La Justicia santafesina vive semanas de intensos movimientos y definiciones que marcan un antes y un después en su funcionamiento. La reciente reforma constitucional, que introdujo cambios sustanciales en la Corte Suprema provincial y dio origen a un Ministerio Público extrapoder, abrió un escenario de tensiones, rumores y negociaciones que comprometen al Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Legislatura y también a los trabajadores del sector.
En este marco, funcionarios de la Casa Gris volvieron a reunirse con los ministros de la Corte Suprema para avanzar en una agenda cargada de temas: las vacantes pendientes en distintos fueros, el envío y tratamiento de pliegos, la creación de nuevos juzgados que aún no cuentan con estructura administrativa, y el complejo traspaso de empleados al flamante Ministerio Público. Todo ello en un contexto donde los cambios constitucionales aún no terminan de digerirse, y donde las especulaciones sobre nuevas renuncias en el máximo tribunal conviven con la resistencia sindical y con la necesidad política del gobernador Maximiliano Pullaro de consolidar un esquema judicial más alineado a su gestión.
Los rumores de una nueva dimisión en la Corte —esta vez del histórico Eduardo Spuler— se suman a las ya concretadas salidas de Mario Netri y María Angélica Gastaldi, y a los ingresos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, que alteraron la correlación de fuerzas internas. Mientras tanto, los gremios judiciales avanzan con acciones de inconstitucionalidad por el traspaso compulsivo de personal, un movimiento que comparan con las privatizaciones de los años 90.
Santa Fe, entonces, se encuentra en medio de un rediseño institucional de enorme magnitud: un Poder Judicial que cambia de composición, un Ministerio Público con autonomía plena y un Ejecutivo que busca sellar una impronta de reforma sin precedentes. La disputa ya no es solo legal, sino también política y laboral.
La reunión con la Corte: vacantes, pliegos y nuevos juzgados
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, fueron recibidos en la Corte en un encuentro que, según fuentes oficiales, se desarrolló en un “clima positivo”. Allí se repasaron vacantes en distintos fueros, los pliegos enviados a la Legislatura y la necesidad de definir un nuevo mapa judicial.
El foco estuvo en el fuero de Familia, donde los pliegos serán analizados en la próxima Asamblea Legislativa. También se discutió la puesta en marcha de cuatro nuevos juzgados creados por ley, que aún no cuentan con cargos de secretarios ni de empleados, lo que impide su funcionamiento real.
La reforma y sus consecuencias
La reforma constitucional impulsada por Unidos amplió la Corte a siete miembros, limitó la permanencia de los ministros a un máximo de 20 años y fijó la edad de retiro a los 75. También excluyó al Procurador de las reuniones de Acuerdo.
Con ese marco, se concretaron las renuncias de Netri y Gastaldi, y la incorporación de Baclini, Zabalza y Weder. Pero el proceso no terminó: tres de los actuales jueces superan el nuevo límite de edad, y aunque la Casa Gris no busca “forzar” salidas, se prevén negociaciones que podrían derivar en nuevas renuncias en 2026.
Los rumores sobre Spuler
Las versiones sobre la salida de Eduardo Spuler, cortesano desde hace 25 años y de perfil bajo pero gran influencia en el fuero laboral, cobraron fuerza en los últimos días. Se habla de una dimisión a partir de febrero de 2026, al estilo de la salida programada de Gastaldi.
La danza de nombres para reemplazarlo ya está en marcha. Entre los posibles candidatos aparecen la exvicegobernadora Alejandra Rodenas, el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde y la idea, dentro del radicalismo, de que sea un abogado o abogada del partido quien ocupe la vacante, en compensación por los apoyos legislativos que permitieron la reforma.
El nuevo MPA: autonomía, tensiones y resistencias
La creación de un Ministerio Público autónomo, con un fiscal general y un defensor general al frente, implica una verdadera revolución institucional. La fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson iniciaron las conversaciones con la Corte para coordinar el traspaso de personal, bienes y recursos.
El proceso no prevé transición, sino un traspaso inmediato, lo que generó resistencias en el Sindicato de Trabajadores Judiciales, que presentó un amparo por inconstitucionalidad. La preocupación central: la pérdida de derechos adquiridos y el corte en las carreras judiciales, especialmente en subrogancias y ascensos.
Los “enroques” como salida posible
Para aliviar tensiones, se analiza la posibilidad de enroques voluntarios entre el Poder Judicial y el nuevo Ministerio Público, con registros de empleados que quieran pasar de un ámbito a otro, siempre con equivalencias de cargos. El objetivo es evitar la duplicación de adscripciones y garantizar que las trayectorias laborales no se vean truncadas.
Conclusión: 2026, el año clave
El rediseño de la Justicia santafesina está en marcha y promete nuevos capítulos en los próximos meses. El año 2026 aparece como horizonte decisivo para completar la renovación de la Corte y para consolidar al nuevo Ministerio Público.
Mientras tanto, el gobernador Pullaro camina una delgada línea: avanzar en su proyecto de reforma judicial sin quebrar del todo la frágil relación con jueces, gremios y opositores. Lo que está en juego no es solo la estructura de la Justicia, sino el equilibrio político e institucional de la provincia en los próximos años.
