La propuesta, impulsada por un sector del justicialismo, permitiría destituir a gobernantes electos que no cumplan con sus promesas de campaña. Sus defensores la ven como una herramienta para empoderar al ciudadano; sus detractores, como un riesgo para la estabilidad institucional.
La reforma parcial de la Constitución de la provincia de Santa Fe ya comenzó a generar fuertes cruces políticos. En la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana de la Convención del 25, uno de los ejes que concentró el debate fue la propuesta del bloque Más para Santa Fe (PJ y aliados) para incorporar en la nueva carta magna la figura de la revocatoria de mandatos.
En concreto, los convencionales que integran este órgano, encargado de abordar reformas vinculadas a la calidad institucional y democrática del Estado santafesino, discutieron los artículos 5, 20 y 21 de la Constitución Provincial vigente, entre otros temas. Fue ese ámbito en el que se generó un novedoso debate, a partir de la presentación de una iniciativa del bloque Más para Santa Fe (PJ y aliados), en torno a la posibilidad de incluir a la nueva Carta Magna la figura de «revocatoria de mandatos».
La iniciativa, presentada por el convencional Juan Monteverde, plantea que “toda persona que ejerza un cargo electo pueda ser revocada de su mandato” si la ciudadanía considera que no cumplió con el contrato electoral asumido en campaña. El mecanismo se activaría con la recolección de un porcentaje de firmas del padrón y derivaría en una elección para decidir si el funcionario continúa o no en su cargo.
Monteverde defendió el proyecto afirmando que busca “dar vuelta la pirámide del poder” y otorgar a la gente “una herramienta para que decir una cosa en campaña y hacer otra en el gobierno no sea gratis”. Además, propuso eliminar las elecciones de medio término para evitar lo que calificó como una “campaña permanente” de los gobernantes.
Por el contrario, la presidenta de la comisión, Germana Figueroa Casas (Unidos), expresó reparos. Consideró que, si bien la participación ciudadana es fundamental, la revocatoria podría “afectar la capacidad de los gobiernos de planificar a largo plazo” y abrir la puerta a desestabilizaciones motivadas por intereses sectoriales. También advirtió una contradicción con la idea de eliminar las elecciones intermedias, señalando que estas ya permiten medir el pulso ciudadano.
Un instrumento con antecedentes en otras provincias
La revocatoria de mandatos ya está prevista en las constituciones de Chaco, Chubut, Córdoba, La Rioja, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires, y fue utilizada en casos emblemáticos como el del intendente de Bariloche, Omar Goye, destituido en 2013 por mal desempeño.
El procedimiento varía según la jurisdicción, pero en general requiere reunir un porcentaje de firmas (en Santa Fe se propone un mínimo del 20% del padrón) y someter la continuidad del funcionario a un referéndum vinculante. Los porcentajes para la destitución oscilan entre el 50% y el 60% de los votos afirmativos.
En la historia política santafesina, no son pocos los que especulan que, de haber existido este mecanismo, podría haberse activado en situaciones críticas, como la gestión del exgobernador Carlos Reutemann durante la inundación que afectó a la ciudad capital en 2003.
Democracia participativa y tensiones políticas
Además de la revocatoria, la reforma busca sumar otros mecanismos de democracia semidirecta, como la consulta popular, las audiencias públicas y la iniciativa ciudadana, en línea con lo previsto por la Constitución Nacional tras la reforma de 1994.
Sin embargo, la sola mención de la revocatoria ya promete dividir aguas en la convención santafesina. Para sus defensores, es una forma de devolver el poder al pueblo y evitar que los gobernantes incumplan sus promesas sin consecuencias. Para sus detractores, es una herramienta riesgosa que puede ser usada para desestabilizar gestiones legítimas y condicionar decisiones impopulares pero necesarias.
El debate recién comienza, pero todo indica que este punto será uno de los más álgidos de la reforma constitucional, abriendo un dilema de fondo: ¿hasta dónde debe llegar el control ciudadano sobre los representantes electos?
Antecedentes de la revocatoria de mandatos en Argentina
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Origen en la Constitución de CABA (2000–2006). El mecanismo es parte del sistema constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras la reforma local del año 2000. Aunque nunca llegó a aplicarse, se lo considera el antecedente más claro en democracia moderna argentina.
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Provincias que ya lo incorporaron:
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Córdoba lo implementó ya en su Constitución reformada en 2003.
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También se incorporó en Chaco, Chubut, La Rioja, Tierra del Fuego y Santiago del Estero. Además, figura en la legislación local de múltiples municipios del país.
(Datos de cortes históricos y legislación provincial comparada.)
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Casos aplicados:
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En San Carlos de Bariloche (Río Negro), en 2013, el intendente Omar Goye fue efectivamente removido mediante ese mecanismo, con más del 77 % de los votos.
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En Mendiolaza (Córdoba), en 2025, se inició un proceso de revocatoria contra la intendenta Adela Armenti; aún en revisión judicial.
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También en el ámbito local, en Anisacate, se tramitaron pedidos recurrentes de revocatoria contra autoridades municipales.
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Diferencia con el juicio político:
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El juicio político es un mecanismo institucional que actúa mediante control interno (Legislatura), mientras que la revocatoria es una herramienta directa del pueblo, mediante referéndum. El primero protege contra faltas graves, mientras que la revocatoria permite medir la confianza ciudadana incluso por incumplimiento político.
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¿Y Santa Fe?
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Aunque no tenga revocatoria, hubo intentos: en 2019 el entonces gobernador Miguel Lifschitz impulsó una consulta popular para reformar la Constitución provincial y habilitar mecanismos de democracia directa. El intento fue frenado tras oposición política y judicial por parte del peronismo.
