El contundente triunfo legislativo de La Libertad Avanza no solo consolidó el poder político del presidente Javier Milei: también abrió la puerta a una nueva etapa de reformas estructurales que marcarán el pulso económico y social del próximo bienio. Apenas horas después de los festejos, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Reforma Laboral, pieza central de un plan que incluye además cambios tributarios, previsionales y un amplio programa de privatizaciones.
Un punto de inflexión político y económico
Con su estilo desafiante, Milei volvió a insistir en que el país “pasó el punto bisagra” y que ahora comienza la “Argentina grande”. El Presidente considera que su victoria constituye un nuevo aval ciudadano para profundizar su programa de ajuste fiscal, desregulación y apertura económica.
El paquete legislativo que se prepara para 2026 apunta a reducir el gasto público, simplificar impuestos y flexibilizar el mercado laboral, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y con los compromisos del “Pacto de Mayo”.
La Casa Rosada interpreta que el voto de octubre funcionó como un plebiscito a favor del rumbo liberal, y que el respaldo obtenido en las urnas otorga margen para avanzar en temas hasta ahora trabados por la oposición. Por eso, la estrategia inmediata combina diálogo político con los gobernadores y un intento por construir mayoría parlamentaria para aprobar la primera gran batería de leyes del nuevo Congreso.
La Reforma Laboral: eje del nuevo ciclo
El proyecto de ley ingresado al Parlamento, redactado en base a la iniciativa presentada por la diputada santafesina Romina Diez, lleva el nombre de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo.
Entre sus objetivos centrales, plantea:
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Flexibilización de los convenios colectivos y posibilidad de negociación por empresa y productividad.
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Bancos de horas y fragmentación de vacaciones, adaptando los tiempos de trabajo a la demanda empresarial.
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Revisión de licencias y enfermedades, con nuevos parámetros de control.
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Extensión de jornada laboral hasta 12 horas y pago de indemnizaciones en cuotas, retomando artículos del DNU 70/23 suspendido por la Justicia.
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Incentivos fiscales para Pymes que regularicen trabajadores informales.
El encargado de articular la reforma es Julio Cordero, secretario de Trabajo y ex directivo de Techint, quien defiende un modelo de “negociaciones dinámicas” inspirado en las reformas de los años 90. El Ejecutivo sostiene que estas medidas permitirán bajar la litigiosidad, estimular la inversión y reducir el desempleo.
Privatizaciones, tarifas y reforma tributaria
La ofensiva oficial no se limitará al plano laboral. Antes de fin de año, el Gobierno enviará al Congreso un conjunto de leyes complementarias:
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Privatización de represas hidroeléctricas, trenes de carga, rutas nacionales y la Hidrovía Paraguay-Paraná, con la expectativa de recaudar entre 500 y 700 millones de dólares.
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Reforma tributaria que promete eliminar hasta 20 impuestos y simplificar el sistema.
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Nueva política tarifaria, con eliminación progresiva de subsidios energéticos y aumento escalonado de tarifas de luz y gas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que “los trabajadores pagarán menos Ganancias” cuando se apruebe la reforma impositiva, mientras que el secretario de Energía, Daniel González, confirmó que el esquema de quita de subsidios continuará durante 2026 para acercar los precios a los costos reales de producción.
Resistencias sindicales y horizonte político
La CGT ya advirtió que la nueva reforma “ratifica el decreto 70/23” y que será “rechazada en todos los ámbitos”. Desde el Gobierno minimizan el conflicto y aseguran que “los sindicatos saben que el modelo actual no funciona”.
El propio Milei afirmó que “la modernización laboral no implica pérdida de derechos, sino creación de empleo genuino”.
En paralelo, el Ejecutivo planea que el Consejo de Mayo funcione como espacio de consenso entre empresarios y gremios moderados, buscando darle un marco institucional a las transformaciones.
Lo que viene
Con el control de la primera minoría en Diputados y una relación más pragmática con los gobernadores, el Presidente pretende convertir 2026 en el año de las grandes reformas estructurales. Su meta es consolidar un modelo de libre mercado, reducir el peso del Estado y “volver a poner a la Argentina en el mapa de las inversiones”.
Sin embargo, los próximos meses serán decisivos. La tensión social por los ajustes, la resistencia sindical y el debate político en un Congreso fragmentado pondrán a prueba la capacidad de negociación de un gobierno que, tras su victoria, se juega su verdadero examen de poder: transformar el voto en gobernabilidad.
