La nueva Constitución de Santa Fe, sancionada en 2025, no sólo redefinió el marco institucional de la provincia sino que también dejó un mandato concreto al Poder Legislativo: dictar una serie de leyes reglamentarias en plazos determinados. Estas obligaciones están plasmadas en las cláusulas transitorias del texto constitucional y configuran la hoja de ruta prioritaria para los próximos meses.
Desde el funcionamiento del Estado, el Poder Judicial, el Régimen Municipal y la nueva política de seguridad, los artículos exigen leyes de organización y aplicación que permitan que los cambios pasen del papel a la práctica.
Funcionamiento del Estado
Uno de los puntos centrales es la creación del Consejo Económico, Social y Ambiental, un organismo consultivo que deberá ser regulado por ley. El nuevo texto establece que la Legislatura deberá sancionar la normativa de integración y funcionamiento de este consejo dentro del primer año.
También se ordena una ley de participación ciudadana, que reglamente los mecanismos de iniciativa popular, consulta y revocatoria, en un plazo máximo de dos años.
Poder Judicial
El cambio más profundo se dio con la declaración del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa como órganos extrapoder. Para garantizar su autonomía, la Legislatura debe sancionar la ley de organización y presupuesto independiente, junto con la normativa de transición para los trabajadores judiciales. El plazo fijado es de un año desde la entrada en vigencia de la Constitución.
Otro punto clave es la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura, encargado de los concursos y la evaluación de jueces, fiscales y defensores. La ley de creación y funcionamiento deberá ser aprobada en un máximo de dieciocho meses.
Régimen Municipal
La Constitución 2025 otorgó autonomía municipal plena, y para que este cambio sea operativo se exige la sanción de una Ley Orgánica de Municipios y Comunas. Esta norma debe ser tratada en la Legislatura en un plazo de dos años, abriendo un proceso de transición que implicará rediseñar competencias, recursos y formas de gobierno local.
Seguridad y política criminal
Por primera vez, la Constitución santafesina incorpora la seguridad pública como derecho. Esto obliga a la sanción de una ley de política de seguridad y criminal, que deberá reglamentar los principios de capacitación, transparencia y rendición de cuentas de las fuerzas provinciales. El plazo constitucional para este debate es de un año y medio.
La hoja de ruta: plazos y urgencias
La Legislatura santafesina tiene ahora una agenda marcada por la Constitución. El cronograma se resume en cuatro grandes ejes:
- Consejo Económico, Social y Ambiental: ley en 1 año.
- Ministerio Público extrapoder: ley de organización y presupuesto en 1 año.
- Consejo Asesor de la Magistratura: ley en 18 meses.
- Participación ciudadana y autonomía municipal: leyes en 2 años.
- Política de seguridad pública: ley en 18 meses.
La reforma dejó claro que la actualización institucional de Santa Fe no termina en el recinto de la Convención. El verdadero desafío recae ahora en la Legislatura, que deberá transformar este mandato constitucional en leyes concretas en plazos breves y con amplio consenso político.
