En medio del proceso de Reforma Constitucional que atraviesa la provincia de Santa Fe, un debate de fondo —menos ruidoso que otros, pero profundamente significativo— comienza a tomar forma: el rol de la religión en la nueva Carta Magna y el tipo de relación que debería establecerse entre el Estado y los credos.
El tema no ha copado titulares ni dominado plenarios, pero recorre pasillos y bancas con intensidad. La pregunta que subyace es tan antigua como vigente: ¿debe el Estado santafesino ser laico, neutral o abiertamente respetuoso de las manifestaciones religiosas en el espacio público? Y más aún: ¿cómo se traduce ese principio en términos constitucionales?
Diversidad de posturas, incluso dentro del oficialismo
La coalición oficialista que lidera la Convención no tiene una postura uniforme sobre este punto. Algunos convencionales, especialmente aquellos vinculados a espacios progresistas o de tradición laicista, impulsan la necesidad de consagrar de forma explícita el carácter laico del Estado provincial. La idea de una «separación real entre Iglesia y Estado» es parte de sus argumentos, junto con la defensa de una institucionalidad que no privilegie simbólicamente a ninguna fe.
En la otra vereda, convencionales provenientes de espacios más conservadores —y en particular aquellos con vínculos con las iglesias evangélicas— se manifiestan a favor de mantener una redacción que respete el rol social de las religiones sin excluir su expresión en el ámbito público. Este grupo prefiere hablar de un Estado “secular” y no “laico”, haciendo énfasis en la libertad religiosa y en el respeto a la pluralidad de creencias, más que en una neutralidad estricta.
El aporte de las Iglesias: presencia católica y evangélica
El viernes 25 de julio, la Iglesia Católica organizó una jornada de reflexión sobre la Reforma, bajo el lema «La fe y el compromiso ciudadano en la Constitución». Participaron referentes de distintas parroquias, laicos, académicos y el propio arzobispo de Santa Fe, monseñor Sergio Fenoy, quien volvió a insistir en que “no se trata de imponer dogmas, sino de ofrecer una mirada sobre la dignidad humana, la justicia social y la ecología integral, temas que trascienden lo religioso”.
Desde el catolicismo se promueve el concepto de una presencia activa pero no hegemónica, inspirado en documentos como Laudato Si’ del papa Francisco. El enfoque apunta a incorporar valores éticos y principios orientadores, especialmente en temas como el cuidado del ambiente, los derechos sociales y la equidad.
Por su parte, representantes del movimiento evangélico, algunos de ellos con representación directa en la Convención Reformadora, tienen un enfoque más pragmático. Si bien no proponen un “Estado confesional”, sí buscan garantizar que las organizaciones religiosas —especialmente las que cumplen roles sociales— tengan reconocimiento legal y posibilidad de participación en políticas públicas. El convencional Sergio Lucero, pastor y referente evangélico, ha sido uno de los que públicamente expresó que el texto constitucional debe “respetar la voz de la fe” sin caer en “exclusiones ideológicas”.
¿Estado laico, neutral o multirreligioso?
El borrador preliminar no incluye por ahora una definición cerrada sobre este tema, aunque algunas comisiones ya debatieron posibles formulaciones. Una de las ideas en análisis es que la Constitución exprese un respeto irrestricto a todas las confesiones, sin declarar al Estado laico de forma textual, pero asegurando igualdad de trato, no discriminación y libertad plena de culto.
Otra corriente propone declarar al Estado “neutral” en materia religiosa, es decir, sin promover ni obstaculizar ninguna creencia, pero garantizando que las decisiones públicas no estén influidas por dogmas religiosos. Esta postura es vista como un punto medio entre quienes exigen un laicismo estricto y quienes quieren mantener un diálogo fluido entre instituciones religiosas y el Estado.
Un debate que continuará
El tema promete ganar visibilidad en las próximas semanas a medida que la Convención Reformadora avance sobre los capítulos de derechos, instituciones y principios generales. Aunque el tono del debate ha sido moderado y respetuoso, el contenido no deja de ser sensible y de largo alcance.
Lo que se defina en esta reforma no solo marcará el vínculo formal entre el Estado santafesino y las confesiones religiosas, sino que también será un mensaje político y cultural sobre la forma en que la provincia concibe la diversidad, la espiritualidad y el rol de las creencias en la vida pública.
