En medio de un clima político áspero, cuestionamientos por prácticas poco transparentes y tensiones sobre el rumbo institucional de la provincia, la gestión de Maximiliano Pullaro logró un triunfo contundente en materia económica: la colocación internacional de un bono por USD 800 millones a nueve años, con una tasa del 8,1%, tras recibir ofertas por USD 1.800 millones de inversores nacionales e internacionales. Se trata de una operación que devuelve a Santa Fe a los mercados globales con una señal de confianza inédita para un gobierno subnacional argentino desde hace varios años, y que habilita un programa de obras estratégicas que, si se concreta en tiempo y forma, puede marcar un punto de inflexión en la infraestructura productiva provincial.
El dato no es menor. Santa Fe se consolidó como uno de los pocos distritos del país, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no reestructuraron deuda en décadas, y eso pesa en Wall Street más que cualquier discurso local. “Es un día histórico para Santa Fe. Los inversores extranjeros demostraron su confianza en la Provincia”, le dijo a medios aliados desde Nueva York el ministro de Economía, Pablo Olivares, luego del cierre de las ofertas en la sede del Banco Santander. La frase, repetida hacia adentro del gabinete, sonó menos a celebración y más a reivindicación de un camino que el oficialismo empezó a defender: orden fiscal como condición de obra pública.
La comitiva santafesina —que incluyó a funcionarios técnicos y legales del Ministerio de Economía— mantuvo reuniones con más de treinta fondos de inversión de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Dubai. Más de 120 inversores se conectaron por plataforma virtual y, quizás el dato más revelador, más de 800 inversores argentinos también hicieron ofertas por USD 350 millones, una señal interna de confianza en la colocación provincial que sorprendió incluso a la comitiva.
El bono SF34 fija pagos semestrales de intereses y amortización escalonada desde 2031 hasta 2034. En concreto, se endeuda hoy para ejecutar obras en los próximos dos, tres y cuatro años, y empieza a pagar capital recién dentro de cinco. La mirada oficial es clara: usar deuda para producir, no para cubrir gasto corriente. “Este financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que impactan de manera directa en el desarrollo de Santa Fe”, sostuvo Pullaro.
En los pasillos del Ministerio de Economía, los técnicos resumen el verdadero objetivo: previsibilidad de recursos para no paralizar obra pública por razones presupuestarias. La tasa del 8,1%, si bien quedó apenas por arriba de lo que esperaba el gobierno, es considerada “competitiva” en la macro argentina actual, todavía atravesada por la incertidumbre nacional, recesión y un sistema financiero que mira cada movimiento con lupa.
La agenda de ejecución se concentra en gasoductos que permitan ampliar la matriz energética y abaratar costos para la industria santafesina; rutas estratégicas vinculadas a la salida productiva hacia los puertos; nuevos sistemas de infraestructura en seguridad —desde estaciones policiales hasta equipamiento penitenciario— y obras sociales que mejoren la calidad de vida en barrios y localidades relegadas. En paralelo, el gobierno prepara una cartera de proyectos que se presentarán como parte de un plan plurianual, algo que en Santa Fe se reclama hace más de diez años.
En este contexto, no hay dirigente productivo que no haya visto este movimiento como una buena noticia. El financiamiento internacional, con reglas claras, permite planificar más allá del ciclo electoral, una deuda pendiente del Estado santafesino. El senador Felipe Michlig lo sintetizó en redes sociales: “Otro gran paso para la invencible provincia de Santa Fe”.
Sin embargo, el reconocimiento económico no borra los otros debates que atraviesan a la gestión Pullaro y que, inevitablemente, estuvieron en la conversación política tras conocerse la noticia. Legisladores opositores y algunos aliados críticos insistieron en que no puede haber desarrollo económico sin controles democráticos, transparencia institucional y diálogo real con el sistema político. “Es una noticia buena, pero el problema no es la deuda: son las formas”, señaló un diputado con experiencia en negociación presupuestaria.
La lectura es directa: mientras el gobierno santafesino cosecha elogios por el orden fiscal y el acceso al crédito, arrastró durante todo el año tensiones serias por mecanismos de control legislativo evitados, por pedidos de informes frenados, por decretos concentrados y por prácticas administrativas cuestionadas en ámbitos judiciales y de seguridad. Los mismos sectores que celebran la operación financiera recuerdan, en voz baja, que sin acuerdos institucionales sólidos este tipo de operaciones pierden legitimidad social.
Lo concreto es que Santa Fe consiguió algo que muy pocos distritos argentinos pueden mostrar hoy: colocar deuda en Wall Street en condiciones razonables, destinarla a obra pública concreta y mantener un nivel sostenible de endeudamiento. El desafío que sigue será ejecutar el plan y demostrar que la confianza que llegó desde afuera pueda sostenerse adentro.
En definitiva, la colocación del bono SF34 abre un capítulo que combina oportunidad económica, tensión política y capacidad de gestión, los tres elementos que, bien administrados, pueden convertir los próximos años en un período de transformaciones visibles. Si la provincia logra cumplir plazos, garantizar transparencia y sostener el diálogo político, el impacto de esta operación será recordado como un punto de inflexión estructural y no como un simple anuncio financiero.
