Así lo hicieron ver los gremios docentes y estatales al ser consultados por este medio. “Si tienen plata para reestructurar más cargos políticos, seguro tendrán para equilibrar los salarios de los trabajadores”, expresaron desde el sindicalismo.
El gobierno de Santa Fe avanza en la negociación paritaria con los gremios docentes y estatales, ratificando su intención de cerrar acuerdos salariales por seis meses. La medida se fundamenta en la proyección a la baja de la inflación, según el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, quien defendió la propuesta como una estrategia para brindar previsibilidad al sector público. Sin embargo, la posición del Ejecutivo genera un fuerte rechazo por parte de los sindicatos, que exigen recuperar la pérdida de poder adquisitivo del 2024 y el reconocimiento de la deuda salarial pendiente.
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Los gremios docentes han sido claros: no alcanzará con una simple actualización por inflación, sino que se debe recomponer lo perdido en el último año, cuando los trabajadores vieron sus salarios recortados en términos reales y los jubilados sufrieron el impacto directo de la reforma previsional. Amsafé ya advirtió que si no hay una oferta concreta antes del 17 de febrero, el inicio del ciclo lectivo pautado para el 24 estará en riesgo.
En este contexto de restricciones salariales y ajuste a los trabajadores, el gobierno de Maximiliano Pullaro anunció la creación de una nueva secretaría en el Ministerio de Educación, una decisión que pone en duda el discurso oficial sobre la eficiencia en la gestión de recursos. Se trata de la Secretaría General, que estará a cargo de María Martín, exfuncionaria municipal y provincial con trayectoria en el gabinete radical.
La nueva estructura se suma a las ya existentes en la cartera educativa, elevando a cuatro el número de secretarías dentro del ministerio. Según el comunicado oficial, la decisión responde a la necesidad de “articular diferentes áreas del ministerio con una mirada global y estratégica”, sin embargo, en la práctica, significa la creación de más cargos políticos y burocráticos en un Estado que el propio gobierno prometió reducir.
La contradicción entre el discurso del ajuste y la ampliación de la estructura estatal no pasó desapercibida. Mientras los docentes y estatales deben conformarse con acuerdos semestrales sin certezas sobre su capacidad de compra, el Ejecutivo expande su organigrama, asegurando lugares para dirigentes cercanos al oficialismo. La pregunta que surge es si el ajuste es realmente para todos o solo para quienes dependen de un sueldo estatal sin lazos políticos.
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A este escenario se suma otra cuestión de índole ética: si los trabajadores deben resignar parte de su salario en pos de la estabilidad fiscal de la provincia, ¿por qué el propio gobernador Maximiliano Pullaro no toma la misma decisión y solicita una licencia sin goce de sueldo para encarar la campaña como candidato a convencional constituyente? La actitud de Bryan Mayer, funcionario nacional de La Libertad Avanza que renunció a su salario mientras dure la campaña, dejó expuesta esta inconsistencia.
El gobierno de Santa Fe enfrenta así un dilema de credibilidad. Ajusta salarios, recorta jubilaciones y estira la negociación paritaria, pero al mismo tiempo ensancha la estructura del Estado con nuevas secretarías y mantiene en funciones a su máximo mandatario mientras participa activamente en la contienda electoral. La casta, parece, tiene más de una cara en la política santafesina.
