Tras el duro revés electoral del 26 de octubre, el Gobierno de la provincia de Santa Fe intenta reacomodarse y recuperar iniciativa política. La derrota de Provincias Unidas no sólo alteró el equilibrio interno del oficialismo, sino que obligó a la administración provincial a replantear prioridades y volver a concentrar su agenda en gestión, reformas estructurales y diálogo político.
Lejos de los tonos triunfalistas que marcaron los primeros meses del año, la Casa Gris buscará ahora mostrar serenidad y dirección, con una hoja de ruta que combina renovación institucional, ajuste de políticas públicas y señales de moderación hacia distintos sectores, según le confiaron a este medio dirigentes claves de la gestión.
En el corto plazo, el Ejecutivo provincial prepara tres movimientos clave: la renovación de la Corte Suprema de Justicia, el envío de leyes derivadas de la reforma constitucional y una fórmula de recomposición automática de salarios para evitar tensiones con los gremios. El mensaje central: el Gobierno quiere gobernabilidad, previsibilidad y acuerdos amplios.
Renovación institucional: la Corte Suprema como punto de inflexión
Desde el Ejecutivo confirmaron que durante 2026 se avanzará con los cambios pendientes en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en cumplimiento del límite de edad fijado por ley y ratificado en la nueva Constitución provincial. Tres ministros —Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler— deberán dejar sus cargos.
La Casa Gris sostiene que el proceso será “ordenado, dialogado y sin imposiciones”, y que los reemplazos deberán garantizar continuidad institucional y eficiencia en la administración judicial.
El objetivo, explican en el entorno gubernamental, es modernizar el funcionamiento del sistema judicial, incorporar nuevas perspectivas y adaptar la estructura de la Corte a los desafíos actuales en materia de justicia penal y administración pública.
El Gobierno buscará así mostrar una señal de autoridad y respeto institucional, evitando que el debate judicial se convierta en un nuevo foco de conflicto político.
Agenda legislativa: leyes clave antes de fin de año
Entre los próximos pasos de la gestión, el Ejecutivo enviará a la Legislatura un paquete de proyectos derivados de la reforma constitucional, que incluirá una nueva Ley de Coparticipación, la Ley de Autonomía Municipal y un nuevo Código Electoral provincial.
El rediseño electoral será uno de los puntos más sensibles. Se analizan modificaciones profundas, como la unificación de boletas entre gobernador y diputados provinciales, la sincronización de elecciones locales y provinciales, y la posible incorporación del balotaje. También se estudia elevar el piso electoral para acceder a la competencia legislativa.
Desde el Gobierno remarcan que las propuestas se elaborarán “con diálogo y consenso con todos los bloques políticos”, evitando la lógica de imposición y buscando “reglas de juego estables que fortalezcan la representación democrática”.
El paquete legislativo será, además, una prueba para medir si el Ejecutivo continúa imponiendo su mayoría parlamentaria o escucha realmente a los sectores de la oposición.
Paritarias y salarios: evitar el conflicto con los gremios
El Gobierno provincial también buscará estabilizar su vínculo con los gremios estatales. Luego de meses de tensión con los docentes y los trabajadores de la administración pública, se anticipó que podría aplicarse una mejora automática de sueldos si los aumentos acordados quedan por debajo de la inflación.
Esa decisión apunta a evitar nuevas rondas de negociación conflictiva antes de fin de año y transmitir una señal de cumplimiento de los compromisos asumidos en paritarias. “Cuando se empeña la palabra, se cumple”, remarcan en la Casa Gris, en referencia a los acuerdos firmados durante el primer semestre.
Sin embargo, las organizaciones gremiales ya advirtieron que la discusión no se agota en los porcentajes, y que esperan un giro en el modo de relacionarse con el Estado provincial, reclamando “paritarias sin aprietes” y “una mesa de diálogo real”.
Un Gobierno en fase de reconfiguración
La administración santafesina atraviesa una etapa de reacomodamiento político y revisión de su estrategia de gestión. El resultado de las urnas fue un llamado de atención sobre el malestar social, pero también sobre los límites de una conducción excesivamente concentrada en la agenda institucional y alejada de los problemas cotidianos.
En la Casa Gris lo reconocen en voz baja: es momento de corregir errores y reconstruir confianza. Por eso, además de las reformas judicial y electoral, se impulsa un cambio de tono político, más abierto al diálogo con intendentes, legisladores opositores y organizaciones sociales.
Hay quienes creen que el Gobernador debe renovar su gabinete hacia fin de año. La gestión dejó a varios ministros muy desgastados y en algunos casos con falta de credibilidad institucional. La pregunta que se impone es: ¿Si debe cambiar considerando a hombres y mujeres pertenecientes a los diferentes partidos de Unidos o si es hora de apoyarse en gente de su extrema confianza?
El Gobierno sabe que la recuperación no será inmediata. Pero también que, en política, la gestión sostenida y la coherencia pueden reconstituir autoridad. La reconstrucción del vínculo con la ciudadanía empieza por los hechos, no por los discursos.
