienes son los integrantes de esta Comisión clave y de dónde vienen:
Presidente de la Comisión: Katia Passarino (Reconquista, Unidos-UCR). Concejala, arrasó en las elecciones de 2023. Su elección para presidir la comisión fue una decisión “salomónica”.
Vicepresidente: Juan Monteverde (Rosario, Más para Santa Fe). Concejal de la ciudad de Rosario, en 2023 quedó a las puertas de la intendencia en un mano a mano con el intendente Pablo Javkin.
Secretario: Daniel Machado (Villa Gobernador Gálvez, Somos Vida y Libertad). De origen peronista, fue presidente del concejo deliberante de su ciudad entre el 2005 y el 2006. Integra la alianza liderada por Amalia Granata desde el 2023.
Germán Giacomino (Villa Constitución, Unidos-UCR). Senador departamental desde el año 2011, fue reelecto en el 2015, 2019 y 2023.
Mauricio Maroevich (Casilda, Unidos-UCR). Concejal desde el año 2021, perdió la interna por la intendencia de Casilda por 33 votos.
Oscar Dolzani (San Javier, Unidos-UCR). Electo senador en el año 2023 tras derrotar al histórico José “Pepe” Baucero, el ex presidente comunal de Alejandra es el senador departamental más joven de la provincia.
Josefina Del Río (Rosario, Unidos-CREO). Abogada, 35 años, actualmente se desempeña como Subsecretaria de Hábitat de la municipalidad. Es la única representante del intendente Pablo Javkin en la Convención.
Sara Sánchez Lecumberri (Santa Fe, Unidos-PRO). Abogada, responde al sector de Gisela Scaglia y German Mastropaolo en el PRO Santa Fe. Es la unica representante del partido amarillo en la Convención.
Joaquín Blanco (Rosario, Unidos-PS). Diputado provincial, es una de las espadas legislativas de Clara García en la Cámara Baja, Actualmente es el Secretario General del Partido Socialista de Santa Fe.
Diego Giuliano (Rosario, Mas para Santa Fe/Frente Renovador). Abogado constitucionalista fue concejal entre 2009 y 2017; Ministro de Transporte entre 2022 y 2023; actualmente es diputado nacional.
Juan Pedro Aleart (Rosario, La Libertad Avanza). Periodista, fue movilero y conductor del programa mas visto de la ciudad. Recientemente electo como concejal, es uno de los anotados en la carrera por la intendencia de Rosario.
Javier Meyer (Las Rosas, La Libertad Avanza). Intendente de las Rosas desde 2015, fue reelecto en 2029 y 2023, siempre con amplio margen. Dio el salto a LLA en 2025 y derrotó al senador del departamento, Pablo Verdechia, por el escaño de Convencional departamental.
Pablo Corsalini (Perez, Más Para Santa Fe). Intendente de la ciudad de Perez desde el 2015, previmanete fue concejal por un periodo de 4 años. Lidera una tribu de jefes comunales peronistas que se manejan con autonomía respecto a la conducción partidaria.
Gino Svegliati (Rosario, Unidos-PS). Politólogo, con 26 años es el convencional más joven de Unidos. Es Director de Integración Territorial y Comunitaria del Ministerio de Cultura.
Ruben Giustiniani (Rosario, Activemos-Igualdad). Ingeniero Civil, hombre de larga trayectoria en el Partido Socailista. Fue diputado nacional entre 1997 y 2003; y Senador Nacional entre 2003 y 2015. Tras distanciarse de la conducción del socialismo, fundó su partido Igualdad y Participación. Es uno de los principales impulsores de la autonomía de Rosario.
En total, de las 15 firmas presentes en la comisión, 8 son de Unidos, de 3 Más para Santa Fe Y 2 de La Libertad Avanza; mientras que Somos Vida y Libertad, y Activemos, cuentan con 1 cada bloque.
Un derecho que no puede nacer mutilado
La reforma constitucional que se avecina en Santa Fe vuelve a poner sobre la mesa una vieja deuda: la autonomía municipal. La ley 14.384, sancionada en 2024, incluyó entre las materias a modificar los artículos 106 y 107 de la Constitución provincial, con la intención de consagrar, al fin, lo que la Constitución Nacional reconoce desde 1994.
Hasta aquí, nada que objetar. De hecho, es una meta razonable, necesaria y esperada. El problema aparece cuando el artículo 3 de esa misma ley dispone que la redacción de las cartas orgánicas municipales estará a cargo de los concejos municipales en funciones, sin elección específica y actuando como “asambleas constituyentes locales”.
La contradicción es evidente. No se puede hablar de verdadera autonomía si el proceso fundacional es controlado por cuerpos legislativos ya integrados, elegidos para otra tarea y bajo reglas que no fueron diseñadas para elaborar la ley madre de un municipio. Se trata de un atajo que, lejos de fortalecer el autogobierno local, lo debilita, distorsiona y hasta podría anularlo.
La historia santafesina tiene un espejo donde mirarse. Rosario sancionó su carta orgánica municipal en 1933, amparada por la avanzada Constitución provincial de 1921, que, aunque duró poco, dejó un legado institucional formidable. Aquella carta magna reconocía tres categorías de municipios, atribuía al gobierno local la responsabilidad primaria sobre todos los servicios esenciales y creaba incluso una Junta Electoral Municipal para inscribir a “extranjeros y mujeres”, adelantándose décadas a otros ordenamientos.
Y, sobre todo, hacía lo que corresponde: para dictar la carta orgánica, convocó una convención y eligió convencionales constituyentes. No hubo improvisación ni atajos; hubo un proceso democrático deliberativo, tal como lo requiere el espíritu de la autonomía.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha señalado que para cumplir con el estándar constitucional es indispensable convocar a una asamblea constituyente municipal, con representantes elegidos expresamente para ese fin. Pretender que los concejos actuales asuman ese rol es desconocer ese mandato y retroceder casi un siglo en materia de institucionalidad.
Carlos Santiago Nino, uno de los juristas argentinos más respetados del siglo XX, sostenía que la política democrática puede asumirse desde el pluralismo o desde la deliberación. La autonomía municipal, por su naturaleza, exige lo segundo: un espacio de debate específico, representativo y elegido por la ciudadanía para fijar las reglas de su vida institucional.
Por eso, es imperioso que la Convención Provincial corrija el error del artículo 3 de la ley 14.384. No se trata de un detalle técnico, sino de la esencia misma de la autonomía que se proclama. Los municipios deben tener el derecho —y la responsabilidad— de darse a sí mismos, mediante convenciones elegidas al efecto, las normas que regirán su destino.
La autonomía municipal no puede nacer mutilada. Si realmente queremos ciudades libres, responsables y modernas, debemos honrar la democracia deliberativa y no conformarnos con atajos que, bajo la excusa de simplificar, terminan vaciando de sentido uno de los pilares del federalismo.
