Los Diputados del Bloque «Vida y Familia», emitieron un comunicado en el que apuntaron también contra la desprotección de la niña y su madre.
Es importante recordar que el Gobierno de Santa Fe y la Justicia provincial iniciaron el lunes la búsqueda de una niña de 12 años que denunció a su padre por violaciones reiteradas. La menor de edad, acompañada por su madre, pidió un aborto, pero no se presentó en el centro de salud contactado para someterse a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La denuncia se vincula a otra investigación iniciada el 19 de diciembre en la localidad de Garibaldi. En esa oportunidad, la nena fue a un centro de salud del pueblo ubicado en el departamento Castellanos. Acompañada por su madre, reveló que su padre había abusado de ellas en varias ocasiones y por eso estaba en proceso de gestación.
A partir de la apertura de esta causa en la Fiscalía de San Jorge, la niña dijo que no quería continuar con el embarazo. Su mamá apoyó la decisión y expresó su consentimiento, de acuerdo a la normativa vigente. A partir de allí, comenzaron los preparativos para recibirlas en la ciudad de Santa Fe, unos 120 kilómetros al este de la localidad.
La menor de 12 años que estaba desaparecida desde el fin de semana y fue encontrada en un hogar religioso quedó bajo custodia del Estado. La Secretaría de Niñez dictó una medida de excepción y suspendió los cuidados parentales de la madre y la justicia de menores avaló que se la retire del hogar Casa Hermanas de Betania.
La menor abusada y embarazada por su padre en Garibaldi ya se encuentra bajo la tutela del Estado. En el mediodía de este miercoles fue imputado el padre en Tribunales. La ONG Grávida evitó que la niña se haga el aborto legal programado para el lunes pasado.
El Comunicado de Diputados de Vida y Familia
El Bloque Vida y Familia de la Cámara de Diputados de Santa Fe manifiesta su profunda preocupación y repudio por el nefasto proceder de las instituciones del Estado provincial frente al caso de la niña de 12 años oriunda de la localidad de Garibaldi abusada y quien se encuentra cursando un embarazo confirmado por control médico efectuado el pasado mes de diciembre de 2022.
La persecución montada, durante los primeros días de este año, para dar con el paradero de la niña y su madre por no presentarse al turno otorgado por un efector de salud de la ciudad de Santa Fe para realizar un aborto denota la ausencia total de políticas públicas que promuevan un real acompañamiento para las víctimas de este tipo de delitos penales y se ocupen de castigar a sus responsables. Maxime en un caso como este, que según manifestó el propio jefe comunal de Garibaldi a los medios de comunicación, era de público conocimiento que el padre de la niña ejercía violencia sobre todos los miembros de su familia. Nos preguntamos cuales fueron las acciones encaminadas a hacer cesar esta situación que llevaron a cabo los organismos pertinentes.
Asimismo, causa estupor el avasallamiento por parte del Estado provincial de derechos humanos fundamentales como el legítimo ejercicio de la libertad de elección sin presión alguna, el desconocimiento del principio de autonomía sanitaria establecida en la ley civil y la intromisión estatal en los derechos de cuidado y tutela de la madre todo ello para la consumación de una aberrante práctica bajo una ideologizada referencia a la “conquista de derechos” establecida por la inconstitucional ley 27.610.
Por ello, instamos al gobierno a retrotraerse en su accionar y a ocuparse de lo que verdaderamente importa: la atención y contención a los más vulnerables sin establecer discriminaciones de ningún tipo entre vidas humanos porque la persona por nacer a la que se quiere matar impunemente también es un ciudadano con derechos a respetar.
