El jefe del bloque Más para Santa Fe en la Convención Constituyente, Rubén Pirola, lanzó dos críticas de fondo que alimentan el malestar de la oposición en el marco del debate por la reforma constitucional en Santa Fe: por un lado, cuestionó la falta de participación activa del gobernador Maximiliano Pullaro, quien es convencional pero no integra ninguna de las comisiones de trabajo; por otro, volvió a encender las alarmas sobre la escasez de tiempo real para tratar los más de 700 proyectos ingresados para su análisis.
Durante la última sesión plenaria, Pirola sorprendió al cuerpo con una suerte de adivinanza política: preguntó quién era el único convencional que no integra comisión alguna. En medio de las dudas y miradas, aclaró que no se trataba del presidente de la Convención, Felipe Michlig —quien forma parte de Labor Parlamentaria—, sino del propio gobernador Pullaro. El mandatario santafesino, si bien ha asistido a algunos plenarios y reuniones del bloque Unidos, optó por no participar de ninguna de las ocho comisiones temáticas que llevan adelante el grueso del trabajo constitucional.
Para Pirola, esta decisión expone el carácter superficial del proceso impulsado por el oficialismo. “Esta reforma tiene un solo fin y está expuesto, tanto es así que Maximiliano Pullaro no integra ninguna comisión. Es el único convencional con ese privilegio”, disparó el legislador justicialista por Las Colonias.
Tiempos al límite y riesgo de debates truncos
Pero las críticas no se agotaron en la figura del gobernador. Pirola también expresó una fuerte preocupación por la organización general del proceso reformador, particularmente en relación a los tiempos previstos para analizar las propuestas ciudadanas. Según advirtió, el caudal de proyectos ingresados —más de 700— resulta imposible de abordar adecuadamente en los 60 días establecidos, aún cuando se haya votado utilizar el plazo máximo permitido.
“El debate se supone garantizado en las comisiones, ahora bien, la escucha a todos los sectores es una debilidad dado los tiempos. Eso dependerá del estudio que cada equipo de cada convencional y/o bloque pueda hacer”, explicó el jefe del bloque Más para Santa Fe. Además, recordó que desde la oposición habían propuesto demorar el inicio del proceso para dar mayor previsibilidad y participación ciudadana, pero que el oficialismo optó por avanzar “entre gallos y medianoche”.
Los cuestionamientos se intensifican ante la dinámica prevista para las audiencias públicas, en las que los expositores tendrán un máximo de tres minutos para presentar sus propuestas. Desde distintos bloques opositores —incluyendo La Libertad Avanza y Somos Vida— también se alzaron voces cuestionando el escaso margen de deliberación real frente al cúmulo de iniciativas.
El oficialismo responde: “Se va a escuchar a todos”
Frente a las críticas, desde el bloque Unidos y la presidencia de la Convención descartaron que haya falta de planificación. En declaraciones públicas, el presidente del cuerpo, Felipe Michlig, aseguró que “se va a atender a todos, se va a escuchar a todos” y que “los dictámenes van a llegar a tiempo”. También cuestionó lo que calificó como “chicanas” de la oposición, que —según dijo— vienen cambiando de argumento desde el inicio del proceso.
“Primero dijeron que la reforma no era legítima, después criticaron la forma de jurar, luego el reglamento, más tarde la integración de las comisiones. A todos se les dio lugar. Algunos bloques tienen incluso presidencias y vicepresidencias de comisiones. Ahora que hay más de 600 proyectos, dicen que no se los va a poder estudiar”, ironizó Michlig.
Desde el oficialismo, aseguraron que la comisión más exigida, la de Derechos y Garantías, ya está organizando audiencias tanto en Santa Fe como en Rosario. “Los proyectos van a ser leídos, se va a trabajar intensamente para llegar con todo a tiempo”, agregó el convencional Esteban Motta.
Una tensión de fondo: eficacia versus profundidad
El intercambio entre oficialismo y oposición dejó al descubierto una tensión central que recorre todo el proceso: la puja entre la necesidad de eficiencia institucional para cumplir con los plazos y la profundidad democrática que exige una reforma constitucional.
Mientras el oficialismo defiende la planificación como adecuada, la oposición insiste en que la falta de previsión y participación son síntomas de una reforma apurada y dirigida. En el centro del debate queda la figura del gobernador Pullaro, quien decidió asumir como convencional constituyente pero no ser parte del trabajo cotidiano en comisiones. Esa ausencia, para Rubén Pirola, no es menor: “Es una muestra del sentido político real que le asignan a este proceso”.
Con el reloj en marcha y más de 700 proyectos sobre la mesa, la Convención del 25 enfrenta un desafío que no es menor: sostener el consenso político, garantizar la participación ciudadana y lograr dictámenes consistentes en un plazo que muchos ya consideran insuficiente.
