El suicidio de un efectivo oriundo del norte santafesino, ocurrido en Rosario, terminó de romper un delicado equilibrio que venía sosteniéndose a fuerza de silencios, recargos y resignación. Para muchos dentro de la fuerza, fue la gota que rebalsó el vaso. Desde entonces, la protesta policial dejó de ser un murmullo interno para transformarse en un reclamo abierto, territorializado y con fuerte acompañamiento familiar.
Lo que comenzó como una concentración frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, en Rosario, hoy ya es un conflicto provincial: hay manifestaciones en la capital santafesina y réplicas en Vera, Reconquista, Tostado y San Javier, entre otras localidades del norte. En todos los puntos se repite el mismo diagnóstico: salarios que no alcanzan, jornadas interminables, desarraigo sin compensación real, deterioro de la salud mental y ausencia total de canales institucionales de diálogo.
Puertas adentro de la fuerza lo dicen sin eufemismos: la familia policial se agotó.
El trasfondo: ajuste, presión y desarraigo
Desde que asumió el gobierno de Maximiliano Pullaro, las políticas de seguridad se apoyaron en un esquema de fuerte exigencia operativa, traslados permanentes y recargos sostenidos en el tiempo. La mayoría de los efectivos que hoy cumplen funciones en Rosario y el sur provincial provienen del norte, lo que implica semanas lejos de sus hogares, gastos de traslado, alojamiento precario y una vida familiar fragmentada.
Ese desarraigo histórico, lejos de ser corregido, se profundizó. A eso se suman haberes que quedaron muy por debajo del costo de vida, liquidaciones poco claras, francos imprevisibles y una presión cotidiana para sostener indicadores de gestión que, según denuncian los propios policías, no reflejan lo que realmente ocurre en la calle.
El resultado es un cóctel explosivo: cansancio crónico, estrés acumulado, endeudamiento y una creciente sensación de abandono institucional.
Rosario, el punto de quiebre
La protesta frente a la Jefatura rosarina marcó un antes y un después. Policías en actividad y retirados, familiares y vecinos se congregaron para visibilizar una crisis que ya no puede ocultarse. Allí se leyó un petitorio formal dirigido al gobernador, donde se habla explícitamente de una “gravedad institucional y humana” que impacta directamente en la calidad del servicio de seguridad pública.
Entre los reclamos centrales aparecen:
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recomposición salarial real, con un haber inicial al menos equivalente a la canasta básica;
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ordenamiento del régimen de guardias y descanso efectivo;
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implementación de una Tarjeta Alimentaria Policial para todo el personal;
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un programa específico de salud mental, con acceso confidencial y sin represalias;
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mejoras en transporte de larga distancia e infraestructura básica en dependencias.
La respuesta oficial, hasta ahora, fue el silencio. Hubo reuniones reservadas, pero ningún anuncio concreto. Ese hermetismo terminó de alimentar la organización desde abajo.
Santa Fe capital y el norte también se movilizan
El conflicto no quedó circunscripto a Rosario. En Santa Fe capital, efectivos de la Unidad Regional I, personal penitenciario y familiares realizaron concentraciones pacíficas en respaldo al reclamo. El mensaje fue claro: “lo de Rosario nos representa a todos”.
Pero el dato político más sensible es la expansión hacia el norte provincial. Vera, Tostado, Reconquista y San Javier sumaron convocatorias propias. Justamente desde esas regiones proviene buena parte del personal hoy destinado en el sur. Allí el malestar se vive doble: por las condiciones laborales y por el impacto directo en las economías familiares.
Las protestas se organizan sin uniformes, sin armas y sin afectar el servicio, pero con una consigna unificada: salarios dignos, condiciones humanas de trabajo y diálogo institucional.
Una señal de alerta para el poder político
La extensión territorial del reclamo expone algo más profundo que un conflicto salarial. Pone en evidencia el desgaste de un modelo de gestión que priorizó estadísticas y despliegue operativo, pero descuidó a las personas que sostienen ese sistema.
Mientras el Ejecutivo insiste en mostrar números, dentro de la fuerza hablan de salud mental quebrada, de compañeros que no dan más y de familias que ya no pueden sostener la incertidumbre. El suicidio del efectivo del norte fue el disparador, pero la crisis venía gestándose desde hace tiempo.
Hoy, la protesta dejó de ser sectorial. Es provincial. Y tiene un componente inédito: la participación activa de las familias.
La pregunta ya no es si el conflicto va a escalar. Eso está ocurriendo. La verdadera incógnita es si el gobierno abrirá una instancia real de diálogo o si apostará a dejar que el desgaste haga su trabajo.
Por ahora, el mensaje que baja desde Rosario, Santa Fe y el norte es uno solo: así no se puede seguir.
