La renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ingresó formalmente en su tramo decisivo. La Legislatura provincial fijó la fecha de la Asamblea Bicameral que deberá expedirse sobre los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, en un proceso que combina definiciones jurídicas, disputas políticas y cuestionamientos institucionales.
La Asamblea Legislativa fue convocada para el próximo jueves 26 de febrero, instancia en la que senadores y diputados deberán resolver el destino de las postulaciones enviadas por el gobernador. Antes de ese paso, el cronograma prevé una audiencia pública, cuya convocatoria fue habilitada en las últimas horas por la presidenta de la Comisión de Acuerdos.
El mecanismo formal avanza. El debate político, en paralelo, se intensifica.
Audiencia pública y participación ciudadana
La audiencia pública se realizará el miércoles 25 de febrero, y fue presentada como un espacio destinado a canalizar observaciones, planteos y manifestaciones de la ciudadanía en torno a las designaciones.
Desde la Comisión de Acuerdos se remarcó la relevancia de la instancia como herramienta de transparencia institucional. Sin embargo, el antecedente inmediato de la Reforma Constitucional aparece inevitablemente en la lectura política del proceso.
Si bien aquella discusión se estructuró bajo el paraguas del diálogo con la sociedad civil, múltiples sectores señalaron posteriormente que sus aportes no fueron incorporados de manera sustancial en el texto final.
Ese recuerdo sobrevuela ahora la renovación de la Corte.
Paridad de género: un reclamo que vuelve al centro
En el marco de la audiencia pública, uno de los planteos que anticipa mayor visibilidad será el de la Red de Mujeres para la Justicia, organización que insiste en la necesidad de garantizar el principio de paridad de género en la integración del máximo tribunal.
El argumento es directo: aun cuando actualmente la Corte cuenta con una mujer entre sus integrantes, la eventual aprobación de los tres pliegos enviados por el Ejecutivo consolidaría una conformación con mayoría masculina de cinco hombres contra dos mujeres.
El reclamo no es nuevo, pero adquiere especial peso en un contexto de recambio institucional.
La discusión, en este punto, trasciende los nombres propios y se inscribe en un debate más amplio sobre representación, equilibrio y legitimidad en los órganos de mayor jerarquía judicial.
El planteo del Colegio de Magistrados
En paralelo al debate por la paridad, otro cuestionamiento se mantiene latente, aunque con menor eco político: el del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
La entidad advirtió una inconsistencia central en el proceso: formalmente solo existe una vacante efectiva, mientras que el Ejecutivo remitió tres pliegos.
El señalamiento apunta al aspecto estrictamente jurídico. De los tres ministros que anunciaron públicamente su retiro durante 2026, únicamente uno materializó su salida mediante los mecanismos formales correspondientes. Los otros dos, hasta el momento, no registran renuncias ni decretos de jubilación de oficio.
La consecuencia es clara desde la óptica institucional: las restantes vacancias son proyectadas, pero no vigentes.
El planteo introduce así una discusión de fondo sobre el rigor procedimental, la oportunidad política y la interpretación de las facultades del Ejecutivo.
Un proceso atravesado por la política
La renovación de la Corte Suprema santafesina no se desarrolla en un vacío técnico. Se produce en un escenario político atravesado por la reciente Reforma Constitucional, la reorganización del Poder Judicial y la redefinición de equilibrios entre poderes.
La Asamblea Legislativa del jueves 26 no solo resolverá designaciones.
También pondrá en evidencia cómo se procesan —o se tensionan— tres dimensiones sensibles: la institucionalidad formal, las demandas de representación y la dinámica política de un oficialismo que impulsa cambios estructurales en distintos frentes del Estado.
El calendario está fijado. El debate, lejos de cerrarse, recién comienza.
