Apenas ocho meses después de asumir como gobernador, Maximiliano Pullaro avanzó en uno de los movimientos más polémicos de su gestión: impulsar una reforma constitucional exprés, sin los consensos básicos y con nula participación ciudadana. La maniobra, presentada como un paso modernizador, huele a oportunismo y ambición personal.
El objetivo real —aunque no explicitado— parece ser uno solo: habilitar su propia reelección. No sorprende entonces que el gobernador haya sido él mismo candidato a convencional constituyente. Ganó la elección, sí, pero sin conseguir la mayoría especial de convencionales que necesitaba para avanzar sin obstáculos. Ahí apareció el verdadero truco bajo la manga: una lista “colectora” encabezada por la ex boxeadora Alejandra “Locomotora” Olivera, outsider mediática que captó el voto popular y le aportó convencionales claves a Pullaro.
Pero lo que ya parecía dudoso desde lo ético se agravó cuando se conoció que Olivera no cumple siquiera con los requisitos legales: no acredita domicilio en la provincia, tal como exige la Constitución santafesina. Pese a ello, y a la impugnación realizada por dirigentes opositores, el procurador de la Corte Suprema provincial, Jorge Barraguirre, con un fallo exprés, desestimó la denuncia y habilitó su asunción. Todo muy conveniente. Todo muy impresentable.
La crisis de legitimidad no se agota ahí. El gobernador, decidido a blindar su proyecto, ha puesto al servicio de su causa a una batería de funcionarios públicos —cuyo salario paga la ciudadanía— que operaron activamente en la campaña constituyente. Entre ellos, los ministros Victoria Tejeda y Fabián Bastía, el Secretario de Justicia y el mismísimo Fiscal de Estado, Domingo Rondina. Es decir, estructuras del Poder Ejecutivo alineadas detrás de un interés estrictamente político y personal.
Lo que debía ser un proceso ejemplar, participativo y plural, se convirtió en una maquinaria de poder, opaca y funcional a un solo hombre. La reforma constitucional —una herramienta clave para el futuro institucional de Santa Fe— fue vaciada de contenido, despojada de debate público y manipulada como si se tratara de una interna partidaria.
No hay transparencia, no hay participación, y ya ni siquiera se respeta la legalidad. Lo que queda es el “siga siga” de la política, donde todo vale, incluso violentar la Constitución que se dice querer mejorar.
El proceso constituyente santafesino, lejos de fortalecer la democracia, está revelando sus peores grietas. Lo que pudo ser una oportunidad histórica para modernizar el marco institucional de la provincia se ha transformado en un símbolo de descomposición política. La reelección de un gobernador no puede justificar la demolición de las reglas básicas de la república.
