La discusión sobre los artículos tributarios en la Convención Constituyente podría tener consecuencias estructurales para la recaudación provincial. Ingresos Brutos, retenciones e IVA están en el centro del debate.
A días del inicio formal de la Convención Constituyente de Santa Fe, uno de los debates más complejos y de mayor impacto se avecina con fuerza: la reforma de los artículos económicos de la Constitución. El tratamiento de los principios fiscales en el nuevo texto constitucional despierta preocupación en sectores del oficialismo y la oposición, pero también en el mundo productivo, cooperativo y rural.
En especial, la posible incorporación de principios como legalidad, progresividad, solidaridad y equidad en materia tributaria podría poner en jaque el esquema actual de Ingresos Brutos, el principal tributo provincial.
Un impuesto bajo la lupa
El impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) representa más del 70% de los recursos propios de la provincia. En 2024 alcanzó un pico del 84,51%. A pesar de ser considerado distorsivo —se cobra en cascada y sin discriminar por capacidad contributiva—, es un sostén central para el financiamiento de servicios públicos y programas provinciales.
Sin embargo, desde sectores técnicos y académicos advierten que su diseño contradice los principios que ahora podrían quedar consagrados en la Carta Magna: no es equitativo, no es progresivo y carga de forma regresiva sobre los consumidores finales.
Incluso desde el propio oficialismo se reconoce la tensión. El ministro de Economía, Pablo Olivares, impulsa la incorporación del concepto de “responsabilidad fiscal” en la Constitución como una “vacuna contra el populismo económico”. Pero evitar el colapso del sistema de recaudación sin un mecanismo de compensación nacional sigue siendo una incógnita.
Las tres claves del conflicto fiscal
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Ingresos Brutos: Su posible colisión con los nuevos principios constitucionales abre la puerta a planteos de inconstitucionalidad si no se adapta su estructura.
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Retenciones y comercio exterior: Desde sectores rurales se reclama un rol más activo de la provincia en la regulación del comercio agropecuario y una distribución más justa de la carga tributaria.
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IVA e impuestos regresivos: Las pymes y cooperativas alertan sobre la falta de equidad del actual sistema. Buscan una reforma que contemple la especificidad de entidades sin fines de lucro.
El antecedente de Mercado Libre
El caso de la empresa de Marcos Galperín encendió señales de alarma: decidió aumentar el cargo a vendedores en provincias con IIBB más altos, como Santa Fe, y abandonar sus oficinas en Córdoba por considerar desproporcionadas las tasas locales. Este hecho reflejó el impacto del esquema fiscal en la competitividad y planteó interrogantes sobre el futuro de las inversiones en provincias con alta presión impositiva.
La mirada del sector rural
Desde Bases Federadas y otras entidades del agro se impulsa una reforma que garantice soberanía alimentaria, banca pública provincial y una distribución equitativa del esfuerzo tributario. También reclaman la inclusión explícita de cooperativas y mutuales en la norma tributaria, y el reconocimiento del derecho al agua como bien común.
A pesar de la apertura inicial del proceso, advierten que el gobernador Pullaro ya anticipó que la reforma “no ampliará derechos”, lo que tensiona las expectativas del sector productivo y social.
¿Qué puede pasar ahora?
La inclusión de principios fiscales en la Constitución podría dar lugar a una ola de judicialización del sistema tributario provincial, especialmente si no hay un plan de transición ni reformas paralelas. Los convencionales deberán encontrar un equilibrio entre la sustentabilidad financiera del Estado y la necesidad de un sistema tributario más justo, moderno y federal.
En medio del debate político, técnico y social, lo fiscal se convierte en el verdadero campo de batalla de la reforma constitucional santafesina. Y su desenlace impactará no solo en la letra de la Carta Magna, sino en el bolsillo de todos los santafesinos.