La Convención Constituyente de Santa Fe atraviesa uno de sus debates más ásperos. Esta vez, el eje de conflicto no son las cámaras legislativas ni las autonomías municipales, sino el futuro de un actor que en los últimos años se volvió incómodo para el poder: el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los fiscales provinciales encendieron las alarmas ante la posibilidad de que se avance con una reforma que, según advirtieron públicamente, implicaría “un retroceso para la justicia”.
En un comunicado oficial, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA denunció que los proyectos debatidos en la Convención comprometen la independencia y la imparcialidad judicial, y abrieron una instancia formal ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de la ONU.
Entre las propuestas que más preocupan al sector judicial, se destacan aquellas que permitirían al Poder Ejecutivo tener injerencia directa en la designación y remoción de fiscales, incluyendo la posibilidad de que el Fiscal General sea elegido cada cuatro años, en sintonía con los ciclos electorales. Según los fiscales, esto abriría la puerta a una justicia subordinada al poder político, debilitando su capacidad de acción en causas sensibles como la corrupción o el narcotráfico.
“Para combatir la corrupción se necesitan jueces y fiscales independientes, que no puedan ser removidos por el poder político”, remarcaron desde la Asociación.
Un viejo temor de la política santafesina
En el fondo, lo que está en juego es el poder real. ¿Puede un órgano judicial investigar sin condicionamientos a quienes detentan poder político? ¿Está la dirigencia dispuesta a permitirlo?
El debate sobre el MPA revive fantasmas conocidos en la provincia. El caso más emblemático fue el del senador Armando Traferri, quien en 2020 logró evitar el desafuero tras ser acusado de liderar una red de corrupción y tráfico de influencias. El Senado santafesino, con apoyo transversal, blindó a uno de los suyos, y la investigación quedó congelada durante años. Solo cuando Traferri lo decidió, y ya con fiscales nuevos en la causa, se presentó ante un juez.
No fue el único antecedente. En 2016, los fiscales Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja intentaron investigar presunto enriquecimiento ilícito de varios senadores, pero la Legislatura sancionó una ley express que le otorgaba a sí misma el poder de disciplinar a los fiscales. La norma fue declarada inconstitucional por una camarista, pero la Corte Suprema provincial, con el voto clave de Rafael Gutiérrez, la validó.
La grieta dentro de Unidos
La disputa por el futuro del Ministerio Público divide incluso a la coalición oficialista que encabeza Maximiliano Pullaro. Mientras los sectores radicales impulsan un modelo que mantenga al MPA bajo la órbita del Ejecutivo, el socialismo propone un órgano extrapoder, con autonomía plena y autarquía presupuestaria. El peronismo, por su parte, busca que la Fiscalía conserve su pertenencia al Poder Judicial, aunque con más independencia funcional.
Las posiciones son tan diversas que ni siquiera dentro del bloque mayoritario hay certezas sobre cómo se resolverá el debate. La fiscal general Cecilia Vranicich ya dejó ver sus diferencias con la propuesta del oficialismo, y en una de las primeras tensiones explícitas con Pullaro, marcó postura a favor de una fiscalía independiente.
El corazón de la discusión
La pregunta central, que atraviesa toda la Convención, es si Santa Fe tendrá un Ministerio Público Fiscal verdaderamente autónomo, capaz de actuar sin interferencias, o si el poder político mantendrá su influencia directa sobre quienes pueden investigarlo.
“Lo que temen no poder controlar, que ahora sí hacen, son los casos donde aparezca la política bajo imputación”, sostuvo una fiscal en diálogo con este medio.
“En temas de corrupción no hay que hacerse los boludos”, dijo el propio gobernador Pullaro semanas atrás, al declarar como testigo en una causa judicial. Pero la reforma que impulsa su espacio político podría ir, justamente, en sentido contrario.
¿Qué puede pasar ahora?
La Convención Reformadora tiene plazo hasta septiembre para definir si avanza con un cambio estructural en la justicia provincial. Lo que se decida no será un detalle técnico: implicará redibujar los límites del poder, determinar qué actores podrán investigarse entre sí y cuáles seguirán blindados.
Los fiscales ya avisaron que no se quedarán callados. La política, mientras tanto, debate entre sostener privilegios o permitir una justicia más independiente. La disputa recién comienza.
