La policía de Santa Fe está terminando el año en una crisis profunda y multidimensional, que ya no puede explicarse ni minimizarse con estadísticas oficiales ni con discursos de ocasión. Se trata de un colapso estructural, salarial y humano, probablemente el más grave desde el retorno de la democracia, que expone con crudeza las consecuencias del ajuste aplicado por el gobierno de Maximiliano Pullaro sobre el conjunto de los trabajadores del Estado, y que en el caso de las fuerzas de seguridad adquiere ribetes dramáticos.
Durante los últimos dos años, el Ejecutivo provincial impulsó un programa de ajuste severo que impactó de lleno en docentes, personal de salud, empleados públicos y, también, en la policía. En el caso de la fuerza, el deterioro no se limita a la pérdida del poder adquisitivo —que distintas estimaciones ubican cerca del 20 por ciento real— sino que se extiende a condiciones laborales degradadas, recortes operativos, falta de personal, abandono edilicio y una crisis de salud mental que ya encendió todas las alarmas.
Lejos de tratarse de hechos aislados, los síntomas se acumulan y dibujan un escenario que distintos actores describen como una olla a presión, mientras el Ministerio de Seguridad insiste en mostrar números que no coinciden con la percepción cotidiana de la calle ni con la realidad interna de la fuerza.
Salarios a la baja y recortes que impactan en la operatividad
El deterioro salarial es uno de los ejes centrales del conflicto. Los sueldos policiales quedaron muy por detrás de la inflación real, obligando a miles de efectivos a recargar horas, realizar servicios adicionales o sostener jornadas extenuantes para poder cubrir gastos básicos. Este estrés financiero permanente no solo afecta la economía familiar, sino que se traduce en agotamiento físico y mental.
A esto se suman recortes directos en recursos esenciales: fondos insuficientes para indumentaria, municiones, combustible para móviles y mantenimiento de vehículos. En muchas dependencias, los patrulleros circulan con lo justo y los agentes deben administrar la escasez en tareas que requieren presencia constante y respuesta inmediata.
Edificios deteriorados y falta de personal crítico
Las condiciones edilicias son otro capítulo crítico. Comisarías y destacamentos con instalaciones precarias, falta de agua, problemas eléctricos, garitas sin vidrios ni climatización y espacios que apenas pueden ser habitados forman parte del paisaje cotidiano de la fuerza, especialmente en el interior provincial.
El déficit de personal agrava aún más el cuadro. En el norte santafesino, hay zonas donde la dotación alcanza apenas el 50 por ciento de lo necesario, lo que obliga a cubrir turnos con menos efectivos, sobrecargando a quienes permanecen en servicio y debilitando la capacidad de prevención.
Licencias médicas: la protesta silenciosa
En este contexto, el récord histórico de licencias médicas se convirtió en la forma de protesta más silenciosa y extendida de las últimas décadas. Sin derecho a sindicalización ni a reclamo público —bajo amenaza de sanciones administrativas y causas penales—, muchos policías encontraron en la carpeta médica el último resguardo posible frente al desgaste extremo.
La fuerte concurrencia registrada en Medicina Legal en Santa Fe, con largas filas de efectivos tramitando evaluaciones, refleja un fenómeno que no responde a casualidades individuales, sino a un clima laboral asfixiante y sin canales reales de diálogo.
Suicidios y salud mental: la alarma que nadie quiso escuchar
El aspecto más doloroso y urgente de esta crisis es el vinculado a la salud mental. Hace meses, la diputada provincial Natalia Armas Belavi advirtió públicamente que el gobierno radical no estaba abordando el aumento de suicidios en las fuerzas de seguridad y que el fenómeno no podía reducirse a una estadística. Lejos de revertirse, los casos se acumularon.
La organización APROPOL denunció los dos últimos suicidios ocurridos en los días previos a Navidad, entre ellos el del agente penitenciario Enrique Carranza, y el del suboficial Bruno Escobar, de apenas 25 años. Ambos casos se suman a una secuencia que ya muestra patrones reiterados: jornadas excesivas, salarios insuficientes, presión jerárquica, maltrato institucional, condiciones materiales indignas y ausencia real de dispositivos de contención psicológica.
Las redes sociales, lejos de ser “morbo”, funcionan como una radiografía brutal del deterioro, donde compañeros y allegados describen una vida laboral que se volvió un factor de riesgo.
Prevención convertida en trámite y un Estado que no responde
Desde APROPOL se solicitaron datos oficiales para dimensionar el fenómeno, evaluar políticas y proponer soluciones. La respuesta fue el silencio. No hay estadísticas públicas consolidadas, no hay protocolos transparentes, no hay auditorías serias sobre cargas horarias ni condiciones de trabajo.
Tampoco se activan los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo, previstos por la Ley 12.913, que permitirían detectar riesgos psicosociales y prevenir tragedias. La negativa a ponerlos en funcionamiento revela una decisión política: no escuchar.
Un ministerio blindado por la política
En el último gobierno peronista, el mal manejo del Ministerio de Seguridad provocó la salida de cuatro funcionarios. En la gestión actual, pese a que los problemas son más profundos y visibles, la conducción política permanece intacta. La relación personal y política entre Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni funciona como un blindaje, incluso cuando la crisis se agrava.
Mientras tanto, se siguen difundiendo estadísticas que no coinciden con la experiencia cotidiana de los ciudadanos ni de los propios efectivos, alimentando la desconfianza y el malestar interno.
No es un caso aislado, es un sistema que desgasta
La crisis de la policía santafesina no puede explicarse como una suma de tragedias individuales. Es el resultado de un modelo de gestión que ajusta, ordena hacia abajo y gobierna sin escucha. Sin salarios dignos, sin recursos, sin prevención real y sin canales de participación, la seguridad pública se construye sobre una base frágil.
La pregunta ya no es retórica: ¿Cuántas muertes más serán necesarias para que el Estado asuma su responsabilidad?
Porque en Santa Fe, el silencio también mata.
