La Justicia de Santa Fe dio un paso decisivo en una de las causas más graves de corrupción institucional de las últimas décadas. El ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, fue condenado a nueve años de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho y peculado de servicios, al comprobarse que recibió sobornos del empresario del juego clandestino Leonardo Peiti a cambio de protección judicial. La sentencia, dictada por un tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra, revela una trama de corrupción sistémica que durante años operó dentro del propio Ministerio Público de la Acusación (MPA), con ramificaciones en la política y vínculos directos con el senador peronista Armando Traferri, a quien el fallo menciona como pieza clave de la estructura criminal.
La condena no sólo consagra el derrumbe de un funcionario judicial que llegó a tener el control de todas las fiscalías de Rosario, sino que abre un terremoto político que golpea de lleno al corazón del poder santafesino. Lo que el fallo describe no es una serie de hechos aislados, sino un sistema de impunidad donde el dinero del juego ilegal lubricaba relaciones entre empresarios, fiscales y dirigentes, mientras la sociedad asistía al avance del delito sin respuestas institucionales.
Una estructura de poder y negocios ilegales
El tribunal dio por probado que entre 2017 y 2020 funcionó una asociación ilícita jerarquizada y estable, cuyo objetivo era garantizar impunidad y beneficios económicos a Peiti, operador del juego clandestino que buscaba consolidarse en el mercado de las apuestas online.
La red tenía tres patas definidas:
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La económica, encabezada por Peiti, quien recaudaba y distribuía el dinero.
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La judicial, integrada por Serjal, su adjunto Gustavo Ponce Asahad (ya condenado) y el empleado del MPA Nelson Ugolini, quienes filtraban información, desactivaban allanamientos y concentraban causas sensibles.
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La política, articulada —según el fallo— por el senador Armando Traferri, responsable de tender los vínculos con el poder y garantizar la cobertura política de la organización.
Los jueces establecieron que fue el propio Traferri quien presentó a Peiti ante Serjal y Ponce Asahad en una reunión realizada el 24 de abril de 2017, en las oficinas del MPA. Ese encuentro marcó el inicio de una relación corrupta que se mantuvo activa hasta la caída de Serjal, en 2020.
Filtraciones, sobornos y una resolución a medida
Entre los hechos más graves que probó la Justicia, se destaca la resolución 62/2018 firmada por Serjal, mediante la cual concentró en su fiscalía regional todas las causas por juego ilegal, desplazando a los fiscales que investigaban al empresario Peiti. El tribunal consideró que esa medida administrativa tuvo una única finalidad: proteger los intereses del empresario y desactivar investigaciones en curso.
La fiscal Marianela Luna, quien había iniciado causas por juego ilegal en Casilda, declaró en el juicio que sus allanamientos fracasaban misteriosamente por filtraciones de información. “Cuando avancé sin avisar, los procedimientos fueron positivos”, contó, describiendo con crudeza el funcionamiento interno de la red.
El fallo también documenta una serie de reuniones clandestinas entre Serjal, Ponce Asahad y Peiti en el bar Safyta de Rosario y en el hotel Etoile de Buenos Aires. En esta última, el fiscal regional usó vehículos oficiales, choferes y viáticos del MPA para concretar un encuentro que justificó como “viaje personal”, lo que derivó además en la condena por peculado de servicios.
La caída del castillo: del City Center a la cárcel
El andamiaje corrupto comenzó a derrumbarse en enero de 2020, tras el homicidio de Enrique Encino en el Casino City Center de Rosario. Aquella investigación permitió interceptar comunicaciones entre miembros de Los Monos y operadores del juego ilegal, donde se detectaron filtraciones directas desde el Ministerio Público.
El seguimiento de llamadas, las geolocalizaciones y los registros de cámaras de seguridad terminaron confirmando lo que parecía impensado: el máximo jefe de los fiscales rosarinos garantizaba impunidad a cambio de dinero.
En julio de ese año, cuando el escándalo era inminente, Serjal y su círculo más estrecho intentaron contener la crisis con reuniones de emergencia dentro del MPA. Pero ya era tarde: la evidencia era abrumadora. El 31 de julio de 2020, el caso se precipitó con allanamientos simultáneos y detenciones. Lo que siguió fue la destitución, el procesamiento y ahora, la condena.
Un fallo que apunta más alto
El veredicto no deja margen de duda: la red de corrupción tuvo vínculos políticos activos, y la figura del senador Armando Traferri aparece mencionada como “eje central” de la estructura. Según el testimonio del propio Peiti, el legislador recibió 200 mil dólares para financiar una campaña electoral y medió en gestiones para asegurarle protección judicial.
Sin embargo, Traferri no fue juzgado en este tramo del proceso debido a la protección de sus fueros parlamentarios. Durante años, el Senado provincial rechazó los pedidos de desafuero, impidiendo que avance el juicio oral. Ahora, con la condena de Serjal por el mismo delito —asociación ilícita—, el cerco judicial se cierra sobre el legislador, cuya situación podría reactivarse en los próximos meses.
La sentencia también convalida la actuación de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes iniciaron la investigación y fueron cuestionados políticamente por el entorno de Traferri. Los jueces rechazaron de plano las acusaciones contra ellos y destacaron que no hubo irregularidades en el procedimiento, desarmando el relato de persecución política que durante años intentó instalarse.
Impacto institucional y político
La condena a Serjal marca un punto de inflexión en la historia reciente de la Justicia santafesina. Por primera vez, un ex jefe de fiscales —figura máxima del Ministerio Público en Rosario— es condenado con prisión efectiva por delitos vinculados a la corrupción.
Pero el eco del fallo va mucho más allá de los tribunales. El caso pone bajo la lupa el sistema de control interno del MPA, cuestiona la falta de límites entre justicia y política, y reaviva un debate incómodo: ¿cómo se garantiza independencia judicial en una estructura donde los fiscales pueden ser capturados por intereses partidarios o económicos?
En la Casa Gris, donde el gobernador Maximiliano Pullaro impulsa una reforma judicial profunda, el fallo es observado con atención. En la Legislatura, la presión para revisar los fueros de Traferri crece, y en el peronismo santafesino se multiplican las tensiones internas.
“La sentencia deja en evidencia un daño institucional profundo”, reconoció un dirigente oficialista en reserva, mientras otro admitió que “si no se avanza con los responsables políticos, el mensaje a la sociedad será de impunidad selectiva”.
Un espejo para toda la dirigencia
El caso Serjal no es sólo una historia de corrupción individual: es un espejo incómodo para la clase política y judicial de Santa Fe. Muestra cómo, en los bordes donde se cruzan poder, dinero y silencio, la justicia puede convertirse en cómplice del delito.
Hoy, la Justicia hizo su parte: condenó, nombró y documentó. Ahora la responsabilidad recae sobre la política. El Senado deberá definir si elige proteger a uno de los suyos o permitir que la causa avance hasta el final.
Si algo quedó claro con este fallo es que la impunidad no se desarma a medias. Y que el verdadero desafío para Santa Fe no está sólo en castigar el pasado, sino en garantizar que no se repita.
